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México

El 65% de la pobreza extrema es en zonas rurales

La Confederación Nacional Campesina se pronunció hoy porque el gobierno de Enrique Peña Nieto impulse la Reforma Profunda al Campo para que Alrededor de 30 millones de habitantes del sector rural.

La Confederación Nacional Campesina se pronunció hoy porque el gobierno de Enrique Peña Nieto impulse la Reforma Profunda al Campo para que Alrededor de 30 millones de habitantes del sector rural contribuyan más al desarrollo del país, luego de las condiciones alarmantes en que el régimen panista dejó al campo mexicano.

Gerardo Sánchez García, senador y presidente de la CNC, pidió que esa demanda sea considerada con el mismo valor estratégico nacional que las reformas laboral, energética, política y fiscal.

El líder de los cenecistas señaló lo anterior luego de informar que este lunes 10 de diciembre Enrique Martínez y Martínez, recién nombrado secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Social, Pesca y Alimentación (SAGARPA), asistirá como invitado especial al Consejo Político y de Desarrollo Rural de la Confederación Nacional Campesina que bajo el título “El Pacto de México” analizará los mensajes del presidente de la República.

Porque, argumentó en su convocatoria, es necesario reflexionar el primer mensaje a la Nación, resaltando el trazo de 5 ejes fundamentales del gobierno, dentro de los cuales se destaca el lograr un México incluyente, combatiendo la pobreza y cerrando la brecha de desigualdad social que divide a México.

“El objetivo, aseguró, es lograr que el país se integre por una sociedad de clase media con equidad y cohesión social e igualdad de oportunidades, siendo el campo imprescindible en la ruta del país por transformarse en una potencia económica emergente”.

Sánchez García estimó que para ello es necesario aplicar una política de Estado al campo en la que se revalorice al sector rural como parte esencial y estratégica del desarrollo socioeconómico del país, ya que no es posible resolver su compleja problemática con sólo acciones aisladas y descoordinadas como sucedió con el Partido Acción Nacional (PAN).

El líder de la CNC recordó que en los dos últimos gobiernos panistas, México ha enfrentado tres grandes crisis de carácter mundial que han afectado aún más la situación del sector rural, lo que derivó en la concentración del 65 % de la pobreza extrema en zonas rurales; dependencia alimentaria cercana al 50 % de las necesidades básicas y un déficit de la balanza agroalimentaria que gira en alrededor de 4 mil millones de dólares anuales.

Por si fuera poco, concluyó, hay que enfrentar al deterioro creciente del suelo, agua, flora y fauna; migración y ruptura del tejido familiar y social que, actualmente, ante la falta de empleos en el vecino país y el endurecimiento de sus medidas migratorias, han repercutido en una disminución de las remesas, el regreso de los connacionales y una mayor problemática en las comunidades.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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