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Opinión

El algoritmo. Por Raúl Saucedo

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Ecos de la pandemia

En el dinámico panorama de las redes sociales, TikTok se enfrenta a un desafío que podría cambiar radicalmente su presencia en los Estados Unidos. La reciente aprobación de un proyecto de ley en la Cámara de Representantes(Diputados), que busca prohibir TikTok a menos que se desvincule de su empresa matriz de origen chino, ByteDance, ha generado un intenso debate en el país norteamericano. Este proyecto de ley, conocido como la Ley de Protección de los Estadounidenses frente a Aplicaciones Controladas por Adversarios Extranjeros, no solo abordacuestiones de seguridad nacional sino que también toca fibras sensibles relacionadas con la libertad de expresión y el impacto económico en el ámbito tecnológico y cultural.

El amplio margen con el que fue aprobada la ley en la Cámara de representantes, con 352 votos a favor frente a 65 en contra, refleja las implicaciones de seguridad nacional que supone la vinculación de TikTok con el país asiático de China. Sin embargo, esta decisión no ha sido recibida sin controversia, particularmente entre los cerca de 170 millones de usuarios que actualmente utilizan TikTok en Estados Unidos. Para muchos, la plataforma es más que un simple espacio de entretenimiento; es un medio vital para la conexión social, la información y el sustento económico.

Aunque la ley ha superado un obstáculo significativo en la Cámara de representantes, su futuro en el Senado sigue siendo incierto. Las preocupaciones sobre la constitucionalidad de la medida, y la oposición de figuras políticas como el expresidente Donald Trump quien será el próximo candidato republicano a la casa blanca, sugieren que el debate está lejos de concluir.

Por otro lado, la respuesta de la red social asiática ha sido clara. La plataforma no solo ha alertado a sus usuarios sobre la posible prohibición, sino que ha instado a una acción directa, resultando en un notable activismo digital. Los usuarios, muchos de los cuales son jóvenes votantes, han expresado su descontento y su potencial influencia electoral dentro del proceso electoral 2024 no puede ser ignorada. Este activismo se refleja en declaraciones de portavoces de TikTok después de la votación, subrayando la esperanza de que «el Senado considere los hechos y escuche a sus electores».

Más allá de las consecuencias legislativas inmediatas, el caso de TikTok plantea preguntas más amplias sobre la regulación de plataformas digitales en un mundo globalizado. ¿Cómo equilibramos las preocupaciones de seguridad nacional con los derechos a la libertad de expresión y acceso a la información? Este dilema se ve complicado.

TikTok ya ha presentado una demanda para bloquear la legislación, argumentando que es inconstitucional. Esta batalla legal no solo decidirá el futuro de la red social en los EE.UU., sino que también podría establecer un precedente significativo sobre cómo el gobierno regula la tecnología

Este episodio es un claro recordatorio de que en la era de la información, las decisiones políticas sobre tecnología pueden tener repercusiones amplias y profundas, afectando todo, desde derechos individuales hasta la dinámica del mercado global. Los próximos pasos del Senado, y potencialmente de los tribunales, serán cruciales para determinar no solo el futuro de TikTok, sino también el de la regulación gubernamental de la tecnología en general.

Parece lejos aquel 2020 donde esta red social entro de lleno en la vida de la mayoría de las personas pertenecientes a las generaciones Milenian y Z. Lo declarado aquel 18 de marzo del 2020 por mi persona sigue vigente, aunque ahora considero seguir más de cerca las repercusiones de la legislación tecnológica, por lo pronto sigamos al tanto de los candidatos en todo el mundo y la difusión de sus videos con tal de llegar a cierta audiencia aunque esto quizá “denigre” el quehacer político.

Y recuerde temerle al algoritmo es temerle a uno mismo…

@Raul_Saucedo

rsaucedo@uach.mx

 

Opinión

Duarte: de los bares de Chihuahua al Altiplano. Por Karen Torres

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En México y en la política, lo que parece pasado, siempre regresa para explicar el presente. Hay nombres que regresan una y otra vez como si fueran espectros empeñados en recordarnos las fracturas del sistema. Uno de ellos es César Horacio Duarte Jáquez, exgobernador de Chihuahua (2010-2016), figura central de uno de los expedientes de corrupción más voluminosos en la historia reciente del país.

Karen Torres A.

Y ahora, tras años de idas y venidas judiciales, vuelve a los titulares: la Fiscalía General de la República ordenó su recaptura y lo trasladó al penal de máxima seguridad del Altiplano.

Este episodio no ocurre en el vacío. Es parte de una historia que lleva casi una década escribiéndose entre detenciones, extradiciones, procesos fragmentados y una libertad condicional que muchos chihuahuenses vieron como una burla abierta.

Pero también es un movimiento político que envía un mensaje contundente: la nueva administración federal quiere que se entienda que, al menos en la Fiscalía, el viejo pacto de impunidad ya no opera “para algunos”. Y Duarte es la vívida señal, ojalá esto no se trate únicamente de justicia selectiva.

Duarte huyó de México en 2017, cuando la entonces Fiscalía de Chihuahua, bajo el gobierno de Javier Corral, integró al menos 21 órdenes de aprehensión en su contra. Los cargos eran amplios y concretos:

  • Peculado agravado por más de 1,200 millones de pesos,
  • Desvío de recursos públicos hacia campañas priistas,
  • Enriquecimiento ilícito,
  • Uso indebido de atribuciones y facultades
  • Y una red de empresas fantasma operadas desde su círculo íntimo.

Fue detenido en Miami el 8 de julio de 2020 en Estados Unidos. Ahí pasó 2 años mientras se resolvía un proceso de extradición. Finalmente, en junio de 2022, el gobierno estadounidense lo entregó a México bajo cargos de peculado agravado y asociación delictuosa.

Su llegada al país fue presentada por la Fiscalía como un triunfo institucional. Pero para Chihuahua comenzaba un capítulo distinto: la prisión preventiva en el Cereso de Aquiles Serdán, donde Duarte permaneció alrededor de 2 años más, entre audiencias diferidas, cambios de jueces y tácticas legales el caso se fue transformando en un rompecabezas jurídico que pocos lograron seguir con claridad.

Llegó la cuestionada libertad condicional de 2024: 

En agosto de 2024, en una audiencia sorpresiva, Duarte obtuvo libertad condicional bajo el argumento de que llevaba tiempo suficiente privado de la libertad y que su conducta había sido “adecuada”, sin haber recibido sentencia alguna.

La imagen era insólita: un político acusado de desviar más de mil millones de pesos, señalado de haber quebrado fondos públicos y endeudado al estado por generaciones…

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