Opinión
El fetichismo de los gobernantes Por Aquiles Córdova Morán
“Fetichismo”, define el diccionario de la Real Academia Española, es el “culto de los fetiches” y, en forma figurada, es “idolatría, veneración excesiva”. Y fetiche: “ídolo u objeto de culto supersticioso en algunos pueblos primitivos”. Dicho en otros términos, el fetichismo es la reverencia y el acatamiento excesivos de un objeto o de una persona, a los que se atribuyen poderes mágicos y cualidades superiores que en la realidad no poseen, en un acto de fe nacido de la ignorancia o los intereses del fetichista. El fetichismo hacia los gobernantes ha existido, prácticamente, desde la aparición del Estado en la sociedad humana, ya que es la materialización de las relaciones entre débiles y poderosos, entre dominantes y dominados y, de modo particularmente significativo, entre gobernantes y gobernados; pero ha cobrado su mayor auge en las épocas de despotismo unipersonal, del poder concentrado en un autócrata, llámese rey, emperador, zar, káiser o césar. El fetichismo de Estado fue fomentado siempre, como es lógico, desde las esferas mismas del poder público, como una eficaz arma de control de las masas oprimidas, es decir, como política de Estado para asegurar la paz, la estabilidad y el funcionamiento terso del statu quo.
Por eso, en ciertas épocas, el fetichismo del poder alcanzó extremos increíbles de irracionalidad y de arbitrariedad. Sólo como ejemplos, recordemos que los emperadores chinos se hacían llamar “hijos del cielo”; que en la Grecia pre-helénica fueron convertidos en dioses simples mortales como Minos en Creta, Egeo, Teseo y otros en la Grecia continental, como premio a sus hazañas; y que en la Roma imperial era frecuente la “apoteosis”, es decir, la elevación a la categoría de divinidades, mediante ceremonia pública, de gobernantes y generales que, a juicio de la colectividad, se hubieran hecho merecedores de ese inmenso honor. Y nuestros antepasados mexicas no se quedaron atrás. Baste recordar la reforma ceremonial de la corte del último de los Tlatoanis que gobernó en paz, antes de la llegada de los españoles, al imperio mexicano: Moctezuma II o Xocoyotzin, como se le conoce. Nadie podía verle a la cara; un heraldo iba delante de su cortejo avisando a la gente de la proximidad del monarca, de modo que pudiera desaparecer, voltearse hacia las paredes o postrarse de hinojos con la vista baja; tanto así que, cuando cierto acucioso historiador quiso oír de labios de algún sobreviviente la descripción física del gobernante, la respuesta general fue que no podían hacerlo porque nadie le había visto el rostro jamás. Tampoco podía mirarlo de frente quien fuera recibido en audiencia por él, y, antes de exponerle su asunto, tenía que hacer una triple reverencia tocando el suelo con la frente y recitando la formula ritual: “¡Tlatoani, noh Tlatoani, huey Tlatoani!”. Al retirarse, debía hacerlo caminando hacia atrás, pues estaba prohibido darle la espalda, y, finalmente, su sagrada persona casi no tocaba el suelo; era siempre llevado en andas por sus servidores y, cuando por excepción decidía caminar, un noble iba delante barriendo el suelo y regando agua y pétalos de flores odoríferas.
Pero, si algún lector casual está tentado a soltar la risa, le advierto que este fetichismo ridículo no es cosa del pasado; sigue vivo entre nosotros, sólo que bajo una forma distinta. El gobernante actual sigue siendo intocable, directa e indirectamente (mediante la crítica); ya no se le declara “divino” oficialmente, pero su corte de aduladores y lacayos le repite, todos los días y en todos los tonos, que lo es de facto; una nube de guaruras y una verdadera parafernalia tecnológica “garantiza su seguridad” donde quiera que va, lo aísla de las masas e impide que la gente humilde se le acerque a menos de 50 metros de distancia. Si hoy se pidiera a los mexicanos comunes que describieran a sus gobernantes, un buen número contestaría, como antaño, que no los conocen porque es casi imposible verlos de cerca. Y lo esencial de esto es que las decisiones de mayor trascendencia para el país se siguen tomando en reducidos cenáculos de hombres política y económicamente poderosos, ocultos a los ojos del gran público, aunque la responsabilidad última de tales decisiones sea asumida públicamente por el “Huey Tlatoani” en turno. ¿Y cuáles son los frutos de este fetichismo tecnológicamente modernizado? La soberbia ilimitada, la grosera prepotencia, la insensibilidad y la sordera políticas del gobernante, que acaba creyéndose realmente infalible; la vanidad enfermiza y la hipersensibilidad morbosa que lo llevan a pensar que cualquier reclamo o discrepancia de sus gobernados es un ataque a su autoridad y un intento por poner a prueba su poder. El endiosamiento ha llevado a muchos a creer que hacer justicia al necesitado es dejarse derrotar por él, un acto vergonzoso que los hará ver como gobernantes “débiles” y los hará perder el respeto y la consideración de la colectividad. Y actúan en consecuencia.
El fetichismo moderno de los poderosos no es una pura invención de quienes viven de “la industria de la oposición”, sino una muy nociva y peligrosa realidad cotidiana, que puede y debe ser combatida por las fuerzas realmente democráticas de la nación.
Opinión
La trampa de “las rentas justas” en la CDMX. Por Caleb Ordóñez T.
En la Ciudad de México hay jóvenes que trabajan para pagar un departamento en el que apenas tienen tiempo de dormir. Familias que destinan buena parte de sus ingresos a cuatro paredes. Personas que viven a dos horas de su empleo porque acercarse al centro se convirtió en un lujo.
La vivienda es uno de los grandes fracasos de la política urbana capitalina.
Y ahora el gobierno pretende resolverlo con otra ley.
Clara Brugada presentó una iniciativa que promete rentas justas, contratos regulados y protección contra abusos. Una propuesta que, vista desde el discurso político, parece irreprochable. ¿Quién podría estar en contra de que las personas paguen menos por vivir dignamente?

Caleb Ordoñez T.
El problema es que las buenas intenciones no construyen departamentos.
Y los decretos tampoco.
Las buenas intenciones también tienen consecuencias
La iniciativa contempla limitar aumentos conforme a la inflación, registrar obligatoriamente los contratos y aplicar multas de hasta 46 mil 924 pesos. También propone asesoría gratuita y mecanismos contra desalojos violentos.
Hay medidas necesarias. Los abusos inmobiliarios existen. Los desalojos arbitrarios también. Ninguna persona debería perder su hogar mediante amenazas o intimidaciones.
Pero legislar para corregir una injusticia no debería producir otra.
Pensemos en una jubilada que dedicó treinta años a pagar un pequeño departamento. Hoy lo renta para complementar una pensión insuficiente. No pertenece a ningún cártel inmobiliario. No especula con edificios enteros. Simplemente administra el patrimonio que consiguió trabajando.
¿Qué sucederá si las nuevas obligaciones, restricciones y sanciones hacen que prefiera retirar su propiedad del mercado?
Habrá una vivienda menos.
Y si otros propietarios toman decisiones semejantes, quienes terminarán compitiendo por los departamentos disponibles serán precisamente aquellos que la ley pretende proteger.
No es una consecuencia demostrada ni inevitable. Es un riesgo que el Congreso tiene la obligación de evaluar.
Porque una cosa es regular los abusos y otra, muy distinta, pretender administrar la escasez.
El problema tiene dimensiones profundas. Según el INEGI, en 2024 el ingreso promedio de los hogares urbanos capitalinos rondaba los 37 mil pesos mensuales. Un promedio que, además, oculta enormes desigualdades.
¿Cuánto debe ganar una familia para vivir cerca de su trabajo? ¿Cuánto tiempo de su vida debe sacrificar transportándose? ¿En qué momento tener una habitación propia dejó de ser una aspiración razonable?
Esas preguntas no se resuelven únicamente vigilando contratos.
Se resuelven construyendo vivienda, mejorando el transporte, acercando servicios y generando condiciones para que la ciudad pueda alojar a quienes la mantienen funcionando.
Brugada también promete ampliar la vivienda asequible. Bien. Pero esa debería ser una prioridad medible, no una promesa subordinada al entusiasmo por imponer nuevas reglas.
El gobierno también debe rendir cuentas
Hay otra contradicción.
Desde 2024 existen disposiciones para limitar incrementos de renta y registrar contratos. Antes de anunciar nuevas sanciones, sería conveniente conocer los resultados de las anteriores.
¿Cuántas familias se beneficiaron? ¿Cuántos abusos fueron sancionados? ¿Qué funcionó y qué fracasó?
El gobierno exige transparencia a los particulares, pero todavía debe ofrecer respuestas convincentes sobre la eficacia de sus propias medidas.
Y mientras tanto, el verdadero debate corre el riesgo de perderse entre consignas: propietarios contra inquilinos, mercado contra Estado, ricos contra pobres.
Una discusión tan cómoda para los políticos como inútil para quienes necesitan vivienda.
La propiedad privada merece certeza jurídica. Los inquilinos merecen protección. Y ambos necesitan un gobierno capaz de entender que sus derechos no son necesariamente enemigos.
La iniciativa todavía puede corregirse. Sería deseable que el Congreso escuchara más evidencia y menos discursos.
Porque el desafío no consiste en decidir quién tiene la culpa de que vivir en la capital resulte tan caro.
Consiste en reconocer quién tiene la responsabilidad de hacerla habitable.
Una ciudad no se vuelve más justa cuando el gobierno decide cuánto debe costar vivir en ella, sino cuando consigue que vivir en ella deje de ser un privilegio.
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