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México

El 60% de los mexicanos con problemas de salud mental

Actualmente 24 millones de personas tienen algún problema de salud mental, informó la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones(Conasama), sin embargo sólo una de cada tres personas busca algún tipo de atención médica, según destaca la organización Documenta en el informe denominado Por Razón Necesaria y alerta que ante la falta de recursos para poder atenderse en hospitales privados, deberán acudir a hospitales públicos del sector salud.

En 2018, los mexicanos con algún problema relacionado con alguna enfermedad mental que van desde los malestares recurrentes tipo estrés, ansiedad y depresión, hasta casos más graves como esquizofrenia o bipolaridad, entre otros, eran alrededor de 15 millones de personas, según datos de la Secretaría de Salud, y ahora en 2024 se tiene que 3 de cada 10 mexicanos sufren por cuestiones de salud mental.

Esto implica un crecimiento de 60% en solo seis años, al pasar de la cifra referida de 15 millones en 2018 a 24 millones actualmente.

Al respecto, cabe destacar que cada año son atendidas apenas unas 191 mil personas en los hospitales psiquiátricos del sector salud a nivel nacional, lo que significa que ni siquiera se cubre al 1% de la población afectada.

De acuerdo con el Inegi, las entidades con mayores problemas de salud mental son: Estado de México, Ciudad de México, Jalisco, Veracruz, Guanajuato, Puebla y Nuevo León.

Hospitales psiquiátricos no cerraron: Conasama

Los hospitales psiquiátricos públicos atienden en promedio a más de 190 mil pacientes cada año y no cerraron como resultado de la reforma a la Ley General de Salud de 2022, aclaró la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (Conasama).

Publimetro se comunicó con los hospitales Fray Bernardino de Sahagún y en el Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro para solicitar una cita de primera vez, y en ambos institutos informaron que continúan atendiendo de forma normal a los pacientes los 365 días del año.

No obstante, las reformas a la Ley General de Salud, en materia de Salud Mental y Adicciones en 2022 marcaron un cambio de paradigma en la atención en todos los niveles de atención, particularmente hoy en día están en marcha 341 Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones, para la prevención y atención de padecimientos cerca de los hogares, precisó la Conasama a través de una tarjeta informativa entregada a este medio.

Asimismo, 115 hospitales generales cuentan con áreas de salud mental para la atención de padecimientos más graves. Particularmente, en cuanto a atención en hospitales psiquiátricos lo que la Ley mandata es con relación al respeto en derechos humanos, como es:

– Consentimiento Informado. Se establece la obligación de comunicar a pacientes y familiares los beneficios, riesgos y alternativas. La persona tiene el derecho a aceptar o rechazar el diagnóstico o tratamiento.

– Voluntad anticipada. En previsión de servicios a futuro, se establece el derecho a determinar el tipo de acciones para su tratamiento.

– Derecho a no ser sometido a medidas de aislamiento o cualquier práctica con tratos crueles.

“Como se mencionó en 2022, los hospitales psiquiátricos no se cierran, sólo se fortalecen al igual que el primer y segundo nivel”

—  Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones

De acuerdo con la organización civil Documenta, la nueva ley de 2022 pretendía que los actuales hospitales psiquiátricos se conviertan en centros ambulatorios o en hospitales generales dentro de la red integrada de servicios de salud del país.

Sin embargo, la atención psiquiátrica sigue siendo un tema inaccesible para la población debido a que el 77% de las camas de psiquiatría están ubicadas en ciudades grandes o cerca de éstas; el 42.09% de las y los especialistas en psiquiatría están en la Ciudad de México, el 11.22% en Jalisco y el 7.03% en Nuevo León; solamente entre el 21% y 50% de los servicios de atención primaria en donde hay médicos tienen medicamentos, mientras que en aquellos en los que no hay médicos la disponibilidad oscila entre el 1% y 20%

México no invierte lo que debiera en salud mental

De acuerdo con Judith Senyasen Méndez Méndez, investigadora del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, México no invierte lo que debería en salud mental, lo cual es ‘muy grave’, porque estamos hablando de un serio problema de salud de la población.

Explicó que para 2024, el presupuesto en materia de salud mental será de 3 mil 724 millones de pesos, sólo un aumento de 24 millones de pesos con relación a 2023, pese al aumento exponencial en la cantidad de mexicanos que requieren atención para algún padecimiento mental que, como ya se mencionó, ascienden a 24 millones de pacientes con diferentes necesidades.

Dijo que para igualar el nivel promedio de la región, que son 8 dólares por personas sin seguridad social, México tendría —por lo menos— que triplicar su presupuesto en la materia.

“Esta brecha que vemos en salud mental, tiene mucho que ver con la brecha que tenemos en salud, debemos destinar al menos 6 puntos del PIB en materia de salud, pero México sólo invierte 2.8 puntos porcentuales del PIB”, estableció.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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