Opinión
EL DERECHO A LA CIUDAD por VICTOR OROZCO O.
Comencé a vivir hace diez años en un fraccionamiento del sur de Ciudad Juárez. Desde entonces, en la avenida exterior, veo a trabajadores de la construcción, domésticas, estudiantes, que caminan por la calle con los automóviles casi rosándoles, porque los dueños de los grandes predios y edificios de ambos lados no construyeron banquetas peatonales. Cuando llueve, tienen que caminar como equilibristas por los cordones. Quien quiera se tome la molestia de observar distintos barrios y zonas habitacionales, puede percatarse de que este espectáculo ocurrido fuera de mi fraccionamiento no es nada excepcional: es la regla.
La despiadada falta de banquetas, es apenas una breve muestra que revela la tragedia en la cual ha sido despeñada la ciudad fronteriza. Atravieso el viejo Juárez, en el cual se comprende mucho más que el centro tradicional de las ciudades mexicanas, la plaza de armas, la catedral, el palacio municipal o de gobierno. El espectáculo es deprimente: decenas y decenas de cuadras derrotadas, con edificios y casas clausurados con maderas podridas o de plano derruidos. Salvan la vista algunas añosas lilas y frondosos moros verde oscuro, que se resisten a morir. Fueron plantados por anteriores dueños quienes nunca se imaginaron la ruina que asolaría a sus cuidados porches y menos aún la carga económica o peso moral que representarían las antaño orgullosas fincas para sus herederos, incapaces de hacer nada con ellas, salvo dejarlas en el abandono.
¿Qué le pasó a Ciudad Juárez?. ¿Desde cuando dejó de ser un lugar donde se podía caminar y comprar en sus calles?. ¿Cómo se convirtió en una urbe saturada de automóviles, sin lugar para los de a pie? ¿A la que debe uno subirse al carro para ir a comprar tortillas o el periódico?. Hay hechos abrumadores. La mancha urbana se extendió sin control alguno. Arrasó con alamedas, sembradíos, acequias, sauzales. A lo largo de las centenarias vegas cultivadas del río Bravo, aparecieron las máquinas devastadoras que no dejaron piedra ni surco sin remover y llenaron el subsuelo con escombros. Las plantas maquiladoras se multiplicaron, generando rentas industriales a manos llenas para los inversionistas extranjeros. En derredor de la mesa, capitalistas y empresarios criollos, encontraron gruesos veneros de riqueza sirviendo como intermediarios, consultores, cobradores de rentas inmobiliarias, gestores. Una de sus actividades preferidas fue la especulación con la tierra, barata, disponible en los ejidos circundantes y predios rurales. Se dedicaron a construir un fraccionamiento tras otro, cada vez más lejos, cada vez mas caros para el presupuesto social, del cual salió el dinero necesario para proveer el equipamiento urbano, mediocre en la mayor parte de los casos, pero suficiente para ocupar o vender las nuevas viviendas, construidas con dinero público.
¿Correspondió esta expansión urbana con el crecimiento de la población?. Para nada. En los años dorados del incremento demográfico, después de 1980, el espacio urbano aumentó siete veces más que los habitantes y luego, después de 2005 doce veces. Podrá pensarse que esta edificación masiva respondió a las necesidades de los sin casa, pero no. Hace un lustro, más de la cuarta parte de las viviendas en las cuales nos alojamos los juarenses, estaba abandonado, casi 120,000 de ellas.
¿Entonces a quien benefició este monstruoso crecimiento urbano?. Ha dejado miseria y suciedad por todos lados, ha dañado y sigue dañando de manera irreparable el medio ambiente, implica la multiplicación de los gastos para transporte, combustibles, llantas, equipamiento diverso, en tubería, cableados, vigilancia, etcétera. Desde luego no ayudó a la gente, no a la mayoría de los pobladores. Hay que buscar a los favorecidos en ese montón de colusiones criminales entre los intereses privados y las autoridades a los largo de muchas décadas. Gobernadores, presidentes municipales, delegados federales, banqueros, “desarrolladores urbanos”, regidores, según su tamaño, pudieron saborearse con las ganancias con cada autorización de un nuevo fraccionamiento y el otorgamiento de nuevos créditos. Ya se pagarían los platos rotos por los sufridos vecinos. Los privilegiados con automóvil manejarán distancias mayores y las miríadas de infortunados usuarios de los deplorables camiones, caminarán por la arena ardiente o congelada. En el peor de los casos, muchos deberán dejar su flamante vivienda a los depredadores.
¿Se ignoraban estos hechos?. Es decir, ¿se carecía de experiencias ocurridas en México o en el extranjero sobre la formas como las ciudades se van haciendo gradualmente inhóspitas y hostiles para sus habitantes?. Ciertamente que no. Hace casi medio siglo, en 1968, Henri Lefebvre escribió su clásico libro El Derecho a la Ciudad, en donde examinaba y denunciaba este proceso mediante el cual los altos poderes han arrebatado su hábitat a los pobladores citadinos. Después de él, un sinnúmero de filósofos, arquitectos, economistas, sociólogos, historiadores, han profundizado en el tema, ofreciendo alternativas, llamando a un desarrollo urbano sustentable y a devolver las ciudades a las gentes. Por pensadores y propuestas de alto nivel no ha quedado.
En especial, Ciudad Juárez es una de las urbes mexicanas más estudiadas. Ha sido objeto de cientos de trabajos de investigación, quienes la han explorado desde incontables vertientes y perspectivas. Sólo en la obra colectiva Chihuahua Hoy. Visiones de su historia, economía política y cultura, editado anualmente por la UACJ, se han publicado decenas de textos sobre Ciudad Juárez, desde 2003 a la fecha. El Instituto Municipal de Investigación y Planeación, ha contado con calificados planificadores urbanos. Hay entre todos los estudiosos una opinión unánime: rescatemos la ciudad, hagámosla amigable, vivible. ¿Pero quién les ha hecho caso?. ¿Quién ha podido vencer a la egolatría, la arbitrariedad, los caprichos y sobre todo a la bolsa de los gobernantes?.
Una propuesta concreta ha cobrado consenso desde hace tiempo: debe impulsarse el repoblamiento del centro y de las colonias aledañas. Una vía para lograr este objetivo es orientar la inversión pública con la construcción de edificios estatales en la zona y estimular a la privada. Esto se ha realizado en otras ciudades del país y sin ir muy lejos en la capital del estado. Fue una lástima que las gigantescas inversiones del nuevo campus de la UACJ, construido a 40 kilómetros del centro, no se hubiesen empleado para revitalizar la ciudad.
Mientras tanto, salgo de mi casa y veo el mismo espectáculo desesperanzador desde hace una década: enormes muros y mallas de alambre casi pegados a la calle, gentes apuradas sorteando obstáculos donde debería haber banquetas o corriendo el riesgo de ser atropellados. A estos trabajadores les ha sido arrebatado su derecho a la ciudad. Es apenas un detalle del cuadro en el que se plasma la tragedia de muchas urbes mexicanas. En particular de una cuya producción relativa de bienes materiales está entre las mayores del mundo: Ciudad Juárez.
Por: Víctor Orozco
Opinión
La trampa de “las rentas justas” en la CDMX. Por Caleb Ordóñez T.
En la Ciudad de México hay jóvenes que trabajan para pagar un departamento en el que apenas tienen tiempo de dormir. Familias que destinan buena parte de sus ingresos a cuatro paredes. Personas que viven a dos horas de su empleo porque acercarse al centro se convirtió en un lujo.
La vivienda es uno de los grandes fracasos de la política urbana capitalina.
Y ahora el gobierno pretende resolverlo con otra ley.
Clara Brugada presentó una iniciativa que promete rentas justas, contratos regulados y protección contra abusos. Una propuesta que, vista desde el discurso político, parece irreprochable. ¿Quién podría estar en contra de que las personas paguen menos por vivir dignamente?

Caleb Ordoñez T.
El problema es que las buenas intenciones no construyen departamentos.
Y los decretos tampoco.
Las buenas intenciones también tienen consecuencias
La iniciativa contempla limitar aumentos conforme a la inflación, registrar obligatoriamente los contratos y aplicar multas de hasta 46 mil 924 pesos. También propone asesoría gratuita y mecanismos contra desalojos violentos.
Hay medidas necesarias. Los abusos inmobiliarios existen. Los desalojos arbitrarios también. Ninguna persona debería perder su hogar mediante amenazas o intimidaciones.
Pero legislar para corregir una injusticia no debería producir otra.
Pensemos en una jubilada que dedicó treinta años a pagar un pequeño departamento. Hoy lo renta para complementar una pensión insuficiente. No pertenece a ningún cártel inmobiliario. No especula con edificios enteros. Simplemente administra el patrimonio que consiguió trabajando.
¿Qué sucederá si las nuevas obligaciones, restricciones y sanciones hacen que prefiera retirar su propiedad del mercado?
Habrá una vivienda menos.
Y si otros propietarios toman decisiones semejantes, quienes terminarán compitiendo por los departamentos disponibles serán precisamente aquellos que la ley pretende proteger.
No es una consecuencia demostrada ni inevitable. Es un riesgo que el Congreso tiene la obligación de evaluar.
Porque una cosa es regular los abusos y otra, muy distinta, pretender administrar la escasez.
El problema tiene dimensiones profundas. Según el INEGI, en 2024 el ingreso promedio de los hogares urbanos capitalinos rondaba los 37 mil pesos mensuales. Un promedio que, además, oculta enormes desigualdades.
¿Cuánto debe ganar una familia para vivir cerca de su trabajo? ¿Cuánto tiempo de su vida debe sacrificar transportándose? ¿En qué momento tener una habitación propia dejó de ser una aspiración razonable?
Esas preguntas no se resuelven únicamente vigilando contratos.
Se resuelven construyendo vivienda, mejorando el transporte, acercando servicios y generando condiciones para que la ciudad pueda alojar a quienes la mantienen funcionando.
Brugada también promete ampliar la vivienda asequible. Bien. Pero esa debería ser una prioridad medible, no una promesa subordinada al entusiasmo por imponer nuevas reglas.
El gobierno también debe rendir cuentas
Hay otra contradicción.
Desde 2024 existen disposiciones para limitar incrementos de renta y registrar contratos. Antes de anunciar nuevas sanciones, sería conveniente conocer los resultados de las anteriores.
¿Cuántas familias se beneficiaron? ¿Cuántos abusos fueron sancionados? ¿Qué funcionó y qué fracasó?
El gobierno exige transparencia a los particulares, pero todavía debe ofrecer respuestas convincentes sobre la eficacia de sus propias medidas.
Y mientras tanto, el verdadero debate corre el riesgo de perderse entre consignas: propietarios contra inquilinos, mercado contra Estado, ricos contra pobres.
Una discusión tan cómoda para los políticos como inútil para quienes necesitan vivienda.
La propiedad privada merece certeza jurídica. Los inquilinos merecen protección. Y ambos necesitan un gobierno capaz de entender que sus derechos no son necesariamente enemigos.
La iniciativa todavía puede corregirse. Sería deseable que el Congreso escuchara más evidencia y menos discursos.
Porque el desafío no consiste en decidir quién tiene la culpa de que vivir en la capital resulte tan caro.
Consiste en reconocer quién tiene la responsabilidad de hacerla habitable.
Una ciudad no se vuelve más justa cuando el gobierno decide cuánto debe costar vivir en ella, sino cuando consigue que vivir en ella deje de ser un privilegio.
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