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EE.UU.: Afroamericana dirigirá Secretaría de Justicia

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El Senado confirmó ayer a la fiscal federal Loretta Lynch al frente del Departamento de Justicia, como sucesora de Eric Holder, lo que la convierte en la primera mujer afro-estadounidense en ocupar este puesto.

Los senadores votaron por 56 contra 43 a favor de esta mujer de 55 años, que se desempeñaba desde 2010 como fiscal general del distrito este de Nueva York, donde supervisó varias investigaciones sobre corrupción, crimen organizado y terrorismo.

La secretaria de Justicia, supervisa también el FBI, la lucha antiterrorista, los asuntos de corrupción y de fraude financiero. Es la voz de la administración en los temas más candentes de violencia policial y derechos civiles. Y tendrá la difícil tarea de restablecer la imagen del departamento de Justicia, acusado de subjetividad política por los republicanos.

“Ella utilizará su experiencia de fiscal dura, independiente y respetada en los temas prioritarios como la reforma del sistema penal”, aseguró el presidente Barack Obama en un comunicado.

En EE. UU. la nominación de los miembros del Gabinete presidencial debe ser aprobada por el Senado.

DETRACTORES
Numerosos republicanos estiman que, bajo la administración de Obama, la Justicia ha tomado tintes políticos, sobre todo después de que este departamento respaldó las medidas ejecutivas del jefe de Estado sobre migración.

“Apoya la teoría legal sin límite de la administración que ignora nuestras leyes sobre inmigración”, declaró el senador y candidato a las primarias republicanas para la Presidencia, Ted Cruz, refiriéndose a la fiscal general.

Hija de una bibliotecaria y un pastor bautista nacida en Carolina del Norte (sureste del país) en 1959, Lynch es descrita por la Casa Blanca como una fiscal “fuerte e independiente”.

Nota Principal

Trump anuncia nuevos aranceles del 10% tras fallo de la Corte Suprema que anuló sus gravámenes globales

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que firmará una orden ejecutiva para imponer un arancel global del 10% durante 150 días, luego de que la Corte Suprema anulara los gravámenes generalizados que su administración había implementado desde su regreso a la presidencia.
La medida se ampara en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que faculta al mandatario a imponer restricciones temporales de importación de hasta el 15% ante situaciones de «problemas graves y significativos» de balanza de pagos, sin requerir investigaciones adicionales. Trump precisó que estos nuevos aranceles se sumarán a los ya vigentes.
El anuncio llegó horas después de que el máximo tribunal del país determinara, por seis votos contra tres, que la administración sobrepasó sus atribuciones al aplicar aranceles globales bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977. El fallo establece que la Constitución reserva ese tipo de potestad al Congreso, no al Ejecutivo.
Trump calificó la sentencia de «profundamente decepcionante» y señaló sentirse «absolutamente avergonzado» por la decisión de los magistrados que votaron en su contra. Sugirió que el tribunal fue influenciado por «intereses extranjeros» y agradeció explícitamente a los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh, quienes votaron en disenso.
Entre las medidas afectadas por el fallo se encuentran la tarifa base del 10% a las importaciones, los gravámenes recíprocos contra socios comerciales, los aranceles adicionales del 25% a México y Canadá vinculados al control del tráfico de drogas, la eliminación de la exención para envíos de bajo valor con impacto en comercio electrónico, y aumentos de hasta el 50% sobre productos de Brasil e India. Según Trump, el dictamen podría obligar al gobierno a reembolsar hasta 240,000 millones de dólares recaudados mediante los gravámenes anulados.
El mandatario informó además que su gobierno ha iniciado investigaciones sobre prácticas comerciales desleales bajo el Artículo 301, aunque este tipo de procesos suele requerir varios meses para concluirse. Trump reiteró que su administración continuará explorando todas las herramientas legales disponibles para proteger la economía estadounidense.

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