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Ecuador reporta millones de ciberataques tras arresto de Assange

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El gobierno de Ecuador aseguró hoy que ha recibido más de 40 millones de ataques cibernéticos, luego de que retirara el asilo y permitiera el ingreso de la policía británica a la embajada ecuatoriana en Londres para que arrestara al fundador del portal WikiLeaks, Julian Assange.

El viceministro ecuatoriano de Telecomunicaciones, Patricio Real, dijo en rueda de prensa en Quito que los ciberataques provinieron de Francia, Austria, Holanda, Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, Brasil y el propio Ecuador, sin que se hayan producido robos de información.

Según Real, el 11 de abril, a raíz de la retirada del asilo concedido hacía siete años a Assange y su arresto en Londres, «empezaron a circular amenazas de ataques cibernéticos, que empezaron a hacerse realidad ese mismo día», informó el diario gubernamental en línea El Telégrafo.

Los ataques fueron registrados por entidades como el Servicio de Rentas Internas (SRI), Ministerio de Relaciones Exteriores, Consejo Nacional Electoral (CNE), gobiernos autónomos descentralizados y el Ministerio de Turismo.

Las amenazas son muchas y están en las redes sociales, una que tiene nombre y apellido este grupo Anonymous», afirmó el viceministro, quien precisó que debido a la magnitud de esta oleada, Ecuador pasó del puesto 51 al 31 en número de ciberataques, en su mayoría del tipo “denegación de servicio”.

El funcionario informó que el presidente ecuatoriano Lenín Moreno convocó al Gabinete Sectorial de Seguridad, para coordinar un protocolo de seguridad, y coordinar acciones necesarias para «frenar a tiempo cualquier acción que atente contra la institucionalidad del país».

La ministra del Interior, María Paula Romo, había advertido sobre ataques cibernéticos el sábado 13 de abril, al señalar que un correo institucional y la página web de un municipio fueron pirateados, tras las advertencias del grupo Anonymous.

Excelsior

Nota Principal

Trump anuncia nuevos aranceles del 10% tras fallo de la Corte Suprema que anuló sus gravámenes globales

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que firmará una orden ejecutiva para imponer un arancel global del 10% durante 150 días, luego de que la Corte Suprema anulara los gravámenes generalizados que su administración había implementado desde su regreso a la presidencia.
La medida se ampara en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que faculta al mandatario a imponer restricciones temporales de importación de hasta el 15% ante situaciones de «problemas graves y significativos» de balanza de pagos, sin requerir investigaciones adicionales. Trump precisó que estos nuevos aranceles se sumarán a los ya vigentes.
El anuncio llegó horas después de que el máximo tribunal del país determinara, por seis votos contra tres, que la administración sobrepasó sus atribuciones al aplicar aranceles globales bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977. El fallo establece que la Constitución reserva ese tipo de potestad al Congreso, no al Ejecutivo.
Trump calificó la sentencia de «profundamente decepcionante» y señaló sentirse «absolutamente avergonzado» por la decisión de los magistrados que votaron en su contra. Sugirió que el tribunal fue influenciado por «intereses extranjeros» y agradeció explícitamente a los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh, quienes votaron en disenso.
Entre las medidas afectadas por el fallo se encuentran la tarifa base del 10% a las importaciones, los gravámenes recíprocos contra socios comerciales, los aranceles adicionales del 25% a México y Canadá vinculados al control del tráfico de drogas, la eliminación de la exención para envíos de bajo valor con impacto en comercio electrónico, y aumentos de hasta el 50% sobre productos de Brasil e India. Según Trump, el dictamen podría obligar al gobierno a reembolsar hasta 240,000 millones de dólares recaudados mediante los gravámenes anulados.
El mandatario informó además que su gobierno ha iniciado investigaciones sobre prácticas comerciales desleales bajo el Artículo 301, aunque este tipo de procesos suele requerir varios meses para concluirse. Trump reiteró que su administración continuará explorando todas las herramientas legales disponibles para proteger la economía estadounidense.

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