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Política

Discuten cómo evitar la toma de posesión de EPN

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Unas 300 organizaciones civiles planean evitar la toma de protesta del priísta Enrique Peña Nieto a la Presidencia de México el próximo 1 de diciembre, a través de tomas de plazas cívicas, del Congreso y un paro cívico laboral.

Durante la Convención Nacional Contra la Imposición, en la que participaron representantes de organizaciones como el movimiento #YoSoy132, el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) e integrantes de la comunidad de Cherán, se discute un plan de acción durante los próximos 6 meses para evitar que Peña Nieto ocupe la silla presidencial.

Debido a que el 1 de septiembre es la toma de protesta en el Congreso de la Nación, se ha planeado una movilización masiva del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hacia la Cámara de Diputados en San Lázaro.

El 6 de septiembre, día en el que termina el plazo para el desconocimiento legal del próximo gobierno, se acordó una “jornada nacional de lucha” con levantamiento de plumas en carreteras, tomas de plazas públicas y actividades culturales.

El 15 y 16 de septiembre se tomarán las plazas públicas al grito de “¡Viva México sin PRI!”. Para el 2 de octubre se planteó un paro nacional de universidades.

El día en que Peña Nieto tome posesión del cargo de Presidente de la República, se acordó evitarlo a través de levantamiento de plumas en las carreteras, un cerco a la Cámara de Diputados y un paro cívico nacional.

En la Convención Contra la Imposición, celebrada en San Salvador Atenco, Estado de México, discutió un plan y un pronunciamiento político respecto a lo que han determinado como imposición electoral, la organización misma de esta agrupación de organizaciones no gubernamentales (ONG) y el programa de actividades y manifestaciones.

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Chihuahua

Militantes del PAN analizan solicitar expulsión de Fernanda Martínez

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En grupos de Facebook y WhatsApp integrados por militantes del Partido Acción Nacional (PAN), especialmente entre miembros del Consejo Estatal, comenzó a circular la posibilidad de presentar una solicitud formal para la expulsión de Fernanda Martínez, directora del Instituto Chihuahuense de la Juventud, tras señalamientos por una presunta conducta considerada irrespetuosa hacia otros integrantes del partido.

De acuerdo con versiones difundidas en esos espacios internos, diversos panistas han planteado que la Comisión de Honor y Justicia del PAN intervenga para revisar el caso y, en su caso, determine las sanciones que correspondan conforme a la normatividad interna.

Entre los argumentos expuestos por los militantes se encuentra que el reglamento del partido contempla medidas disciplinarias para conductas que atenten contra el respeto, la disciplina y la convivencia entre sus integrantes, por lo que algunos consideran que el asunto podría derivar en un procedimiento de expulsión.

Asimismo, abogados con experiencia en materia electoral habrían señalado que la denuncia de un solo militante sería suficiente para activar un procedimiento disciplinario ante la Comisión de Honor y Justicia, siempre que existan elementos para iniciar el análisis del caso.

Además del proceso interno partidista, también se ha mencionado la posibilidad de promover una acción ante la Secretaría de la Función Pública, bajo el argumento de un presunto uso de recursos públicos u oficiales para favorecer políticamente a un aspirante o candidato. De comprobarse esa situación, podría iniciarse una revisión administrativa independiente del procedimiento interno del PAN.

Hasta el momento, la discusión permanece en redes sociales y grupos internos de militantes, sin que se haya confirmado de manera pública la presentación de una denuncia formal ante la Comisión de Honor y Justicia del partido.

Se espera conocer si alguno de los militantes inconformes presenta formalmente la queja o si la dirigencia estatal del PAN emite un posicionamiento sobre el tema.

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