Opinión
EL DERECHO A LA CIUDAD por VICTOR OROZCO O.
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hace 10 añoson
Comencé a vivir hace diez años en un fraccionamiento del sur de Ciudad Juárez. Desde entonces, en la avenida exterior, veo a trabajadores de la construcción, domésticas, estudiantes, que caminan por la calle con los automóviles casi rosándoles, porque los dueños de los grandes predios y edificios de ambos lados no construyeron banquetas peatonales. Cuando llueve, tienen que caminar como equilibristas por los cordones. Quien quiera se tome la molestia de observar distintos barrios y zonas habitacionales, puede percatarse de que este espectáculo ocurrido fuera de mi fraccionamiento no es nada excepcional: es la regla.
La despiadada falta de banquetas, es apenas una breve muestra que revela la tragedia en la cual ha sido despeñada la ciudad fronteriza. Atravieso el viejo Juárez, en el cual se comprende mucho más que el centro tradicional de las ciudades mexicanas, la plaza de armas, la catedral, el palacio municipal o de gobierno. El espectáculo es deprimente: decenas y decenas de cuadras derrotadas, con edificios y casas clausurados con maderas podridas o de plano derruidos. Salvan la vista algunas añosas lilas y frondosos moros verde oscuro, que se resisten a morir. Fueron plantados por anteriores dueños quienes nunca se imaginaron la ruina que asolaría a sus cuidados porches y menos aún la carga económica o peso moral que representarían las antaño orgullosas fincas para sus herederos, incapaces de hacer nada con ellas, salvo dejarlas en el abandono.
¿Qué le pasó a Ciudad Juárez?. ¿Desde cuando dejó de ser un lugar donde se podía caminar y comprar en sus calles?. ¿Cómo se convirtió en una urbe saturada de automóviles, sin lugar para los de a pie? ¿A la que debe uno subirse al carro para ir a comprar tortillas o el periódico?. Hay hechos abrumadores. La mancha urbana se extendió sin control alguno. Arrasó con alamedas, sembradíos, acequias, sauzales. A lo largo de las centenarias vegas cultivadas del río Bravo, aparecieron las máquinas devastadoras que no dejaron piedra ni surco sin remover y llenaron el subsuelo con escombros. Las plantas maquiladoras se multiplicaron, generando rentas industriales a manos llenas para los inversionistas extranjeros. En derredor de la mesa, capitalistas y empresarios criollos, encontraron gruesos veneros de riqueza sirviendo como intermediarios, consultores, cobradores de rentas inmobiliarias, gestores. Una de sus actividades preferidas fue la especulación con la tierra, barata, disponible en los ejidos circundantes y predios rurales. Se dedicaron a construir un fraccionamiento tras otro, cada vez más lejos, cada vez mas caros para el presupuesto social, del cual salió el dinero necesario para proveer el equipamiento urbano, mediocre en la mayor parte de los casos, pero suficiente para ocupar o vender las nuevas viviendas, construidas con dinero público.
¿Correspondió esta expansión urbana con el crecimiento de la población?. Para nada. En los años dorados del incremento demográfico, después de 1980, el espacio urbano aumentó siete veces más que los habitantes y luego, después de 2005 doce veces. Podrá pensarse que esta edificación masiva respondió a las necesidades de los sin casa, pero no. Hace un lustro, más de la cuarta parte de las viviendas en las cuales nos alojamos los juarenses, estaba abandonado, casi 120,000 de ellas.
¿Entonces a quien benefició este monstruoso crecimiento urbano?. Ha dejado miseria y suciedad por todos lados, ha dañado y sigue dañando de manera irreparable el medio ambiente, implica la multiplicación de los gastos para transporte, combustibles, llantas, equipamiento diverso, en tubería, cableados, vigilancia, etcétera. Desde luego no ayudó a la gente, no a la mayoría de los pobladores. Hay que buscar a los favorecidos en ese montón de colusiones criminales entre los intereses privados y las autoridades a los largo de muchas décadas. Gobernadores, presidentes municipales, delegados federales, banqueros, “desarrolladores urbanos”, regidores, según su tamaño, pudieron saborearse con las ganancias con cada autorización de un nuevo fraccionamiento y el otorgamiento de nuevos créditos. Ya se pagarían los platos rotos por los sufridos vecinos. Los privilegiados con automóvil manejarán distancias mayores y las miríadas de infortunados usuarios de los deplorables camiones, caminarán por la arena ardiente o congelada. En el peor de los casos, muchos deberán dejar su flamante vivienda a los depredadores.
¿Se ignoraban estos hechos?. Es decir, ¿se carecía de experiencias ocurridas en México o en el extranjero sobre la formas como las ciudades se van haciendo gradualmente inhóspitas y hostiles para sus habitantes?. Ciertamente que no. Hace casi medio siglo, en 1968, Henri Lefebvre escribió su clásico libro El Derecho a la Ciudad, en donde examinaba y denunciaba este proceso mediante el cual los altos poderes han arrebatado su hábitat a los pobladores citadinos. Después de él, un sinnúmero de filósofos, arquitectos, economistas, sociólogos, historiadores, han profundizado en el tema, ofreciendo alternativas, llamando a un desarrollo urbano sustentable y a devolver las ciudades a las gentes. Por pensadores y propuestas de alto nivel no ha quedado.
En especial, Ciudad Juárez es una de las urbes mexicanas más estudiadas. Ha sido objeto de cientos de trabajos de investigación, quienes la han explorado desde incontables vertientes y perspectivas. Sólo en la obra colectiva Chihuahua Hoy. Visiones de su historia, economía política y cultura, editado anualmente por la UACJ, se han publicado decenas de textos sobre Ciudad Juárez, desde 2003 a la fecha. El Instituto Municipal de Investigación y Planeación, ha contado con calificados planificadores urbanos. Hay entre todos los estudiosos una opinión unánime: rescatemos la ciudad, hagámosla amigable, vivible. ¿Pero quién les ha hecho caso?. ¿Quién ha podido vencer a la egolatría, la arbitrariedad, los caprichos y sobre todo a la bolsa de los gobernantes?.
Una propuesta concreta ha cobrado consenso desde hace tiempo: debe impulsarse el repoblamiento del centro y de las colonias aledañas. Una vía para lograr este objetivo es orientar la inversión pública con la construcción de edificios estatales en la zona y estimular a la privada. Esto se ha realizado en otras ciudades del país y sin ir muy lejos en la capital del estado. Fue una lástima que las gigantescas inversiones del nuevo campus de la UACJ, construido a 40 kilómetros del centro, no se hubiesen empleado para revitalizar la ciudad.
Mientras tanto, salgo de mi casa y veo el mismo espectáculo desesperanzador desde hace una década: enormes muros y mallas de alambre casi pegados a la calle, gentes apuradas sorteando obstáculos donde debería haber banquetas o corriendo el riesgo de ser atropellados. A estos trabajadores les ha sido arrebatado su derecho a la ciudad. Es apenas un detalle del cuadro en el que se plasma la tragedia de muchas urbes mexicanas. En particular de una cuya producción relativa de bienes materiales está entre las mayores del mundo: Ciudad Juárez.
Por: Víctor Orozco
Opinión
Inzunza: la decadencia del favorito. Por Caleb Ordóñez T.
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hace 2 semanason
May 29, 2026
Hay políticos que caen peleando. Hay políticos que caen defendiendo una causa. Y hay políticos cuya caída comienza mucho antes de que ellos mismos se den cuenta; cuando todavía sonríen en las fotografías oficiales y firman acuerdos con la soltura de quien cree que el futuro le pertenece.
La historia reciente de Enrique Inzunza Cázares parece pertenecer a esta última categoría.
Porque más allá de las acusaciones que enfrenta, más allá de los expedientes estadounidenses y más allá del ruido mediático que rodea a Sinaloa, hay algo que llama poderosamente la atención: Inzunza no se comporta como alguien que busca convencer al país de su inocencia. Se comporta como alguien atrapado en una partida de ajedrez donde cada movimiento tiene un único objetivo: sobrevivir un turno más. Viviendo en un eterno jaque.
Durante años fue presentado como uno de los hombres más inteligentes del círculo cercano de Rubén Rocha Moya. Jurista, magistrado, presidente del Supremo Tribunal de Justicia, secretario general de Gobierno y después senador de la República. Su ascenso fue tan rápido que muchos (casi todos) dentro de Morena en Sinaloa, lo veían como una especie de gobernador en espera.
No era un político de masas. No era un gran orador. No era un líder carismático.
Su poder provenía de otra parte: de la operación silenciosa, del control institucional, de la cercanía con el grupo gobernante y de una influencia que crecía discretamente, lejos de los reflectores, precisamente donde ese tipo de poder se cultiva mejor.
Por eso resulta tan revelador observar lo que ocurre hoy.Cuando un político es acusado injustamente, normalmente intenta salir a dar la cara. Busca entrevistas. Explica. Debate. Confronta. Construye una narrativa que lo sostenga mientras el temporal amaina.
Inzunza ha hecho exactamente lo contrario.
Los números lo dicen con una frialdad que ningún argumento político puede disfrazar.
Desde el 29 de abril de 2026, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública la acusación formal en su contra, Inzunza acumuló 21 días de ausencia en sesiones del Congreso. No pidió licencia. No renunció. Simplemente dejó de aparecer. Su única reaparición fue una fotografía en redes sociales junto a su madre, con ubicación en Batequitas, Badiraguato. Un político que dice no tener nada que esconder, escondido. Y cuando finalmente habló, lo hizo desde X, con una frase que revela más de lo que oculta:
«Soy abogado de mí mismo y me basta mi probidad.» Es la declaración de alguien que no quiere testigos en su defensa.
Y en política las formas importan tanto como los hechos, porque la percepción pública rara vez se construye únicamente con documentos judiciales. También se construye observando cómo reaccionan los protagonistas cuando el suelo comienza a moverse bajo sus pies.
Lo que proyecta Inzunza no es fortaleza. No transmite confianza. No parece un político concentrado en demostrar que las acusaciones son falsas.
Parece un político concentrado en administrar daños.
Esa imagen explica en buena medida por qué hoy se encuentra tan aislado. No porque Morena haya decidido abandonarlo de la noche a la mañana. No porque el Senado haya ejecutado una conspiración interna. Sino porque el propio Inzunza dejó de ser una apuesta rentable.
La política es brutalmente pragmática. Los partidos respaldan a quienes generan votos, estabilidad o futuro. Cuando un liderazgo comienza a representar riesgo, incertidumbre o desgaste, las distancias aparecen solas, sin reuniones, sin comunicados, sin rupturas formales. Simplemente aparecen.
Hace apenas unos meses su nombre figuraba entre los aspirantes más serios para suceder a Rocha en la gubernatura de Sinaloa. Hoy prácticamente nadie dentro del oficialismo habla de esa posibilidad. No porque exista una sentencia. No porque haya sido declarado culpable. Sino porque la candidatura dejó de ser viable.
Y en política la inviabilidad suele ser una condena mucho más rápida que cualquier resolución judicial.
Lo verdaderamente inquietante es que el caso de Inzunza trasciende a una sola persona.
Se convierte en un espejo incómodo para todo el sistema político mexicano.
Lo que hace singular el caso de Inzunza no es la acusación en sí. Es la arquitectura que describe. Según el expediente estadounidense, Inzunza habría acompañado al gobernador
Rocha Moya a una reunión con Los Chapitos tras las elecciones de junio de 2021, cuando todavía era secretario general del gobierno estatal y en ese encuentro habrían acordado que el cártel tendría control sobre la Policía Estatal de Sinaloa. Si eso es cierto, no estamos hablando de un funcionario que recibió un sobre. Estamos hablando de una negociación institucional: el Estado cediendo su monopolio de la fuerza a cambio de estabilidad política.
Eso es algo cualitativamente distinto, y más perturbador, que la corrupción individual de siempre. No es un hombre que se corrompió. Es una institución que se ofreció.
Por eso el caso Inzunza genera tanta atención. No solo por sus detalles particulares, sino porque representa el choque entre dos narrativas que México lleva años intentando reconciliar sin éxito: la del político exitoso que parecía destinado a gobernar uno de los
estados más importantes del país, y la del funcionario que termina convertido en símbolo de una crisis de confianza cada vez más profunda.
Su tragedia política no consiste únicamente en las acusaciones.
Consiste en haber perdido aquello que realmente construye el poder: la credibilidad.
Cuando la gente deja de creer en tu futuro, el poder comienza a evaporarse. Cuando tus aliados dejan de apostar por ti, el aislamiento se vuelve inevitable. Cuando tu nombre genera más preguntas que certezas, las puertas empiezan a cerrarse, no con portazos, sino con la silenciosa delicadeza con que se cierra una puerta frente a alguien a quien ya no se espera.
Por eso Enrique Inzunza muy probablemente ya no será gobernador de Sinaloa. No porque un
juez lo haya decretado. No porque un partido lo haya expulsado. Sino porque la política mexicana ya comenzó a actuar como si ese futuro hubiera desaparecido.
Y pocas cosas son más devastadoras para un político que seguir ocupando un cargo mientras todos a su alrededor se comportan como si su historia ya hubiera terminado.
Esa es la verdadera decadencia.
No perder el poder. Sino ver cómo el poder te abandona: despacio, en silencio, sin siquiera molestarse en despedirse.