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“Échale la culpa al PRI”: el inoportuno mensaje del partido tricolor

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) publicó desde Twitter un video que lleva como título “Échale la culpa al PRI”, con el fin de mostrar que gran parte de las políticas públicas de México han sido creadas por el partido tricolor. Esto, a su vez, coincidió con la detención de Emilio Lozoya.

Había rumores sobre la detención de quien fue director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), en el sexenio de Peña Nieto, en Málaga. No había datos precisos hasta que el fiscal Alejandro Gertz Manero lo confirmó.

En redes sociales se difundió un video con el hashtag “Échale la culpa al PRI”, en donde se aprecia a Alejandro Moreno Cárdenas, dando un mensaje sobre las supuestas acusaciones y señalamientos que le han dado al partido.

“Muchos dicen que el PRI es culpable de todo, y en algo tienen razón” publicó en su red social el presidente del partido, pues según el video, ellos afirman que son culpables de brindar educación gratuita, haber creado el seguro social, de que trabajadores tengan casa propia, dar luz y transporte público.
Hoy en día, Alejandro Moreno Cárdenas es el presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, pero ha sido diputado, senador y gobernador.

En 1991 comenzó su actividad como militante de este partido político y fue en 2003 cuando empezó su vida legislativa. Hasta que en el 2015 fue electo a gobernador de Campeche.

Este video y la noticia de la detención del ex director de Pemex se dieron a conocer esta mañana, pero resultó ser una mala coincidencia para los militantes del PRI porque algunos personajes de este partido y vinculados al ex presidente Enrique Peña Nieto están presos.

Con el arresto este miércoles del ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, se va cerrando el círculo en torno al ex presidente mexicano Enrique Peña Nieto. Y es que sus más cercanos colaboradores (acusados ante la justicia de varios delitos que derivan en el desvío de recursos), han comenzado a revelar que el mandatario estaba enterado e incluso fue partícipe de la corrupción y del saqueo en varias dependencias de gobierno.

Rosario Robles Berlanga, ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) está vinculada con el caso de corrupción conocido como La Estafa Maestra, a través del cual diferentes dependencias del gobierno de Peña Nieto habrían desviado 7.670 millones de pesos (USD 403 millones).

Fue durante la segunda audiencia en el Reclusorio Sur del 12 de agosto de 2019, cuando Robles Berlanga aseguró que tanto el ex presidente Enrique Peña Nieto como el ex secretario de Hacienda y candidato presidencial, José Antonio Meade Kuribreña, estaban al tanto de las irregularidades en la Sedesol, las cuales habían sido notificadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Aunque los delitos por los que está acusada no ameritan prisión preventiva oficiosa, el juez determinó prisión preventiva justificada al considerar que hay riesgo de fuga, ya que no tiene arraigo en la Ciudad de México, ha mentido respecto a sus domicilios y tiene la capacidad económica de esconderse.

Ante el asedio judicial y desde Europa, donde presuntamente se encontraba escondido, Lozoya Austin lanzó serias acusaciones contra el ex presidente Peña Nieto. Aseguró que el mandatario, el ex secretario de Hacienda Luis Videgaray y el expresidente del Consejo de Pemex y exsecretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, avalaron la compra de Agro Nitrogenados.

A través de su abogado Javier Coello Trejo, el ex director de Pemex envió en 2019 un cuestionario con 27 preguntas a los juzgados junto con la petición de que Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray sean citados como testigos dentro del juicio de amparo en contra de la primera orden de arresto girada a Lozoya.

Fuente: Infobae

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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