El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció la medida temporal.Imagen: Celal Gunes/AA/picture alliance
La decisión de EE.UU. fue anunciada tras el acuerdo alcanzado por el Gobierno de Venezuela y la oposición para establecer garantías electorales de cara a los comicios presidenciales de 2024.
Estados Unidos levantó temporalmente las sanciones a la industria petrolera, del gas y del oro venezolano después de que el gobierno del mandatario Nicolás Maduro y la oposición alcanzaran un acuerdo sobre las elecciones de 2024, anunció este miércoles (18.10.2023) el departamento del Tesoro.
En respuesta a «estos hechos democráticos», Estados Unidos ha emitido «una licencia general de seis meses que autoriza temporalmente transacciones relacionadas con el sector de petróleo y gas en Venezuela», pero podrá revocarlas si Caracas incumple «sus compromisos» de la hoja de ruta electoral, informa un comunicado.
La Administración de Joe Biden advirtió sin embargo que la suspensión de sanciones sobre el petróleo y el gas estará vigente seis meses y podría reconsiderar la decisión si no hay avances hacia unas elecciones democráticas y no se liberan estadounidenses detenidos en Venezuela.
A través de un comunicado, el Departamento del Tesoro estadounidense informó que se han emitido «licencias generales que autorizan transacciones que involucran al sector de petróleo y gas y al sector del oro de Venezuela, además de eliminar la prohibición del comercio secundario».
«El Tesoro está preparado para modificar o revocar autorizaciones en cualquier momento, en caso de que los representantes de Maduro no cumplan con sus compromisos», afirma el texto.
Estados Unidos tomó esta decisión en respuesta a la firma de un acuerdo de hoja de ruta electoral entre la Plataforma Unitaria de Venezuela y representantes del Gobierno de Maduro, aseguró el Departamento del Tesoro.
El Gobierno y la opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD) firmaron el martes en Barbados dos acuerdos sobre garantías para las presidenciales de 2024, que incluyen la observación internacional.
En el acuerdo sobre garantías electorales, las partes se comprometen a continuar con el proceso de diálogo y negociación con relación a otras medidas, «entendiendo la necesidad de que sean levantadas las sanciones contra el Estado venezolano», apuntó tras la firma el Gobierno de Maduro.
Otras sanciones siguen vigentes
Como respuesta a este acuerdo, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió este miércoles 4 licencias generales suspendiendo ciertas sanciones, aunque precisó que todas las demás restricciones impuestas por Estados Unidos a Venezuela «siguen vigentes» y que EE.UU. seguirá «responsabilizando a los malos actores».
Más concretamente, EE.UU. emitió una licencia general de seis meses que autoriza temporalmente transacciones relacionadas con el sector de petróleo y el gas, una licencia que «se renovará sólo si Venezuela cumple con sus compromisos bajo la hoja de ruta electoral, así como otros compromisos con respecto a aquellos que son detenidos injustamente».
Emitió también una segunda licencia general que autoriza transacciones con Minerven (la empresa minera de oro estatal venezolana) que, según el Tesoro, tendrá el efecto de reducir el comercio de oro en el mercado negro.
Y por último se modificaron dos licencias para eliminar la prohibición de negociación secundaria de ciertos bonos soberanos venezolanos y deuda y capital de PdVSA, la empresa estatal petrolera. La prohibición de negociar en el mercado primario de bonos venezolanos sigue vigente, precisó el Tesoro.
«El Tesoro evalúa que esto también tendría el efecto positivo de desplazar a los actores nefastos en este mercado, y con un beneficio financiero insignificante para el régimen venezolano», afirmó.
De acuerdo con datos del Gobierno de Venezuela, países como EE.UU., Canadá, Panamá y naciones de la Unión Europea (UE) han impuesto más de 900 sanciones a Venezuela desde 2015, la mayoría de ellas a título personal contra funcionarios acusados de perjudicar la democracia.
-Por tres mil millones de pesos que serán inversión pública productiva.
La 68 Legislatura de Chihuahua, por mayoría de votos autorizó al Poder Ejecutivo del Estado a realizar las operaciones de financiamiento establecidas hasta por los montos y conforme a los destinos, términos y condiciones previstos en el mismo, por la cantidad de $3,000,000,000.00 (Tres mil millones de pesos 00/100 Moneda Nacional), más los recursos necesarios para cubrir los costos y gastos relacionados con su implementación y más fondos de reserva.
Dicho monto habrá de ser destinado a inversión pública productiva particularmente en infraestructura carretera y en el desarrollo del Polo de Desarrollo para el Bienestar en San Jerónimo, así como el refinanciamiento de créditos de largo plazo, incluido un crédito con Banobras bajo el esquema de Bono Cupón Cero, y la contratación de instrumentos derivados para mitigar riesgos por incrementos en tasas de interés.
Fue la diputada Carla Rivas Martínez la encargada de presentar el dictamen de Decreto ante el Pleno Legislativo, quien refirió que la autorización se da una vez realizado el análisis del destino y la capacidad de pago del Estado de Chihuahua, así como el Techo de Financiamiento Neto que le corresponde y los recursos que fungirán como fuente de pago de dicho financiamiento.
En este sentido y una vez autorizado financiamiento, el Poder Ejecutivo Estatal, por conducto de la Secretaría de Hacienda, en los términos y condiciones previstos en este Decreto, y hasta por los montos establecidos, podrán contratar financiamiento en una o varias etapas, según corresponda, para llevar a cabo las operaciones correspondientes.
Los recursos derivados del Financiamiento para Inversión Público Productiva (Financiamiento IPP) deberán ser destinados a financiar proyectos de inversión pública productiva destinados a:
-Construcción de obras para el abastecimiento de agua, gas, electricidad y telecomunicaciones.
-Construcción de vías de comunicación.
-División de terrenos y construcción de obras de urbanización.
-Edificación no habitacional.
-Instalación y equipamiento en construcciones.
-Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos.
-Infraestructura y equipamiento en seguridad pública y de justicia.
-Infraestructura y equipamiento en el sector salud.
-Infraestructura y equipamiento para el desarrollo de actividades primarias, incluyendo, pero no limitando, pesca, agricultura y ganadería.
En los artículos transitorios del decreto de autorización, se planteó que el detalle de los proyectos de inversión público productiva a desarrollarse deberá estar descrito en los contratos a través de los cuales se implemente el Financiamiento IPP.
Cabe destacar que se aprobó la reserva del diputado Jorge Soto Prieto, en la que se señaló que los instrumentos derivados, al igual que los financiamientos, tienen que ser registrados ante la Unidad de Coordinación con las Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como lo marca la regulación federal. Para cumplir con la norma, la autorización de este Congreso debe contener específicamente la clave de registro de los créditos a los cuales se les contratará un instrumento derivado tal y como lo marca el Reglamento del Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios.
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