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Ebrard impulsa una postura unificada de México rumbo a la revisión del T-MEC

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La Secretaría de Economía busca consolidar una posición nacional sólida y consensuada de cara a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), prevista para 2026. El titular de la dependencia, Marcelo Ebrard, afirmó que el objetivo es llegar a las negociaciones con una estrategia “lo más cohesionada posible” que refleje las prioridades de todos los sectores productivos del país.

“Tenemos que tener al final una posición lo más cohesionada posible en nuestras negociaciones con los Estados Unidos, en lo que es la revisión del tratado”, expresó Ebrard en un comunicado difundido este domingo. Explicó que, por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, se realizan consultas con empresarios, trabajadores y representantes estatales para recoger opiniones y definir una postura nacional amplia.

Durante la última semana, la Secretaría de Economía llevó a cabo nueve mesas de trabajo sectoriales con representantes de las industrias de tecnología, servicios profesionales, agroindustria, vehículos ligeros, metalmecánica, economía circular, aeroespacial, calzado, textil, cemento, vidrio y cerámica. Además, se realizaron ocho mesas estatales en Coahuila, Oaxaca, Aguascalientes, Sonora, Tabasco, Hidalgo, Michoacán y Tamaulipas, con el propósito de recabar propuestas y preocupaciones de los principales actores económicos del país.

“En los 32 estados del país estamos recogiendo el punto de vista, las prioridades y las preocupaciones de los sectores productivos. Estamos trabajando con 30 sectores de la economía y, por primera vez, consultando también al sector obrero”, destacó el funcionario.

Ebrard recordó que la revisión del T-MEC avanza de manera coordinada con Estados Unidos y Canadá, con el propósito de reducir el impacto de los aranceles unilaterales aplicados por Washington en medio de la actual guerra comercial global impulsada por el presidente estadounidense, Donald Trump.

El T-MEC, firmado en 2018 durante el primer mandato de Trump y en vigor desde el 1 de julio de 2020, reemplazó al antiguo Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Ahora, México busca que su próxima revisión refuerce la integración económica regional, proteja la competitividad de las industrias nacionales y fortalezca las condiciones laborales en el marco de una estrategia conjunta con sus socios comerciales.

México

INE estima gasto operativo de casi 4 mil millones para 2027

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El Instituto Nacional Electoral (INE) proyectó un gasto operativo de 3 mil 948 millones 471 mil 536 pesos para el ejercicio fiscal de 2027, monto que será incorporado al Anteproyecto de Presupuesto del organismo de cara al próximo proceso electoral federal.

La estimación fue elaborada a partir de un análisis metodológico sustentado en el comportamiento histórico registrado entre 2023 y 2025, bajo los lineamientos aprobados por la Comisión Temporal del Presupuesto del instituto.

De acuerdo con la distribución prevista, las oficinas centrales concentrarán la mayor parte de los recursos, con una asignación de 2 mil 380 millones 841 mil 144 pesos. Por su parte, las juntas locales y distritales ejecutivas contarán con mil 567 millones 630 mil 392 pesos para sus operaciones.

El organismo electoral precisó que esta proyección tiene como objetivo garantizar los recursos necesarios para el funcionamiento ordinario del instituto durante el año en que se desarrollarán las elecciones federales.

El cálculo presupuestal excluye diversos conceptos que forman parte de otros rubros de gasto. Entre ellos se encuentran los servicios personales, la Cartera Institucional de Proyectos, las prerrogativas destinadas a los partidos políticos nacionales y el denominado presupuesto precautorio.

Con esta previsión financiera, el INE busca establecer una base presupuestaria para la organización y operación del proceso electoral de 2027.

Por otra parte, la consejera presidenta del instituto, Guadalupe Taddei Zavala, señaló el pasado 25 de mayo que el organismo carece de facultades ministeriales y judiciales para investigar posibles vínculos entre candidatos y grupos del crimen organizado.

Ante la propuesta de crear una Comisión de Verificación de Integridad para las elecciones de 2027, la funcionaria planteó que la legislación defina con precisión las responsabilidades de cada institución involucrada. Asimismo, propuso que la verificación de antecedentes penales, financieros y de seguridad nacional sea realizada por instancias especializadas del Estado mexicano.

Según lo expuesto, el INE se limitaría a recibir los registros de los partidos políticos, remitir los expedientes a las dependencias competentes y notificar si existe algún impedimento legal para una candidatura.

Hasta el momento, la propuesta relacionada con la verificación de integridad de aspirantes continúa en discusión.

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