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El abogado de Granier dice que no tiene procesos penales en su contra

Andrés Granier, exgobernador de Tabasco, no tiene ningún proceso penal en su contra, «no hay formal prisión ni acusación formal», dijo Eduardo Luengo Creel, su abogado defensor.

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Andrés Granier, exgobernador de Tabasco, no tiene ningún proceso penal en su contra, «no hay formal prisión ni acusación formal», dijo Eduardo Luengo Creel, su abogado defensor.

Lo que hay «son declaraciones del procurador de Justicia de Tabasco, quien lo ha señalado como presunto responsable de una averiguación previa, en la que no hemos visto ni una sola prueba, ni los abogados ni los medios», aseguró, citó la agencia Notimex.

Luengo Creel dijo que Granier estará en México hasta que se aclare lo que se tenga que aclarar ante la PGR, porque su cliente está dispuesto a aportar todas las pruebas que estén a su alcance y probar su inocencia.

El abogado dijo que siempre y cuando se respeten sus derechos, Andrés Granier buscarará ampararse, al menos que en Tabasco no se respeten sus garantías, aseguró.

En cuanto Granier Melo comparezca, comunicará a sus defensores la situación del caso, entonces podremos «conocer el expediente para aportar las pruebas suficientes y necesarias y demostrar que está ajeno a los hechos que se le atribuyen», precisó el defensor del exgobernador, según la agencia.

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ONU advierte posibles crímenes de lesa humanidad por desapariciones en México

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Ciudad de México.— El Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada advirtió que la magnitud y los patrones de desapariciones en México podrían constituir crímenes de lesa humanidad, lo que generó el rechazo del Gobierno federal, que calificó el informe como tendencioso y carente de rigor jurídico.

De acuerdo con el organismo, México concentra el 38 por ciento de las acciones urgentes a nivel mundial en esta materia, con 819 casos registrados entre 2012 y febrero de 2026. En ese periodo se suman 40 nuevas solicitudes presentadas en los últimos cinco meses. El comité también señaló la existencia continua de fosas clandestinas, en las que se han localizado más de 6 mil 200 cadáveres y 76 mil restos humanos, la mayoría sin identificar.

El informe precisa que no hay evidencia de una política federal deliberada para llevar a cabo desapariciones; sin embargo, advierte que algunos casos apuntan a la participación o complicidad de funcionarios públicos con grupos delictivos.

En respuesta, el Gobierno mexicano, a través de las secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación, sostuvo que el documento omite los avances institucionales y reformas impulsadas en la actual administración. Además, señaló que el análisis se enfoca en hechos ocurridos entre 2009 y 2017, durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, por lo que no refleja la situación actual del país.

Las autoridades también criticaron que el comité no consideró información actualizada enviada el 27 de marzo y denunciaron un posible conflicto de interés, al señalar que al menos uno de los redactores del informe ha colaborado con organizaciones que han litigado contra el Estado mexicano.

El Gobierno reiteró que no se toleran ni se ordenan desapariciones en el país.

La solicitud del grupo de expertos fue enviada al secretario general de la ONU, António Guterres, con el fin de que sea remitida de manera urgente a la Asamblea General para determinar posibles acciones de apoyo. Hasta el momento no se han dado a conocer resoluciones al respecto.

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