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México

Donará Senado 250 millones de pesos para insumos médicos ante Covid-19

El senador por Morena, Cruz Pérez Cuéllar, informó que fue aprobado en la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), el acuerdo de austeridad y solidaridad propuesto la semana pasada, mediante el cual el Senado de la República aportará 250 millones de pesos para enfrentar la pandemia COVID-19.

Lo anterior, luego de la segunda reunión virtual de la JUCOPO, encabezada por el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, en la que de manera unánime se aprobó el plan de austeridad, que no afectará las percepciones de los trabajadores pero sí a toda la función del Poder Legislativo, a tal grado de que no se realizarán ni siquiera remodelaciones mínimas este año.

Explicó el senador Pérez Cuéllar, que este recurso se entregará al Consejo de Salubridad General, pero con vigilancia de la JUCOPO, para inspeccionar que se aplique a medicamentos, instrumentos, batas, mascarillas, respiradores; y se verá la posibilidad de que se redistribuya a través de los gobiernos estatales.

Detalló el legislador chihuahuense que también se logró un acuerdo para que se respete y se genere la pluralidad en la comisión COVID-19, de tal manera que las reuniones se lleven acabo con el mayor cuidado posible pero en unidad, con la participación de las distintas fuerzas políticas representadas en la cámara alta.

De la misma manera, se condenaron de forma unánime las agresiones que ha sufrido recientemente el personal médico en el país y se acordó emitir un pronunciamiento público a favor del sector salud nacional.

Además, indicó que se busca que el Senado de la República acompañe de buena fe al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y a las instituciones, para que juntos enfrentemos esta pandemia que se ha convertido en un inconveniente de grandes dimensiones.

Para finalizar, el senador Pérez Cuéllar subrayó que fueron grandes acuerdos los logrados en la JUCOPO, con la participación de las distintas fracciones parlamentarias, que dan muestra de un gesto de solidaridad para con los enfermos, sus familiares, así como para quienes han padecido ya la ausencia de sus seres queridos a causa del coronavirus.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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