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EL DERECHO A LA CIUDAD por VICTOR OROZCO O.

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Comencé a vivir hace diez años en un fraccionamiento del sur de Ciudad Juárez. Desde entonces, en la avenida exterior, veo a trabajadores de la construcción, domésticas, estudiantes, que caminan por la calle con los automóviles casi rosándoles, porque los dueños de los grandes predios y edificios de ambos lados no construyeron banquetas peatonales. Cuando llueve, tienen que caminar como equilibristas por los cordones. Quien quiera se tome la molestia de observar distintos barrios y zonas habitacionales, puede percatarse de que este espectáculo ocurrido fuera de mi fraccionamiento no es nada excepcional: es la regla.

La despiadada falta de banquetas, es apenas una breve muestra que revela la tragedia en la cual ha sido despeñada la ciudad fronteriza. Atravieso el viejo Juárez, en el cual se comprende mucho más que el centro tradicional de las ciudades mexicanas, la plaza de armas, la catedral, el palacio municipal o de gobierno. El espectáculo es deprimente: decenas y decenas de cuadras derrotadas, con edificios y casas clausurados con maderas podridas o de plano derruidos. Salvan la vista algunas añosas lilas y frondosos moros verde oscuro, que se resisten a morir. Fueron plantados por anteriores dueños quienes nunca se imaginaron la ruina que asolaría a sus cuidados porches y menos aún la carga económica o peso moral que representarían las antaño orgullosas fincas para sus herederos, incapaces de hacer nada con ellas, salvo dejarlas en el abandono.

¿Qué le pasó a Ciudad Juárez?. ¿Desde cuando dejó de ser un lugar donde se podía caminar y comprar en sus calles?. ¿Cómo se convirtió en una urbe saturada de automóviles, sin lugar para los de a pie? ¿A la que debe uno subirse al carro para ir a comprar tortillas o el periódico?. Hay hechos abrumadores. La mancha urbana se extendió sin control alguno. Arrasó con alamedas, sembradíos, acequias, sauzales. A lo largo de las centenarias vegas cultivadas del río Bravo, aparecieron las máquinas devastadoras que no dejaron piedra ni surco sin remover y llenaron el subsuelo con escombros. Las plantas maquiladoras se multiplicaron, generando rentas industriales a manos llenas para los inversionistas extranjeros. En derredor de la mesa, capitalistas y empresarios criollos, encontraron gruesos veneros de riqueza sirviendo como intermediarios, consultores, cobradores de rentas inmobiliarias, gestores. Una de sus actividades preferidas fue la especulación con la tierra, barata, disponible en los ejidos circundantes y predios rurales. Se dedicaron a construir un fraccionamiento tras otro, cada vez más lejos, cada vez mas caros para el presupuesto social, del cual salió el dinero necesario para proveer el equipamiento urbano, mediocre en la mayor parte de los casos, pero suficiente para ocupar o vender las nuevas viviendas, construidas con dinero público.

¿Correspondió esta expansión urbana con el crecimiento de la población?. Para nada. En los años dorados del incremento demográfico, después de 1980, el espacio urbano aumentó siete veces más que los habitantes y luego, después de 2005 doce veces. Podrá pensarse que esta edificación masiva respondió a las necesidades de los sin casa, pero no. Hace un lustro, más de la cuarta parte de las viviendas en las cuales nos alojamos los juarenses, estaba abandonado, casi 120,000 de ellas.

¿Entonces a quien benefició este monstruoso crecimiento urbano?. Ha dejado miseria y suciedad por todos lados, ha dañado y sigue dañando de manera irreparable el medio ambiente, implica la multiplicación de los gastos para transporte, combustibles, llantas, equipamiento diverso, en tubería, cableados, vigilancia, etcétera. Desde luego no ayudó a la gente, no a la mayoría de los pobladores. Hay que buscar a los favorecidos en ese montón de colusiones criminales entre los intereses privados y las autoridades a los largo de muchas décadas. Gobernadores, presidentes municipales, delegados federales, banqueros, “desarrolladores urbanos”, regidores, según su tamaño, pudieron saborearse con las ganancias con cada autorización de un nuevo fraccionamiento y el otorgamiento de nuevos créditos. Ya se pagarían los platos rotos por los sufridos vecinos. Los privilegiados con automóvil manejarán distancias mayores y las miríadas de infortunados usuarios de los deplorables camiones, caminarán por la arena ardiente o congelada. En el peor de los casos, muchos deberán dejar su flamante vivienda a los depredadores.

¿Se ignoraban estos hechos?. Es decir, ¿se carecía de experiencias ocurridas en México o en el extranjero sobre la formas como las ciudades se van haciendo gradualmente inhóspitas y hostiles para sus habitantes?. Ciertamente que no. Hace casi medio siglo, en 1968, Henri Lefebvre escribió su clásico libro El Derecho a la Ciudad, en donde examinaba y denunciaba este proceso mediante el cual los altos poderes han arrebatado su hábitat a los pobladores citadinos. Después de él, un sinnúmero de filósofos, arquitectos, economistas, sociólogos, historiadores, han profundizado en el tema, ofreciendo alternativas, llamando a un desarrollo urbano sustentable y a devolver las ciudades a las gentes. Por pensadores y propuestas de alto nivel no ha quedado.

En especial, Ciudad Juárez es una de las urbes mexicanas más estudiadas. Ha sido objeto de cientos de trabajos de investigación, quienes la han explorado desde incontables vertientes y perspectivas. Sólo en la obra colectiva Chihuahua Hoy. Visiones de su historia, economía política y cultura, editado anualmente por la UACJ, se han publicado decenas de textos sobre Ciudad Juárez, desde 2003 a la fecha. El Instituto Municipal de Investigación y Planeación, ha contado con calificados planificadores urbanos. Hay entre todos los estudiosos una opinión unánime: rescatemos la ciudad, hagámosla amigable, vivible. ¿Pero quién les ha hecho caso?. ¿Quién ha podido vencer a la egolatría, la arbitrariedad, los caprichos y sobre todo a la bolsa de los gobernantes?.

Una propuesta concreta ha cobrado consenso desde hace tiempo: debe impulsarse el repoblamiento del centro y de las colonias aledañas. Una vía para lograr este objetivo es orientar la inversión pública con la construcción de edificios estatales en la zona y estimular a la privada. Esto se ha realizado en otras ciudades del país y sin ir muy lejos en la capital del estado. Fue una lástima que las gigantescas inversiones del nuevo campus de la UACJ, construido a 40 kilómetros del centro, no se hubiesen empleado para revitalizar la ciudad.

Mientras tanto, salgo de mi casa y veo el mismo espectáculo desesperanzador desde hace una década: enormes muros y mallas de alambre casi pegados a la calle, gentes apuradas sorteando obstáculos donde debería haber banquetas o corriendo el riesgo de ser atropellados. A estos trabajadores les ha sido arrebatado su derecho a la ciudad. Es apenas un detalle del cuadro en el que se plasma la tragedia de muchas urbes mexicanas. En particular de una cuya producción relativa de bienes materiales está entre las mayores del mundo: Ciudad Juárez.

Por: Víctor Orozco

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Reforma caída, poder en disputa. Por Caleb Ordóñez T.

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La reforma electoral enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum pretendía convertirse en una de las grandes piezas políticas de su primer tramo de gobierno. No era una iniciativa menor: implicaba tocar las reglas del sistema político mexicano, rediseñar parte de la representación legislativa y volver a colocar sobre la mesa una vieja bandera del obradorismo: abaratar la democracia mexicana. Sin embargo, lo que se anticipaba como una muestra de fuerza legislativa terminó convirtiéndose en el primer gran aviso de que el poder dentro de la coalición oficialista ya no funciona con obediencia automática.

La propuesta partía de una idea políticamente rentable: reducir costos y simplificar estructuras. Entre los puntos centrales estaba disminuir el número de senadores, modificar el esquema de representación proporcional y recortar gastos electorales que, desde la narrativa presidencial, siguen siendo excesivos para un país con enormes desigualdades sociales. También se buscaba actualizar reglas frente al uso de inteligencia artificial, bots y propaganda digital en campañas, bajo el argumento de que la política mexicana ya no puede seguir regulándose con instrumentos pensados para otra época.

Pero detrás del discurso de austeridad había un elemento mucho más sensible: la redistribución real del poder entre partidos.

Ahí apareció el primer muro inesperado. El Partido del Trabajo y el Partido Verde, aliados históricos de Morena, decidieron no acompañar la iniciativa. No fue una ruptura ideológica, sino una reacción de supervivencia política. Ambos entendieron que una reducción o modificación profunda en el sistema de representación proporcional podía afectar directamente su capacidad de conservar espacios legislativos propios. En otras palabras: Morena proponía una reforma pensada desde la lógica de partido dominante, mientras sus aliados la leyeron desde la lógica de partidos que necesitan reglas protectoras para seguir siendo relevantes.

La votación dejó una fotografía políticamente incómoda: Morena no logró reunir la fuerza suficiente para sacar adelante una reforma constitucional aun teniendo la Presidencia, mayoría simple y control narrativo del debate público.

Y esa derrota tiene consecuencias internas.

Porque más allá del revés legislativo, el episodio deja a la presidenta frente a una realidad que en política pesa mucho: el capital político no es permanente, se administra y también se erosiona. Dentro de Morena, la señal fue clara: si los aliados ya marcan distancia, también empiezan a moverse los grupos internos que observan hasta dónde llega realmente la capacidad presidencial de ordenar decisiones.

Eso obliga ahora a Claudia Sheinbaum a recuperar control interno. Y una de las rutas más previsibles es endurecer su influencia en la construcción de candidaturas. Lo que viene hacia 2027 puede ser un proceso mucho más cerrado, donde perfiles cercanos a Palacio Nacional busquen ocupar candidaturas a gubernaturas y diputaciones federales como mecanismo de blindaje político. Es decir: si el Congreso mostró límites, entonces la siguiente apuesta será construir una mayoría futura más disciplinada desde el origen.

En política mexicana eso suele traducirse en una lógica sencilla: menos concesiones territoriales y más control sobre quién llega.

Por eso no es casual que desde el entorno presidencial ya se hable del llamado “Plan B”.

La presidenta ha dejado claro que el fracaso de una reforma constitucional no significa renunciar al proyecto. El plan alterno consiste en avanzar por rutas secundarias: reformas legales ordinarias, ajustes administrativos y decisiones presupuestales que no necesiten mayoría calificada. Reducir financiamiento público a partidos, endurecer reglas de operación institucional y modificar mecanismos internos del sistema electoral pueden ejecutarse parcialmente sin tocar la Constitución.

Es una estrategia conocida: fragmentar una gran reforma en pequeñas decisiones acumulativas.

El cálculo político es evidente. Si no se puede ganar todo de una vez, se gana por partes.

Sin embargo, el costo político permanece. Porque esta votación también reveló algo más profundo: la coalición gobernante ya entró en una etapa donde cada aliado comienza a defender su propio futuro electoral.

Y cuando eso ocurre, cada iniciativa deja de ser solamente técnica para convertirse en una negociación de poder.

La reforma electoral no murió; simplemente abrió una nueva batalla.

Una donde ya no basta tener mayoría moral, narrativa presidencial o popularidad pública. Ahora también habrá que reconstruir disciplina política.

Y esa es quizá la prueba más delicada que enfrenta hoy la presidenta: demostrar que todavía puede ordenar a su propia mayoría sin fracturar el proyecto que la llevó al poder.

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