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México

Ejecutan a ex alcaldesa de Michoacán

(MORELIA, Mich, México).-Dos veces le anunciaron su muerte, pero aún así el Gobierno del Estado de Michoacán le retiró la escolta que traía.

Ya sin la protección que tuvo con elementos de la Policía Ministerial del Estado, la ex presidenta municipal de Tiquicheo, María Gorrostieta Salazar, de 36 años, no sobrevivió a un tercer ataque.

La mataron fracturándole la cabeza y su cuerpo fue tirado en un paraje cercano a la carretera Morelia-Salamanca.

“No he tenido ningún contacto con ella desde que estoy en la Secretaría de Gobierno y conmigo nunca planteó una petición (de seguridad) sobre ese asunto ni conozco nada a ese respecto”, afirmó Jesús Reyna, secretario de Gobierno en el Estado.

Localizan su cadáver

El cuerpo de María Santos Gorrostieta Salazar, ex alcaldesa del municipio Tiquicheo, fue localizado en un predio del municipio Cuitzeo, informó la Procuraduría General de Justicia del estado.

La ex presidenta municipal ya había sufrido dos atentados cuando se desempeñaba como edil, en el trienio 2008-2011.

De acuerdo con los primeros informes, el cuerpo de la ex alcaldesa fue localizado en las inmediaciones de la comunidad conocida como El Chupadero, la madrugada del jueves, sin embargo fue hasta este viernes cuando sus familiares la identificaron.

El cadáver presentaba huellas de haber sido atada de manos y un golpe contuso en la nuca.

Como se recordará, Santos Gorrostieta sufrió un ataque el 15 de octubre de 2009 cuando viajaba en compañía de su esposo José Sánchez, quien murió en los hechos.

Posteriormente, el 22 de enero de 2010 la entonces presidenta municipal fue atacada por un grupo armado donde resultó con graves heridas.

Hasta el momento la autoridad no ha dado conocer el posible móvil del crimen, aunque se presume que está relacionado con los dos ataques previos.

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México

PAN propone blindar a periodistas contra censura y acusaciones de calumnia electoral

El Partido Acción Nacional (PAN) presentó una iniciativa en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para proteger el trabajo periodístico y garantizar la libertad de expresión, ante recientes acciones del Instituto Nacional Electoral (INE) que han generado polémica por requerir a periodistas revelar sus fuentes y por sancionar publicaciones críticas sobre el proceso electoral judicial.

El diputado panista Federico Döring propuso reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales con el objetivo de que las investigaciones o publicaciones de periodistas no puedan ser consideradas como calumnia electoral, salvo que se demuestre que actuaron en complicidad con actores políticos.

Esta iniciativa surge luego de que el INE solicitó a periodistas y ciudadanos —como Laisha Wilkins— que explicaran el origen de publicaciones sobre presuntas irregularidades en la elección de jueces, incluyendo el uso de “acordeones” para promover a candidatos vinculados a Morena. También se han iniciado procedimientos contra ciudadanos como Karla Estrella por presunta violencia política de género, a raíz de un tuit que cuestionaba la candidatura de una mujer supuestamente impulsada por su esposo diputado.

“Se debe garantizar el derecho a la información de todas las personas y evitar la censura previa”, advirtió Döring, quien también propuso que, cuando se trate de periodistas, las autoridades deban ponderar el derecho constitucional a la libertad de prensa antes de imponer sanciones.

La iniciativa fue turnada a la Cámara de Diputados y se discutirá en el próximo periodo ordinario de sesiones, que comienza en septiembre. Organizaciones como Artículo 19 han alertado que la censura indirecta es una amenaza creciente para el periodismo en México.

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