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Disminuye sequía 70% de la producción de frijol

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Por efectos de la sequía, el año pasado cayó la producción nacional de frijol en 70 por ciento, informó Gerardo Sánchez García, diputado y líder de la Confederación Nacional Campesina, quien insistió hoy en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión en la urgencia de que el Gobierno Federal un apoyo extraordinario por 15 mil millones de pesos a los productores agropecuarios afectados por el cambio climático.

Al presentar un punto de acuerdo de “obvia y urgente resolución”, el legislador destacó que el apoyo fue aprobado desde el pasado 30 de abril por la Cámara de Diputados y cuenta con el respaldo de los gobernadores de los estados dañados.

El dirigente de la CNC indicó también que las pérdidas causadas por la sequía y las heladas tempranas no coinciden con las cifras que maneja la Secretaría de Agricultura, que minimiza, como es el caso del frijol, al sostener que son del orden del 50 por ciento. De cualquier forma, sostuvo, tan sólo en esta rama de producción las pérdidas ascienden a más de 6 mil millones de pesos.

“Los daños han sido cuantiosos y a pesar de los anuncios del gobierno federal de apoyos ordinarios por 34 mil millones de pesos para resarcir la deteriorada economía campesina, se ha frenado el flujo de dinero fresco y los programas para la reactivación agrícola han quedado como una simple promesa incumplida del presidente de la República.

Sánchez García recibió un informe del dirigente de la Unión Nacional de Productores de Frijol, José Castillo Reynosa, donde informó que en los dos ciclos agrícolas de 2011 solamente se obtuvieron cosechas por 400 mil toneladas, de un promedio anual esperado de un millón 100 mil toneladas.

El dirigente de la CNC dijo al respecto que en el campo los factores de la producción exigen el flujo inmediato de recursos, porque el tiempo y el clima no esperan. “Esto lo deben entender las dependencias federales que sirven al agro, pues si hay siniestros es necesario canalizar nuevos recursos para los siguientes ciclos, sobre todo que los fertilizantes, las semillas y preparación de tierras han aumentado los costos financieros”, expresó.

El diputado por Guanajuato donde los daños por la sequía comprenden más de 300 mil hectáreas, aseguró que la pobreza que enfrentan los productores del campo debe acreditarse a lo pasmoso de las instituciones gubernamentales.

Por su parte, Castillo Reynosa afirmó que el monto de daños por 6 mil millones de pesos no ha sido reconocido por los órganos del gobierno federal responsables de los apoyos a la producción del campo, como son las secretarías de Hacienda, Agricultura, Desarrollo Social y Economía, en particular a lo que se refieren los programas emergentes, detenidos por la llamada veda de las campañas políticas.

Las expectativas para el presente año en producción de frijol, apuntó, indican una ligera recuperación de las cosechas durante el ciclo de primavera – verano, siempre y cuando llueva a tiempo, en tanto que en el ciclo de invierno, la escasez de agua en presas limitó el desarrollo del cultivo.

Durante la década de 1990 – 2000, se tenía una demanda de frijol del orden de un millón 200 mil toneladas anuales, en tanto que, en los últimos diez años, se estableció en un millón de toneladas. Esta baja se debió a otras opciones alimenticias, como proteínas de origen animal, en particular huevo y carne de pollo.

Invariablemente, añadió, los productores de frijol se oponen a las importaciones de la leguminosa, porque afectan el proceso de comercialización, sobre todo porque las compras en el exterior las realiza el gobierno o empresas privadas en coincidencia con las cosechas nacionales. Esto ha ocurrido para el caso de los productores de frijol de Nayarit y otras entidades.

Se estima que alrededor de 2.6 millones de productores de 28 entidades federativas, dependen de la producción de frijol en alguna forma, mientras que alrededor de 500 mil personas más normalmente cuentan con empleo en los procesos de envasado, distribución, transporte y comercialización del alimento.

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México

Hacienda asegura que ajuste al IEPS no elevará el precio de las gasolinas

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La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en coordinación con la Secretaría de Energía, aseguró que la actualización al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios no provocará incrementos en el precio final de los combustibles a partir del 1 de enero. Las dependencias federales señalaron que el ajuste anual por inflación, previsto en la ley, será absorbido sin afectar a los consumidores, por lo que se mantendrá la estabilidad en las estaciones de servicio del país.

De acuerdo con la información oficial, esta decisión se sustenta en la estrategia nacional para estabilizar el precio de la gasolina, vigente desde marzo de este año. El esquema contempla un acuerdo voluntario con empresarios del sector para establecer un tope máximo de 24 pesos por litro en la gasolina regular, conocida como magna o de menor a 91 octanos. El objetivo es evitar que las variaciones en los mercados internacionales de hidrocarburos impacten en la economía de las familias.

Las autoridades indicaron que el compromiso se mantendrá pese a la actualización del IEPS, por lo que el precio en bomba no deberá registrar cambios significativos al inicio de 2026. La administración federal subrayó que este mecanismo forma parte de una política para preservar la estabilidad económica y contener presiones inflacionarias en los energéticos.

En las cuotas publicadas en el Diario Oficial de la Federación se establece que el impuesto para la gasolina magna será de 6.70 pesos por litro, mientras que para la gasolina premium se fijó en 5.65 pesos y para el diésel en 7.36 pesos por litro. Hacienda precisó que estos montos responden únicamente a un ajuste técnico por inflación y no modifican los términos del acuerdo con los distribuidores de combustibles.

El gobierno federal informó que dará seguimiento puntual a los precios finales para verificar que se respete el tope acordado en las estaciones de servicio. Con ello, se busca despejar dudas sobre posibles aumentos al cierre de año y garantizar que el ajuste fiscal no se traduzca en un alza para los consumidores. Asimismo, se reiteró que cualquier cobro que supere los límites establecidos puede ser reportado ante la Procuraduría Federal del Consumidor.

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