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Dos días de nuevas protestas en Irak causan 63 muertos

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Miles de personas se echaron hoy a las calles de Irak por segundo día consecutivo para pedir más servicios básicos y oportunidades de trabajo, a pesar de que los enfrentamientos registrados con las fuerzas de seguridad desde el viernes han causado ya 63 muertos y casi 2.600 heridos.

A última hora de la tarde local, las autoridades cortaron la luz a los que se concentraban en la plaza Tahrir de Bagdad y sus alrededores, donde también actuaron los antidisturbios para desmantelar las carpas en las que los manifestantes pensaban pasar su segunda noche de acampada a la intemperie.
La intervención de esas fuerzas ha causado alrededor de una treintena de heridos, indicó a Efe una fuente del Ministerio de Interior que pidió el anonimato.

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El balance de fallecidos desde el inicio de la nueva oleada de protestas el viernes se eleva ya a 63 y el de heridos a 2.592, de los que la mitad se produjeron en la capital, según un comunicado del miembro de la gubernamental Comisión de Derechos Humanos de Irak Ali al Bayati.

Sólo en Bagdad se registraron una decena de decesos en los dos últimos días.

Se trata de la reanudación de las protestas registradas a principios de octubre para pedir servicios básicos y más empleo, además de condenar la corrupción, y en las que murieron 157 personas, la mayoría a causa de la represión policial.

La principal concentración en la capital tiene lugar en la céntrica Tahrir, donde hoy miles de personas, en su mayoría jóvenes y entre ellos varias decenas de mujeres, ondearon banderas iraquíes y corearon lemas contra la corrupción como «Todos son ladrones».

Según pudo constatar Efe, los participantes se repartían por la plaza, las calles adyacentes y las inmediaciones del puente Al Yumhuriya, que une Tahrir con la fortificada Zona Verde, en la que se ubican edificios gubernamentales y embajadas.

Excelsior

Nota Principal

Trump anuncia nuevos aranceles del 10% tras fallo de la Corte Suprema que anuló sus gravámenes globales

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que firmará una orden ejecutiva para imponer un arancel global del 10% durante 150 días, luego de que la Corte Suprema anulara los gravámenes generalizados que su administración había implementado desde su regreso a la presidencia.
La medida se ampara en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que faculta al mandatario a imponer restricciones temporales de importación de hasta el 15% ante situaciones de «problemas graves y significativos» de balanza de pagos, sin requerir investigaciones adicionales. Trump precisó que estos nuevos aranceles se sumarán a los ya vigentes.
El anuncio llegó horas después de que el máximo tribunal del país determinara, por seis votos contra tres, que la administración sobrepasó sus atribuciones al aplicar aranceles globales bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977. El fallo establece que la Constitución reserva ese tipo de potestad al Congreso, no al Ejecutivo.
Trump calificó la sentencia de «profundamente decepcionante» y señaló sentirse «absolutamente avergonzado» por la decisión de los magistrados que votaron en su contra. Sugirió que el tribunal fue influenciado por «intereses extranjeros» y agradeció explícitamente a los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh, quienes votaron en disenso.
Entre las medidas afectadas por el fallo se encuentran la tarifa base del 10% a las importaciones, los gravámenes recíprocos contra socios comerciales, los aranceles adicionales del 25% a México y Canadá vinculados al control del tráfico de drogas, la eliminación de la exención para envíos de bajo valor con impacto en comercio electrónico, y aumentos de hasta el 50% sobre productos de Brasil e India. Según Trump, el dictamen podría obligar al gobierno a reembolsar hasta 240,000 millones de dólares recaudados mediante los gravámenes anulados.
El mandatario informó además que su gobierno ha iniciado investigaciones sobre prácticas comerciales desleales bajo el Artículo 301, aunque este tipo de procesos suele requerir varios meses para concluirse. Trump reiteró que su administración continuará explorando todas las herramientas legales disponibles para proteger la economía estadounidense.

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