Conecta con nosotros

México

El costo de la deuda en México baja 9.2% en 2021 por primera vez desde hace 8 años

El costo financiero de la deuda disminuyó –9.2 por ciento en los primeros ocho meses de este año, por lo que el Gobierno federal sólo tuvo que desembolsar en intereses y comisiones un total de 422 mil 430.6 millones de pesos, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

La cantidad programada por Hacienda era de 452 mil 996 millones de pesos, pero la cifra fue menor en 30.6 mil millones de pesos, por lo que el Gobierno no sufrió para pagar los intereses de la deuda y por primera vez desde 2013, cuando se redujo en un –4.8 por ciento, el costo financiero de la deuda disminuyó, según muestran los datos de la SHCP.

Desde el año 2006 al 2021, en el periodo enero-agosto, el costo financiero de la deuda se ha reducido seis veces: 2021 (–9.2 por ciento), 2013 (–4.8 por ciento), 2011 (–1.0 por ciento), 2010 (–14.6 por ciento), 2008 (–13.9 por ciento) y 2007 (–10.3 por ciento).

Los años en los que el Gobierno ha tenido que pagar más por los intereses de la deuda durante el mismo periodo son: 2015 (20.60 por ciento), 2016 (14.90 por ciento) y 2012 (13.20 por ciento). La mayor parte en el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto.

El costo financiero de la deuda se compone de los intereses, comisiones y gastos de la deuda pública, así como de los recursos que se destinan al saneamiento del sistema financiero. En promedio, según los datos de la SHCP, en los últimos 10 años el 94 por ciento del costo financiero ha sido para el pago de intereses y 5 por ciento para el saneamiento financiero.

Lo que se logró en los primeros ocho meses del año se reflejó en un superávit primario de 149.2 mil millones de pesos, mayor en 138.7 mil millones de pesos que el superávit programado para el periodo. Asimismo, el déficit público se ubicó en 262.4 mil millones de pesos, que se compara favorablemente con el déficit programado de 442.5 mil millones de pesos.

“El costo de esta deuda significa un sacrificio de liquidez grande para las finanzas públicas porque se destinan poco más de 700 millones de pesos para cubrir este costo, una cantidad que está muy por arriba de lo que se destina para los programas sociales, incluso para la inversión pública”, explicó a SinEmbargo Gerardo López Cervantes, doctor en economía por la Universidad Autónoma de Madrid.

El también profesor catedrático de Universidad Autónoma de Sinaloa destacó que desde hace sexenios los mexicanos venimos pagando tanto la deuda pública como sus costos. “Por ejemplo, uno de los beneficiarios son los rescatados en la década de los 90 con el Fobaproa, que es una deuda que seguimos pagando”.

De acuerdo con el reporte de Hacienda, el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP) ascendió a 12 billones 562.0 mil millones de pesos y la deuda neta del sector público se ubicó en 12 billones 508.3 mil millones de pesos.

De esta forma, la deuda neta del Gobierno federal se ubicó en 9 billones 808.2 mil millones de pesos, de los cuales, 77 por ciento se encuentra denominada en moneda nacional y 79.9 por ciento de valores gubernamentales está a tasa fija y a largo plazo, reflejando una estructura sólida del portafolio ante los riesgos de los mercados financieros.

A finales de septiembre Rogelio Ramírez de la O, titular de la SHCP, destacó ante diputados, con motivo de la glosa del Tercer Informe de Gobierno, el compromiso del Gobierno federal de no endeudamiento. El funcionario mencionó que se recibió la deuda en 44.9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), se mantuvo así en 2019, en 2020 saltó a 52. 3 por ciento porque cayó el PIB en 8.2 por ciento reales más la inflación.

Para julio de 2021 el porcentaje de deuda del PIB es de 48.2 por ciento y se comprometió a mantenerla alrededor del 50 por ciento.

“Tenemos un manejo de deuda que ha reducido su costo financiero en 10 mil millones de pesos respecto de lo que estaba programado”, dijo ante diputados. Precisó que no hay una desaparición del Fonden y los recursos presupuestarios para 2022 son de 9 mil 55 millones de pesos.

Para el economista López Cervantes, el Gobierno federal actual ha manejado un nivel prudente en cuanto a la deuda y eso se reflejó en el pico de la pandemia cuando la mayoría de los países echó mano de un crédito.

“El hecho de que no se haya recurrido a un mayor endeudamiento para salir al rescate de empresas como lo hacían los gobiernos anteriores es positivo porque hoy estuviéramos hablando de una relación del 55 por ciento del PIB y estaríamos pagando más costos financieros por la deuda. España, Inglaterra, Francia andan con enormes deudas, España tiene una deuda de 120 por ciento del PIB”, detalló el doctor Gerardo López Cervantes.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

Continuar Leyendo
Publicidad
Publicidad
Publicidad

Más visto