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México

El conflicto en Pahuatlán es de dinero: evangélicos

El conflicto en Pahuatlán es de dinero: evangélicos

Autoridades y evangélicos llegaron a un acuerdo la mañana de ayer
Ayer, autoridades religiosas, así como estatales, municipales y los delegados de la comunidad se reunieron para destrabar el problema: se acordó que los expulsados regresarán a la localidad

Por: Rubén Juárez | Huejutla

Representantes legales de la comunidad evangélica en Pahuatlán aseguraron que el encarcelamiento y expulsión de algunos de sus integrantes derivó de un conflicto interno y no religioso, como se publicó en diversos medios a lo largo de la semana por versiones de organismos cristianos.
Los bautistas reconocieron que el origen del conflicto fue la negativa a aportar cooperaración para las faenas y fiestas patronales, así como el incumplimiento de acuerdos del grupo feligrés.
Detonante
…EL LUNES PASADO, los delegados de la comunidad se reunieron con evangélicos para solicitar las cuotas pactadas el 19 de abril, que ascendían a más de 16 mil pesos, lo que detonó el conflicto.

Durante la reunión-asamblea, celebrada en la galera pública de Pahuatlán, ayer arribaron el apoderado legal de la Iglesia Bautista Emanuel, Isaac Bermúdez García; el director de Asuntos Religiosos de la Subsecretaría de Gobierno, Antonio Vital Pérez, y el secretario municipal de Huejutla, Francisco Apellaniz Gandi.
El asunto, de carácter social, dijeron autoridades delegacionales de la localidad huasteca, tuvo como resultado la salida de varios habitantes evangélicos de la comunidad; unos por acuerdo de asamblea y otros por voluntad.
Los delegados de Pahuatlán, Antonio Cruz Hernández y Antonio Hernández González, aclararon que las viviendas y la iglesia bautista permanecieron cerradas, pero no fueron afectadas.
Luego de la asamblea, las partes involucradas establecieron que “el apoderado legal de los evangélicos, Isaac Bermúdez, conviene con la asamblea comunitaria que en este acto se cubre la entrega del recurso que estaba comprometido a otorgar por parte de los bautistas desde el 19 de abril por concepto de faenas y cooperaciones”.
Asimismo, los evangélicos acordaron con las autoridades de Pahuatlán la ratificación de todos los puntos de la minuta firmada el 19 de abril, la cual establece cooperaciones monetarias.
En caso de incumplimiento, los encargados de la comunidad, algunos de ellos católicos, no tomarán acciones fuera del marco legal: notificarán al ayuntamiento.
La administración municipal, a su vez, llamará al representante legal de los bautistas (Bermúdez) para que se resuelva cualquier situación que implique a dicha religión; además, se deberá notificar a las autoridades de la Subsecretaría de Gobierno en la Huasteca.
Durante el diálogo con pastores bautistas, las autoridades delegacionales de Pahuatlán también se comprometieron a evitar repercusión legal por lo ocurrido el lunes pasado, cuando los evangélicos desconocieron los acuerdos firmados en abril.
En caso de reincidir en incumplir lo acordado, los encargados de la comunidad de Huejutla acudirán con la instancia competente.
De igual forma, los habitantes de Pahuatlán, independientemente de sus creencias o filiaciones, deberán garantizar la seguridad y la paz social en el poblado.
En el último punto de acuerdo entre los evangelicos, los delegados y los representanes de los gobiernos estatal y municipal, se plasmó que los bautistas que salieron de la localidad pueden regresar “sin ningún problema” a sus casas y retomar sus actividades cotidianas.
Además, los delegados de Pahuatlán se comprometen “irrestrictamente” a apoyar a los pastores evangélicos en las gestiones de su Iglesia: darán seguimiento ante las instancias correspondientes y proporcionarán las facilidades para sus actividades.
A partir de la firma de la nueva minuta, se establece que en caso de que los bautistas no puedan realizar faenas en favor de la comunidad, pagarán un peón para que las lleve a cabo.
Luego de establecer acuerdos, se precisó que en Pahuatlán habitan 180 evangélicos bautistas, por lo que rechazaron que sean 250, como dijo el jueves a Criterio la Coordinación de Organizaciones Cristianas.
El titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Huejutla, Juan Carlos Vega, deberá trasladar a los evangélicos refugiados en Chililico hasta su lugar de origen.
SEÑALA INTERVENCIÓN
Tras la reunión, el director de Asuntos Religiosos de la Subsecretaría de Gobierno aclaró que se han efectuado 26 reuniones entre ambas partes, logrando que la tarde de ayer “se llegara a los mejores acuerdos, donde siempre existió voluntad entre la población y las autoridades de Pahuatlán para resolver pacíficamente el conflcito que se presentó desde el lunes pasado.

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México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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