El Partido Revolucionario Institucional (PRI) publicó desde Twitter un video que lleva como título “Échale la culpa al PRI”, con el fin de mostrar que gran parte de las políticas públicas de México han sido creadas por el partido tricolor. Esto, a su vez, coincidió con la detención de Emilio Lozoya.
Había rumores sobre la detención de quien fue director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), en el sexenio de Peña Nieto, en Málaga. No había datos precisos hasta que el fiscal Alejandro Gertz Manero lo confirmó.
En redes sociales se difundió un video con el hashtag “Échale la culpa al PRI”, en donde se aprecia a Alejandro Moreno Cárdenas, dando un mensaje sobre las supuestas acusaciones y señalamientos que le han dado al partido.
“Muchos dicen que el PRI es culpable de todo, y en algo tienen razón” publicó en su red social el presidente del partido, pues según el video, ellos afirman que son culpables de brindar educación gratuita, haber creado el seguro social, de que trabajadores tengan casa propia, dar luz y transporte público.
Hoy en día, Alejandro Moreno Cárdenas es el presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, pero ha sido diputado, senador y gobernador.
En 1991 comenzó su actividad como militante de este partido político y fue en 2003 cuando empezó su vida legislativa. Hasta que en el 2015 fue electo a gobernador de Campeche.
Este video y la noticia de la detención del ex director de Pemex se dieron a conocer esta mañana, pero resultó ser una mala coincidencia para los militantes del PRI porque algunos personajes de este partido y vinculados al ex presidente Enrique Peña Nieto están presos.
Con el arresto este miércoles del ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, se va cerrando el círculo en torno al ex presidente mexicano Enrique Peña Nieto. Y es que sus más cercanos colaboradores (acusados ante la justicia de varios delitos que derivan en el desvío de recursos), han comenzado a revelar que el mandatario estaba enterado e incluso fue partícipe de la corrupción y del saqueo en varias dependencias de gobierno.
Rosario Robles Berlanga, ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) está vinculada con el caso de corrupción conocido como La Estafa Maestra, a través del cual diferentes dependencias del gobierno de Peña Nieto habrían desviado 7.670 millones de pesos (USD 403 millones).
Fue durante la segunda audiencia en el Reclusorio Sur del 12 de agosto de 2019, cuando Robles Berlanga aseguró que tanto el ex presidente Enrique Peña Nieto como el ex secretario de Hacienda y candidato presidencial, José Antonio Meade Kuribreña, estaban al tanto de las irregularidades en la Sedesol, las cuales habían sido notificadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Aunque los delitos por los que está acusada no ameritan prisión preventiva oficiosa, el juez determinó prisión preventiva justificada al considerar que hay riesgo de fuga, ya que no tiene arraigo en la Ciudad de México, ha mentido respecto a sus domicilios y tiene la capacidad económica de esconderse.
Ante el asedio judicial y desde Europa, donde presuntamente se encontraba escondido, Lozoya Austin lanzó serias acusaciones contra el ex presidente Peña Nieto. Aseguró que el mandatario, el ex secretario de Hacienda Luis Videgaray y el expresidente del Consejo de Pemex y exsecretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, avalaron la compra de Agro Nitrogenados.
A través de su abogado Javier Coello Trejo, el ex director de Pemex envió en 2019 un cuestionario con 27 preguntas a los juzgados junto con la petición de que Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray sean citados como testigos dentro del juicio de amparo en contra de la primera orden de arresto girada a Lozoya.
Entre las diez personas con mayor adeudo por multas derivadas del proceso de fiscalización de gastos de campaña se encuentran una jueza y una magistrada que actualmente desempeñan funciones en el Distrito Judicial Bravos, de acuerdo con registros oficiales de las autoridades electorales.
La jueza de Control del Tribunal Especializado en Narcomenudeo, Silvia Delgado García, encabeza la lista con el monto más alto pendiente de pago. Su adeudo asciende a 34 mil 960.26 pesos y permanece vigente desde agosto de 2025. Durante su campaña, la funcionaria fue señalada públicamente por haber representado legalmente a un presunto líder de una organización criminal trasnacional. El incumplimiento del pago quedó asentado en un acuerdo emitido el 16 de enero por la autoridad electoral estatal y en el apartado correspondiente de sanciones.
En los siguientes lugares se encuentran Ángel Gerardo Ontiveros Hinojos, Édgar Olivas Mariñelarena, Paola Lizeth Pérez Chávez y Óscar Jan Erntsson Hernández, con multas que oscilan entre los 18 mil 894 y los 23 mil 194 pesos.
En el sexto sitio figura la magistrada penal reelecta Ilian Yasel Iradiel Villanueva Pérez, quien mantiene un adeudo de 16 mil 065.88 pesos.
En la novena posición aparece Jesús Manuel Carrasco Chacón, exfiscal de Distrito Zona Norte hasta enero de 2023, cuando fue destituido. Carrasco Chacón buscó un cargo como juez penal fuera de Ciudad Juárez y tiene pendiente el pago de 13 mil 689.94 pesos, monto que fue reducido tras argumentar imposibilidad para cubrirlo en su totalidad.
En total, 435 personas candidatas dentro del proceso de elección judicial mantienen adeudos por multas. De ellas, 22 son actualmente jueces en el Distrito Judicial Bravos, entre quienes se encuentran, además de Delgado García, Rosa Amelia Bailón Payán, Lizbeth Marbella del Carmen Barraza Morales, Karen Arteaga Rivas, Raquel Carlos Ávila, Edith Castruita, Félix Guerra, Marco Calderón y Maribel Vega, principalmente en materia penal. En estos casos, los montos pendientes son menores, con cifras que van de los 566 a los mil 697 pesos.