La extracción ilegal de agua en el municipio de San Francisco de Conchos llegó al Congreso del Estado. La 68 Legislatura de Chihuahua aprobó este lunes una proposición para solicitar a diversas autoridades federales y estatales que investiguen y sancionen el desvío no autorizado del recurso hídrico en el río Conchos, una práctica que, según denuncias ciudadanas y reportes de medios locales, se ha vuelto sistemática y organizada.
La propuesta fue presentada por el diputado Arturo Zubía Fernández, quien expuso que en comunidades del municipio se han detectado bombas instaladas directamente en la corriente del río, operadas sin permisos legales y al servicio de grandes productores agrícolas. Esta práctica, denunció, está dejando sin agua a familias enteras y ha afectado incluso a escuelas primarias, cuyos estudiantes deben llevar agua desde casa para realizar tareas básicas como la limpieza de baños.
El Congreso también aprobó una moción del diputado Cuauhtémoc Estrada Sotelo para incluir en la investigación a la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS) y a la Fiscalía General del Estado, además de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y la Fiscalía General de la República (FGR).
“Estas extracciones ilegales no solo violan la legislación en materia de aguas nacionales, sino que además privan a las comunidades de un recurso esencial para su subsistencia”, denunció Zubía desde tribuna.
El legislador advirtió que el problema trasciende la ilegalidad: representa una amenaza directa para la sustentabilidad ambiental y genera tensiones sociales que ponen en riesgo la paz y la seguridad en la región. En su exposición, señaló que el desvío del agua no es un fenómeno espontáneo, sino que responde a una lógica de organización, impunidad y, en muchos casos, complicidad por omisión de las autoridades.
“El problema del huachicoleo de agua en Chihuahua refleja un patrón nacional que demanda atención urgente y acciones coordinadas del Estado mexicano. No se trata únicamente de un conflicto por recursos naturales, sino de una crisis de gobernanza, de legalidad y de justicia social”, sostuvo el diputado.
Ante esta situación, los legisladores locales urgieron a las autoridades competentes a actuar de inmediato para investigar los hechos, identificar a los responsables y aplicar las sanciones previstas en la ley. Además, exigieron la implementación de mecanismos de vigilancia y control más efectivos para evitar nuevas extracciones clandestinas y garantizar el acceso equitativo al agua para todas las comunidades.
La propuesta fue aprobada por mayoría y turnada a las instancias correspondientes. Mientras tanto, las familias afectadas en San Francisco de Conchos siguen esperando agua potable y justicia.
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