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México

El crimen organizado intervino en la elección de Michoacán en 2011: Felipe Calderón

Luego de que las dirigencias nacionales de los partidos PRI-PAN-PRD manifestaron su preocupación ante la posibilidad de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) valide la elección a la gubernatura en Michoacán en favor del candidato de Morena, Alfredo Ramirez Bedolla, el expresidente Felipe Calderón también se pronunció sobre el tema.

 

A través de su cuenta de Twitter, el exmandatario de origen michoacano escribió: “Como lo narro en #DecisionesDifíciles, el Crimen Organizado intervino en las elecciones de Gobernador de Michoacán ya en 2011. Por desgracia, el Tribunal ignoró entonces la apelación. Hoy el @TEPJF_informa puede anular la elección. Sería una contribución poderosa a la Democracia”, destacó.

Por su parte, los tres partidos advirtieron mediante un comunicado, que es inadmisible que a pesar de que hay pruebas de la injerencia de grupos del crimen organizado en el pasado proceso electoral en la entidad, esto no sea un elemento suficiente como causal de nulidad, con lo que se estaría avalando la participación de la delincuencia en las elecciones del pasado 6 de junio en esa entidad, lo que sentaría un preocupante precedente en la vida electoral del país.

 

Advirtieron que avalar los resultados de los comicios no solo tendría graves repercusiones para la entidad, que estaría controlada por un narcogobierno, sino que sentaría un peligroso precedente en la vida institucional de México.

Para los comicios que ocurrirán en los siguientes años, es necesario actuar en el marco de la legalidad y del derecho de las y los ciudadanos a elegir a sus gobernantes, sobre todo con miras a la elección presidencial de 2024?, alertaron.

 

Y es que este martes, la Sala Superior del TEPJF podría validar el resultado del pasado 6 de junio y el triunfo de Ramírez Bedolla a la gubernatura de Michoacán, a pesar de que algunos de los magistrados consideraron que sí pudo haber intervención del crimen organizado, pero “sólo fue” en los municipios de Múgica, Gabriel Zamora, La Huacana y Nuevo Urecho.

En caso de que la Sala Superior del TEPJF ratifique la elección, Alfredo Ramírez Bedolla tomará posesión como gobernador de Michoacán el próximo viernes 1 de octubre.

 

El aún gobernador de la entidad, Silvano Aureoles, ha insistido en que las elecciones del pasado 6 de junio deben anularse debido a la intervención del crimen organizado. De hecho, Aureoles Conejo realizó una gira por Estados Unidos para denunciar el tema, luego de que el mandatario estatal intentó reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien le exigió pruebas de sus dichos.

 

Ante la negativa para recibirlo en Palacio Nacional, Silvano Aureoles emprendió la gira por territorio estadounidense con la finalidad de presentar sus pruebas. El gobernador se reunió, entre otros, con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, para denunciar lo sucedido y alertar por lo que dijo, se avecina con narcoestado en Michoacán.

 

 

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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