La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha revelado irregularidades significativas en la nómina educativa de Veracruz durante el año 2025, incluyendo pagos a trabajadores con plazas geográficamente incompatibles, empleados con licencia sin goce de sueldo, personal dado de baja y hasta personas registradas como fallecidas. Esta auditoría, identificada como la 2126, se centró en el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (Fone), dejando un total de 48 millones 657 mil 604 pesos pendientes de aclarar, además de emitir ocho pliegos de observaciones por un posible daño a la hacienda pública federal.

El monto más significativo de las irregularidades asciende a 38.9 millones de pesos, correspondientes a 105 trabajadores que ocupaban plazas en más de un centro de trabajo, cuyas ubicaciones resultaron ser geográficamente incompatibles. La auditoría también identificó 4.6 millones de pesos pagados a 36 trabajadores que estaban en licencia sin goce de sueldo, así como 2.2 millones de pesos entregados a 87 empleados después de su fecha de baja.

Además, se encontraron pagos a trabajadores que figuraban como fallecidos. En la nómina federal, quedaron sin aclarar 345 mil 946 pesos correspondientes a dos personas con registro de defunción, mientras que en la nómina estatal se observaron 302 mil 75 pesos pagados a 12 trabajadores en la misma situación. La ASF también detectó 543 mil 355 pesos pagados a un trabajador que desempeñaba funciones en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), sin que se acreditaran actividades vinculadas con la educación básica y normal.

La revisión de la ASF abarcó un total de 38 mil 21 millones de pesos, lo que representa el 98.5% de los recursos del Fone transferidos a Veracruz. Durante el proceso de auditoría, el gobierno estatal reintegró 9 millones 875 mil pesos a la Tesorería de la Federación. Asimismo, la fiscalización incluyó un análisis de las contrataciones realizadas por la Secretaría de Educación de Veracruz, donde se determinó que en seis adquisiciones efectuadas mediante adjudicación directa, las circunstancias extraordinarias invocadas para evitar la licitación pública no fueron debidamente justificadas.