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Disfrazados de médicos, ingresaron al IMSS de Ciudad Juárez y remataron a un paciente

Dos presuntos sicarios se disfrazaron de enfermeros para ingresar al cuarto piso del Hospital General Zona 35 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Ciudad Juárez, y rematar a un herido de bala que ingresó grave el pasado 17 de diciembre.

Jorge Nava López, titular de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, informó del ataque con arma de fuego dentro del hospital y dijo que todavía analizan las grabaciones de las cámaras de seguridad.

La víctima que fue asesinada al interior del hospital fue identificada como Héctor Antonio Ramírez, de 36 años de edad, quien había sido agredido a balazos el pasado 17 de diciembre en la colonia Revolución Mexicana. Los sicarios lo ultimaron esta mañana con un tiro en la cabeza.

Nava López detalló que el sicario que disparó no actuó solo y estuvo acompañado por otro hombre que también logró entrar al cuarto piso del hospital, además una tercera persona se quedó esperando afuera de la clínica, según las primeras investigaciones.

La Oficina de Representación Chihuahua del IMSS emitió un boletín de prensa en el que confirmó los hechos registrados la mañana de este 29 de diciembre al interior del Hospital General de Zona 35, en Ciudad Juárez. “Se lamenta esta situación y el IMSS ha hecho todo lo necesario para resguardar la integridad física de los demás pacientes y trabajadores del turno, quienes se encuentran a salvo”.

El IMSS coadyuvará con las autoridades correspondientes en la indagatoria que se lleve a cabo para esclarecer los hechos y el hospital fue resguardado por elementos de la Guardia Nacional, de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y la Fiscalía General del Estado.

La consulta externa fue suspendida momentáneamente, en tanto que la atención hospitalaria continuó de manera normal.

Ciudad Juárez es la franja fronteriza por la que entra más droga a Estados Unidos. En la urbe, se han vivido episodios reiterados de espanto a causa del narcotráfico. En 2007, la guerra estalló en dicha región cuando el Cártel de Sinaloa, entonces encabezado por Joaquín El Chapo Guzmán, empezó una batalla contra el Cártel de Juárez para apoderarse de la zona.

Después de operar ocho años como penal federal, el Centro Federal de Readaptación Social número 9 “Norte” , ubicado en Ciudad Juárez, Chihuahua, dejó de funcionar; Según el acuerdo publicado este domingo en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Desde muy temprano, este domingo comenzaron a trasladar a los aproximadamente 400 internos a penales de Nayarit, Jalisco, Querétaro, según han declarado los familiares. La Guardia Nacional llevó a cabo el operativo.

Las instalaciones quedarán desincorporadas del sistema penitenciario federal y el gobierno de Chihuahua las utilizará para el proyecto denominado Cereso Productivo, según dijeron autoridades.

La desincorporación federal se decidió luego de que se determinara que no cumplía los requisitos de una penitenciaría para albergar presos de peligrosidad, ya que el diseño original no fue hecho bajo las condiciones propias para un Cefereso, según personal de esa cárcel.

El Chapo fue trasladado a dicha cárcel de manera sorpresiva el 7 de mayo de 2016. Tras su segunda recaptura el 8 de enero de ese mismo año, y una vez que fue confinado nuevamente en el penal del Altiplano en Almoloya de Juárez, en el Estado de México, de donde se había fugado seis meses antes, Joaquín “El Chapo” Guzmán ya tenía un plan estructurado para protagonizar una tercera fuga a través de otro túnel.

Fuente: Infobae

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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