México

Revelan supuesta nómina de “El Mencho” con millonarios gastos en regalos y sobornos

Tras el abatimiento de Nemesio Oseguera, alias “El Mencho”, líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación, surgieron nuevos detalles sobre la operación financiera de la organización criminal. Documentos obtenidos por El Universal muestran registros de ingresos y egresos diarios, semanales y mensuales, elaborados a mano y en computadora, que fueron hallados en una de las cabañas donde se resguardaba el capo.

La llamada “narconómina” incluye operaciones en municipios de Jalisco como Tapalpa, Villa Purificación, San Gabriel, Chiquilistlán, Casimiro Castillo, Sayula, Cuautitlán de García Barragán, Mascota, Atenguillo y Mixtlán, además de otras zonas donde el grupo mantiene presencia. Los registros detallan aportaciones de jefes de plaza, pagos a halcones y sicarios, así como presuntos sobornos a elementos de la Fiscalía General de la República, corporaciones militares y policías municipales.

Asimismo, se incluyen gastos en hackers, alimentos, apoyos a la población, combustible y control de venta de drogas como cristal, marihuana y fentanilo, así como ingreso de sustancias a centros penitenciarios. Entre los documentos destaca una hoja fechada el 1 de diciembre de 2025 con un gasto de 300 mil pesos atribuido a Hugo César Macías Ureña, alias “El Tuli”, operador financiero del CJNG fallecido en un operativo en Autlán de Navarro.

Otro listado detalla pagos como “650 mil pago GN Mich Picten”, “75 mil GN Autlán”, “20 mil Guachito pasa datos” y “15 mil PGR”. En un apartado titulado “gastos en dólares” se consigna un desembolso de 2 millones de dólares a “Mono Flako”, 600 mil dólares bajo el concepto “regalos de nietos” y 98 mil dólares asociados al alias “Güereja”.

De acuerdo con los registros, en diciembre de 2025 el CJNG habría obtenido 8 millones 781 mil 353 pesos por venta de marihuana, cocaína, metanfetamina y fentanilo, además de ingresos por máquinas tragamonedas en Tapalpa. La contabilidad, desglosada por semanas, indica que operaban entre 30 y 32 halcones con sueldos semanales de 2 mil 500 a 3 mil pesos; 26 pistoleros —“muchachos de choke”— con 4 mil pesos semanales; y un comandante con 6 mil pesos por semana.

Los gastos adicionales incluían renta de inmuebles, combustible, despensas, reparaciones mecánicas y otros rubros generales para el funcionamiento de la organización.

México

Prisión preventiva para líder de célula ligada al CJNG

Iván Sánchez Santiago, conocido como “Comandante Cromo”, permanecerá en prisión preventiva mientras se determina su situación jurídica, tras ser identificado por autoridades federales como líder de la organización criminal “Los Cromos”, supuestamente vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La Fiscalía General de la República (FGR) ha formulado imputaciones en su contra por su posible responsabilidad en delitos relacionados con la posesión de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y contra la salud, específicamente por posesión con fines de comercio.

Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público Federal, perteneciente a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), solicitó la vinculación a proceso de Sánchez Santiago. Sin embargo, su defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, lo que significa que será en una audiencia posterior cuando un juez decida si hay suficientes elementos para someterlo formalmente a proceso. La autoridad judicial ya había calificado como legal su detención.

La captura del “Comandante Cromo” se llevó a cabo en Guadalajara, Jalisco, gracias a trabajos de inteligencia realizados por la Unidad de Inteligencia Naval de la Secretaría de Marina y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Las investigaciones federales indican que Sánchez Santiago es uno de los principales operadores de “Los Cromos”, un grupo que supuestamente colabora con el CJNG y está implicado en diversos delitos, incluyendo homicidios, extorsión, cobro de piso, secuestro, así como tráfico de drogas y armas.

La FGR continuará con el proceso judicial para definir la situación jurídica del detenido, mientras se espera que se presenten más pruebas y se lleve a cabo la audiencia que determinará su futuro legal.