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Durango regresa a semáforo rojo por aumento de casos Covid-19

José Rosas Aispuro, gobernador de Durango, informó esta tarde que el estado regresa a semáforo rojo debido al aumento de casos positivos de Covid-19 y de positividad en pruebas realizadas, así como una mayor demanda hospitalaria y el crecimiento en la velocidad de contagios y muertes.

El gobernador de Durango resaltó que la aplicación del semáforo epidemiológico, ahora en color rojo, iniciará este martes y continuará cuando menos hasta el martes 17 de noviembre.

Por lo anterior, el gobierno de Durango aplica las siguientes medidas:

Se prohíbe la venta de bebidas alcohólicas en cualquier modalidad.

Se permitirán únicamente las actividades económicas esenciales como son las del sector automotriz, minero, forestal, energético y de la construcción.

Supermercados, farmacias, bancos, restaurantes, puestos de comida (sólo para llevar) y hoteles operarán con aforo restringido.

El gobierno del estado establecerá guardias en todas sus dependencias, el personal que no labore deberá permanecer en sus domicilios, de lo contrario habrá sanciones que pudieran llegar a la recisión de la relación laboral.

Los templos religiosos permanecerán cerrados, por consiguiente no habrán bodas, bautizos y confirmaciones; los matrimonio civiles permanecerán suspendidos.

Se aplicarán sanciones severas a quienes realicen fiestas en domicilios particulares y salones de fiesta.

El transporte público seguirá operando sólo con el 50 por ciento de su capacidad y con protocolos muy estrictos de sanitización para garantizar que no haya contagios en el transporte y en el caso de taxis y vehículos particulares no podrán trasladarse más de tres personas incluido el conductor.

Se restringirá la movilidad de las 10 de la noche a la 5 de la mañana y se fortalecerán los operativos antialcohol en coordinación con los ayuntamientos del estado.

Las plazas públicas y áreas recreativas como gimnasios, albercas y centros deportivos estarán cerrados al público.

El gobernador resaltó que el uso del cubrebocas y el mantener la sana distancia; así como las medidas de protección en higiene personal serán un instrumento muy importante que disminuirá los contagios en la entidad.

“Hago un llamado nuevamente a la sociedad para que nos solidaricemos entre nosotros para que apoyemos al personal médico, que como lo dije al principio, está cansado, está desgastado y requiere de nuestro apoyo para que ellos sigan atendiendo la salud de todos los duranguenses”, comentó.

Fuente: Excelsior

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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