El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó hoy su decisión de sacar a su país del Acuerdo climático de París, tal y como prometió en campaña electoral y rompiendo el compromiso firmado por su antecesor, Barack Obama, con casi 200 países.

Destinado a sustituir en 2020 al Protocolo de Kioto, el Acuerdo tiene como objetivo «mantener la temperatura media mundial por debajo de dos grados centígrados respecto a los niveles preindustriales».

No obstante, el texto recoge que los países se comprometen a llevar a cabo «todos los esfuerzos necesarios» para que no se rebasen los 1,5 grados y evitar así «los impactos más catastróficos del cambio climático».

Se da la circunstancia de que por primer vez, el Acuerdo de París ha hecho coincidir a los países más contaminantes y a los más vulnerables.

El Acuerdo de París, en vigor desde el 4 de noviembre de 2016, es el primero global contra el cambio climático.

Para su efectividad era necesario la ratificación del mismo por parte de al menos 55 países representantes del 55% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero.

Esa meta se alcanzó el pasado 5 de octubre, cuando la Unión Europea (UE), que representa el 12% de las emisiones, hizo entrega de los documentos de ratificación del Acuerdo en la sede de la ONU. Hasta ese momento, los 61 países que ya lo habían ratificado sumaban el 47,7% de las emanaciones globales.

Firmado el pasado 22 de abril como primer paso hacia la ratificación, el Acuerdo de París fue adoptado el 12 de diciembre de 2015 en la capital francesa por los 195 países signatarios de la Convención Marco de la ONU sobre cambio climático y la Unión Europea, en el transcurso de la 21 Conferencia de las Partes (COP21).

El Protocolo de Kioto de 1997 estableció objetivos de emisiones solo para países desarrollados, una de las razones por las que Estados Unidos decidió no participar en ese pacto, que está en vigor desde 2005.

El Acuerdo de París es legalmente vinculante en su conjunto, no lo es sin embargo en buena parte de su desarrollo y tampoco lo es en los objetivos nacionales de reducción de emisiones.

Su fuerza reside en el mecanismo con el que periódicamente deben revisarse los compromisos de cada país y esto sí es jurídicamente vinculante.

Cada país está obligado a rendir cuentas de su cumplimiento, y a renovar sus contribuciones al alza cada cinco años. Los estados que quieran, pueden usar mecanismos de mercado (compraventa de emisiones) para cumplir los objetivos de emisión.

MVS