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Ejecutan en Los Cabos al mayor de los Arellano Félix

Francisco Rafael Arellano Félix, el mayor de los hermanos Arellano Félix, fue ejecutado anoche en Los Cabos, Baja California Sur, de acuerdo con fuentes policiacas.

Francisco Rafael Arellano Félix, el mayor de los hermanos Arellano Félix, fue ejecutado anoche en Los Cabos, Baja California Sur, de acuerdo con fuentes policiacas.

Supuestamente Arellano Félix se encontraba en un festejo familiar en el salón de fiestas Ocean House del hotel Marbella, a donde supuestamente un hombre llegó y le disparó en la cabeza y el tórax.

Otras versiones indican que el atacante llegó disfrazado de payaso.

El homicidio provocó una intensa movilización de elementos de los tres órdenes de gobierno, incluido el Ejército, tras recibirse una llamada al servicio de emergencia.

Aunque no proporcionaron detalles, fuentes de la Procuraduría General de Justicia en Baja California Sur confirmaron el hecho y agregaron que el cuerpo fue identificado por uno de los hijos de Arellano Félix.

Informes de la PGR, de la Procuraduría General de Justicia del Estado y de la Sedena indican que el fallecido portaba una credencial con el nombre de Francisco Arellano Félix.

Francisco Rafael, de 64 años, fue detenido el 7 de agosto de 1980 en San Diego, California por la venta de cocaína a un agente encubierto de la DEA.

El integrante del cártel de Tijuana fue extraditado a Estados Unidos el 16 de septiembre de 2006. En 2007 fue condenado a seis años de cárcel tras declararse culpable del delito de venta de droga.

Luego, en 2008 las autoridades de Estados Unidos le concedieron su libertad por buena conducta y fue repatriado a México por la frontera El Paso-Ciudad Juárez.

Brian White, abogado de Francisco Rafael, dijo que su cliente recibió el beneficio de reducción de condena y obtuvo la libertad condicional.

En los noventa el gobierno de Estados Unidos calificaba a los hermanos Arellano Félix de “criminales apuestos, multimillonarios y despiadados”. En California decían que Ramón, Francisco Rafael, Benjamín y Francisco Javier vestían y hablaban bien, andaban con esmoquin y sólo por su presentación se les abrían muchas puertas.

Francisco Rafael solía publicar desplegados en el periódico El Noroeste, de Culiacán, en los que se decía “creyente en Dios sin ser un tragasantos”; también escribía que el puerto de Mazatlán sería otro si tuviera 10 empresarios tan emprendedores como él. Era propietario de Frankie Oh, una de las discotecas “más grandes y costosas del mundo”.

Los hermanos Ramón, Francisco Rafael, Benjamín y Francisco Javier Arellano Félix se asociaron al principio con los capos Miguel Ángel Félix Gallardo, primo hermano de su madre, con Rafael Caro Quintero e Ismael El Mayo Zambada; también con Manuel Salcido Uzeta, El Cochiloco, asesinado en octubre de 1991 en Guadalajara.

En los noventa movían toneladas de cocaína de Sudamérica y no sólo tenían protección de escoltas, sino que contrataban a policías y a juniors y pandilleros de San Diego para enfrentar a Joaquín El Chapo Guzmán.

La organización de los Arellano Félix se consolidó a finales de los ochenta, tras la captura, el 8 de abril de 1989, de Miguel Ángel Félix Gallardo, el líder del cártel de Guadalajara, organización que se escindió y dio paso a los cárteles de Sinaloa, liderado por El Chapo Guzmán, y de Tijuana, con los Arellano Félix al frente.

Fuente: Proceso.

 

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México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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