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México

Ejecutan a Édgar Tamayo, mexicano preso por 20 años en Houston

El mexicano Édgar Tamayo fue ejecutado el miércoles 22 de enero en Texas por el asesinato de un oficial de policía de Houston hace 20 años, a pesar de las súplicas y la presión diplomática del gobierno mexicano y del Departamento de Estado para detener la pena capital.

El mexicano Édgar Tamayo fue ejecutado el miércoles 22 de enero en Texas por el asesinato de un oficial de policía de Houston hace 20 años, a pesar de las súplicas y la presión diplomática del gobierno mexicano y del Departamento de Estado para detener la pena capital.

Tamayo, de 46 años, recibió una inyección letal por los disparos que cegaron la vida del oficial Guy Gaddis en enero de 1994.

Cuando un guardián le preguntó si tenía una última declaración, musitó “no” y movió la cabeza. A medida que la dosis letal de pentobarbital comenzó a hacer efecto, respiró unas cuantas veces y luego hizo un ronquido ligeramente audible antes de dejarse de mover por completo. Fue declarado muerto 17 minutos después de que le administraron la sustancia, a las 9:32 de la noche.

La ejecución, la primera de este año en el estado con mayor cantidad de reos ejecutados del país, se retrasó por más de tres horas mientras la Corte Suprema de Estados Unidos sopesaba apelaciones de último momento.

Tamayo nunca miró hacia la madre de Gaddis, dos hermanos y otros dos familiares que veían a través de una ventana.

El mexicano Edgar Tamayo Arias nació en Miacatlán, Morelos, actualmente tiene 46 años y se encuentra encarcelado desde hace 20 años. Esta tarde, a las 18:00 horas, está programada su muerte en Estados Unidos.

Tamayo llegó a EU a los 18 años. Estuvo un tiempo en California y en 1993 se trasladó a Texas. Fue detenido junto con su amigo Jesús Mendoza, el 31 de enero de 1994 al salir de una fiesta. Los metieron a una patrulla por un supuesto robo, el policía hizo una escala y cuando regresaba al vehículo recibió tres disparos.

El arma con el que fue asesinado el policía apareció en la parte trasera de la patrulla pero no tenía huellas dactilares de Tamayo ni de su acompañante. Le realizaron la prueba de “Harrison” para localizar residuos de explosivos y el resultado fue negativo.

Sin embargo, Tamayo aceptó haber matado al policía por no dejarlo hablar con su esposa. Al no dominar el inglés, no pudo comprender y contestar correctamente los cuestionamientos que le hacían, tampoco recibió asesoría consular, a la que por ley tiene derecho.

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México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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