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Opinión

EL DERECHO A LA CIUDAD por VICTOR OROZCO O.

Comencé a vivir hace diez años en un fraccionamiento del sur de Ciudad Juárez. Desde entonces, en la avenida exterior, veo a trabajadores de la construcción, domésticas, estudiantes, que caminan por la calle con los automóviles casi rosándoles, porque los dueños de los grandes predios y edificios de ambos lados no construyeron banquetas peatonales. Cuando llueve, tienen que caminar como equilibristas por los cordones. Quien quiera se tome la molestia de observar distintos barrios y zonas habitacionales, puede percatarse de que este espectáculo ocurrido fuera de mi fraccionamiento no es nada excepcional: es la regla.

La despiadada falta de banquetas, es apenas una breve muestra que revela la tragedia en la cual ha sido despeñada la ciudad fronteriza. Atravieso el viejo Juárez, en el cual se comprende mucho más que el centro tradicional de las ciudades mexicanas, la plaza de armas, la catedral, el palacio municipal o de gobierno. El espectáculo es deprimente: decenas y decenas de cuadras derrotadas, con edificios y casas clausurados con maderas podridas o de plano derruidos. Salvan la vista algunas añosas lilas y frondosos moros verde oscuro, que se resisten a morir. Fueron plantados por anteriores dueños quienes nunca se imaginaron la ruina que asolaría a sus cuidados porches y menos aún la carga económica o peso moral que representarían las antaño orgullosas fincas para sus herederos, incapaces de hacer nada con ellas, salvo dejarlas en el abandono.

¿Qué le pasó a Ciudad Juárez?. ¿Desde cuando dejó de ser un lugar donde se podía caminar y comprar en sus calles?. ¿Cómo se convirtió en una urbe saturada de automóviles, sin lugar para los de a pie? ¿A la que debe uno subirse al carro para ir a comprar tortillas o el periódico?. Hay hechos abrumadores. La mancha urbana se extendió sin control alguno. Arrasó con alamedas, sembradíos, acequias, sauzales. A lo largo de las centenarias vegas cultivadas del río Bravo, aparecieron las máquinas devastadoras que no dejaron piedra ni surco sin remover y llenaron el subsuelo con escombros. Las plantas maquiladoras se multiplicaron, generando rentas industriales a manos llenas para los inversionistas extranjeros. En derredor de la mesa, capitalistas y empresarios criollos, encontraron gruesos veneros de riqueza sirviendo como intermediarios, consultores, cobradores de rentas inmobiliarias, gestores. Una de sus actividades preferidas fue la especulación con la tierra, barata, disponible en los ejidos circundantes y predios rurales. Se dedicaron a construir un fraccionamiento tras otro, cada vez más lejos, cada vez mas caros para el presupuesto social, del cual salió el dinero necesario para proveer el equipamiento urbano, mediocre en la mayor parte de los casos, pero suficiente para ocupar o vender las nuevas viviendas, construidas con dinero público.

¿Correspondió esta expansión urbana con el crecimiento de la población?. Para nada. En los años dorados del incremento demográfico, después de 1980, el espacio urbano aumentó siete veces más que los habitantes y luego, después de 2005 doce veces. Podrá pensarse que esta edificación masiva respondió a las necesidades de los sin casa, pero no. Hace un lustro, más de la cuarta parte de las viviendas en las cuales nos alojamos los juarenses, estaba abandonado, casi 120,000 de ellas.

¿Entonces a quien benefició este monstruoso crecimiento urbano?. Ha dejado miseria y suciedad por todos lados, ha dañado y sigue dañando de manera irreparable el medio ambiente, implica la multiplicación de los gastos para transporte, combustibles, llantas, equipamiento diverso, en tubería, cableados, vigilancia, etcétera. Desde luego no ayudó a la gente, no a la mayoría de los pobladores. Hay que buscar a los favorecidos en ese montón de colusiones criminales entre los intereses privados y las autoridades a los largo de muchas décadas. Gobernadores, presidentes municipales, delegados federales, banqueros, “desarrolladores urbanos”, regidores, según su tamaño, pudieron saborearse con las ganancias con cada autorización de un nuevo fraccionamiento y el otorgamiento de nuevos créditos. Ya se pagarían los platos rotos por los sufridos vecinos. Los privilegiados con automóvil manejarán distancias mayores y las miríadas de infortunados usuarios de los deplorables camiones, caminarán por la arena ardiente o congelada. En el peor de los casos, muchos deberán dejar su flamante vivienda a los depredadores.

¿Se ignoraban estos hechos?. Es decir, ¿se carecía de experiencias ocurridas en México o en el extranjero sobre la formas como las ciudades se van haciendo gradualmente inhóspitas y hostiles para sus habitantes?. Ciertamente que no. Hace casi medio siglo, en 1968, Henri Lefebvre escribió su clásico libro El Derecho a la Ciudad, en donde examinaba y denunciaba este proceso mediante el cual los altos poderes han arrebatado su hábitat a los pobladores citadinos. Después de él, un sinnúmero de filósofos, arquitectos, economistas, sociólogos, historiadores, han profundizado en el tema, ofreciendo alternativas, llamando a un desarrollo urbano sustentable y a devolver las ciudades a las gentes. Por pensadores y propuestas de alto nivel no ha quedado.

En especial, Ciudad Juárez es una de las urbes mexicanas más estudiadas. Ha sido objeto de cientos de trabajos de investigación, quienes la han explorado desde incontables vertientes y perspectivas. Sólo en la obra colectiva Chihuahua Hoy. Visiones de su historia, economía política y cultura, editado anualmente por la UACJ, se han publicado decenas de textos sobre Ciudad Juárez, desde 2003 a la fecha. El Instituto Municipal de Investigación y Planeación, ha contado con calificados planificadores urbanos. Hay entre todos los estudiosos una opinión unánime: rescatemos la ciudad, hagámosla amigable, vivible. ¿Pero quién les ha hecho caso?. ¿Quién ha podido vencer a la egolatría, la arbitrariedad, los caprichos y sobre todo a la bolsa de los gobernantes?.

Una propuesta concreta ha cobrado consenso desde hace tiempo: debe impulsarse el repoblamiento del centro y de las colonias aledañas. Una vía para lograr este objetivo es orientar la inversión pública con la construcción de edificios estatales en la zona y estimular a la privada. Esto se ha realizado en otras ciudades del país y sin ir muy lejos en la capital del estado. Fue una lástima que las gigantescas inversiones del nuevo campus de la UACJ, construido a 40 kilómetros del centro, no se hubiesen empleado para revitalizar la ciudad.

Mientras tanto, salgo de mi casa y veo el mismo espectáculo desesperanzador desde hace una década: enormes muros y mallas de alambre casi pegados a la calle, gentes apuradas sorteando obstáculos donde debería haber banquetas o corriendo el riesgo de ser atropellados. A estos trabajadores les ha sido arrebatado su derecho a la ciudad. Es apenas un detalle del cuadro en el que se plasma la tragedia de muchas urbes mexicanas. En particular de una cuya producción relativa de bienes materiales está entre las mayores del mundo: Ciudad Juárez.

Por: Víctor Orozco

Opinión

La semilla. Por Raúl Saucedo

Libertad Dogmática

El 4 de diciembre de 1860 marcó un hito en la historia de México, un parteaguas en la relación entre el Estado Mexicano y la Iglesia. En medio de la de la “Guerra de Reforma», el gobierno liberal de Benito Juárez, refugiado en Veracruz, promulgó la Ley de Libertad de Cultos. Esta ley, piedra angular del Estado laico mexicano, estableció la libertad de conciencia y el derecho de cada individuo a practicar la religión de su elección sin interferencia del gobierno.

En aquel entonces, la Iglesia Católica ejercía un poder absoluto en la vida política y social del país. La Ley de Libertad de Cultos, junto con otras Leyes de Reforma, buscaba romper con ese dominio, arrebatándole privilegios y limitando su influencia en la esfera pública. No se trataba de un ataque a la religión en sí, sino de un esfuerzo por garantizar la libertad individual y la igualdad ante la ley, sin importar las creencias religiosas.
Esta ley pionera sentó las bases para la construcción de un México moderno y plural. Reconoció que la fe es un asunto privado y que el Estado no debe imponer una creencia particular. Se abrió así el camino para la tolerancia religiosa y la convivencia pacífica entre personas de diferentes confesiones.
El camino hacia la plena libertad religiosa en México ha sido largo y sinuoso. A pesar de los avances logrados en el lejano 1860, la Iglesia Católica mantuvo una fuerte influencia en la sociedad mexicana durante gran parte del siglo XX. Las tensiones entre el Estado y la Iglesia persistieron, y la aplicación de la Ley de Libertad de Cultos no siempre fue consistente.
Fue hasta la reforma constitucional de 1992 que se consolidó el Estado laico en México. Se reconoció plenamente la personalidad jurídica de las iglesias, se les otorgó el derecho a poseer bienes y se les permitió participar en la educación, aunque con ciertas restricciones. Estas modificaciones, lejos de debilitar la laicidad, la fortalecieron al establecer un marco legal claro para la relación entre el Estado y las iglesias.
Hoy en día, México es un país diverso en materia religiosa. Si bien la mayoría de la población se identifica como católica, existen importantes minorías que profesan otras religiones, como el protestantismo, el judaísmo, el islam y diversas creencias indígenas. La Ley de Libertad de Cultos, en su versión actual, garantiza el derecho de todos estos grupos a practicar su fe sin temor a la persecución o la discriminación.
No obstante, aún persisten desafíos en la construcción de una sociedad plenamente tolerante en materia religiosa. La discriminación y la intolerancia siguen presentes en algunos sectores de la sociedad, y es necesario seguir trabajando para garantizar que la libertad religiosa sea una realidad para todos los mexicanos.

La Ley de Libertad de Cultos de 1860 fue un paso fundamental en la construcción de un México más justo y libre. A 163 años de su promulgación, su legado sigue vigente y nos recuerda la importancia de defender la libertad de conciencia y la tolerancia religiosa como pilares de una sociedad democrática y plural.
Es importante recordar que la libertad religiosa no es un derecho absoluto. Existen límites establecidos por la ley para proteger los derechos de terceros y el orden público. Por ejemplo, ninguna religión puede promover la violencia, la discriminación o la comisión de delitos.
El deseo de escribir esta columna más allá de conmemorar la fecha, me viene a deseo dado que este último mes del año y sus fechas finales serán el marco de celebraciones espirituales en donde la mayoría de la población tendrá una fecha en particular, pero usted apreciable lector a sabiendas de esta ley en mención, sepa que es libre de conmemorar esa fecha a conciencia espiritual y Libertad Dogmática.

@Raul_Saucedo
rsaucedo@uach.mx

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