El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció la medida temporal.Imagen: Celal Gunes/AA/picture alliance
La decisión de EE.UU. fue anunciada tras el acuerdo alcanzado por el Gobierno de Venezuela y la oposición para establecer garantías electorales de cara a los comicios presidenciales de 2024.
Estados Unidos levantó temporalmente las sanciones a la industria petrolera, del gas y del oro venezolano después de que el gobierno del mandatario Nicolás Maduro y la oposición alcanzaran un acuerdo sobre las elecciones de 2024, anunció este miércoles (18.10.2023) el departamento del Tesoro.
En respuesta a «estos hechos democráticos», Estados Unidos ha emitido «una licencia general de seis meses que autoriza temporalmente transacciones relacionadas con el sector de petróleo y gas en Venezuela», pero podrá revocarlas si Caracas incumple «sus compromisos» de la hoja de ruta electoral, informa un comunicado.
La Administración de Joe Biden advirtió sin embargo que la suspensión de sanciones sobre el petróleo y el gas estará vigente seis meses y podría reconsiderar la decisión si no hay avances hacia unas elecciones democráticas y no se liberan estadounidenses detenidos en Venezuela.
A través de un comunicado, el Departamento del Tesoro estadounidense informó que se han emitido «licencias generales que autorizan transacciones que involucran al sector de petróleo y gas y al sector del oro de Venezuela, además de eliminar la prohibición del comercio secundario».
«El Tesoro está preparado para modificar o revocar autorizaciones en cualquier momento, en caso de que los representantes de Maduro no cumplan con sus compromisos», afirma el texto.
Estados Unidos tomó esta decisión en respuesta a la firma de un acuerdo de hoja de ruta electoral entre la Plataforma Unitaria de Venezuela y representantes del Gobierno de Maduro, aseguró el Departamento del Tesoro.
El Gobierno y la opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD) firmaron el martes en Barbados dos acuerdos sobre garantías para las presidenciales de 2024, que incluyen la observación internacional.
En el acuerdo sobre garantías electorales, las partes se comprometen a continuar con el proceso de diálogo y negociación con relación a otras medidas, «entendiendo la necesidad de que sean levantadas las sanciones contra el Estado venezolano», apuntó tras la firma el Gobierno de Maduro.
Otras sanciones siguen vigentes
Como respuesta a este acuerdo, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió este miércoles 4 licencias generales suspendiendo ciertas sanciones, aunque precisó que todas las demás restricciones impuestas por Estados Unidos a Venezuela «siguen vigentes» y que EE.UU. seguirá «responsabilizando a los malos actores».
Más concretamente, EE.UU. emitió una licencia general de seis meses que autoriza temporalmente transacciones relacionadas con el sector de petróleo y el gas, una licencia que «se renovará sólo si Venezuela cumple con sus compromisos bajo la hoja de ruta electoral, así como otros compromisos con respecto a aquellos que son detenidos injustamente».
Emitió también una segunda licencia general que autoriza transacciones con Minerven (la empresa minera de oro estatal venezolana) que, según el Tesoro, tendrá el efecto de reducir el comercio de oro en el mercado negro.
Y por último se modificaron dos licencias para eliminar la prohibición de negociación secundaria de ciertos bonos soberanos venezolanos y deuda y capital de PdVSA, la empresa estatal petrolera. La prohibición de negociar en el mercado primario de bonos venezolanos sigue vigente, precisó el Tesoro.
«El Tesoro evalúa que esto también tendría el efecto positivo de desplazar a los actores nefastos en este mercado, y con un beneficio financiero insignificante para el régimen venezolano», afirmó.
De acuerdo con datos del Gobierno de Venezuela, países como EE.UU., Canadá, Panamá y naciones de la Unión Europea (UE) han impuesto más de 900 sanciones a Venezuela desde 2015, la mayoría de ellas a título personal contra funcionarios acusados de perjudicar la democracia.
El incremento del 13 por ciento al salario mínimo, que entró en vigor al inicio de 2026, representa un avance importante para la recuperación del poder adquisitivo de las familias, pero también plantea un desafío significativo para las pequeñas y medianas empresas, advirtió el maestro Isaac González Granados, docente de la Facultad de Economía Internacional de la Universidad Autónoma de Chihuahua.
El especialista reconoció que el aumento es una medida positiva desde el punto de vista social, al permitir que los trabajadores enfrenten mejor el costo de vida. Sin embargo, subrayó que las decisiones económicas tienen efectos en cadena y no ocurren de manera aislada.
Explicó que mientras las grandes empresas suelen tener mayor capacidad para absorber el incremento en la nómina, las PyMES enfrentan un escenario mucho más complejo. Negocios como tiendas de barrio, talleres o comercios locales podrían verse presionados si sus costos laborales aumentan sin que exista un crecimiento proporcional en sus ventas.
De no existir apoyos, alertó, esta situación podría traducirse en un alza de precios para los consumidores o, en el peor de los casos, en recortes de personal, afectando tanto al empleo como a la estabilidad económica local.
Ante este panorama, González Granados hizo un llamado a no dejar solas a las pequeñas empresas y a impulsar medidas de acompañamiento por parte de las autoridades, como subsidios temporales a las cuotas de seguridad social o periodos de gracia en el Impuesto Sobre Nómina.
Este tipo de apoyos, explicó, permitirían amortiguar el impacto inicial del aumento salarial mientras las empresas ajustan su productividad y modelo financiero, generando un equilibrio entre el bienestar de los trabajadores y la viabilidad del sector productivo local.
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