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El helicóptero militar provocó la ira del narco, explica el fiscal de Jalisco

Por la reacción violenta que tuvo el viernes pasado el cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), sus integrantescreyeron que se trataba de algo más grande, pero en realidad el helicóptero militar que derribaron en el sur del estado sólo realizaba un sobrevuelo de reconocimiento cuando avistó a un convoy de camionetas con hombres armados en la ruta Casimiro Castillo-Villa Purificación, explicó ayer el fiscal general del estado, Luis Carlos Nájera.

Este sábado, sin embargo, la autoridad mantuvo la alerta roja, mientras presuntos miembros del crimen organizado incendiaron una cremería y tres de sus camionetas en Puerto Vallarta; en León, Guanajuato, quemaron una patrulla de la policía y dos locales comerciales. En el centro de Salamanca el Ejército aseguró un supuesto artefacto explosivo.

Nájera abundó: “Fue un sobrevuelo de un helicóptero y este helicóptero encuentra un convoy, al tratar de acercarse a ese convoy es recibido con disparos, lo que provoca que esta aeronave baje de emergencia con el resultado que todos conocemos (tres militares muertos, 12 heridos –incluidos dos policías federales– y tres desaparecidos). Yo creo que a todos nos queda claro que no era un operativo, aunque tal vez por la reacción creyeron que se trataba de algo más grande”, dijo.

Homenaje al agente Olivares

Tras la ceremonia luctuosa en honor de Mario Alberto Jorge Olivares Castorena, policía investigador de la fiscalía muerto al tratar de detener a sujetos que incendiaron una gasolinera en Autlán, Nájera alertó sobre la posibilidad de nuevos ataques.

Esperamos información de inteligencia que nos diga qué está pasando en la región; hay presencia de autoridades federales y tenemos que estar conscientes de que cada vez que se ha querido detener a un líder de esta organización ha pasado lo mismo. Si siguen los operativos puede pasar algo similar, dijo.

El viernes, poco después de iniciados los bloqueos e incendios de automotores, gasolineras y bancos, el gobierno federal anunció la aplicación de la Operación Jalisco, con personal del Ejército, Marina, Policía Federal, Procuraduría General de la República y del Centro de Investigación en Seguridad Nacional para garantizar la seguridad de la ciudadanía tanto en Jalisco como en Colima, hasta donde se extendió la acción criminal en un principio, aunque después llegó a Michoacán y Guanajuato.

También el viernes, el gobernador Aristóteles Sandoval atribuyó los ataques coordinados de la delincuencia organizada a una reacción contra la Operación Jalisco.

Más tarde la Secretaría de la Defensa Nacional confirmaría el derribo de uno de sus helicópteros Cougar MAT con 18 ocupantes en el sur de Jalisco, tras avistar y acercarse al comando que circulaba en convoy, a las 7 de la mañana. Eso desató la reacción de ataques que abarcó 20 por ciento de los municipios del estado.

Nájera recordó que en 2011, cuando se intentó también detener al líder del CJNG, Nemesio Oseguera Cervantes, incluso hubo más bloqueo, tardaron más tiempo, y ahora, para llamar la atención, incluyeron siniestros no sólo en camiones, autobuses, taxis y automóviles particulares (36 en total), sino sucursales bancarias, gasolineras y comercios.

Dijo que de los 19 detenidos hay 10 plenamente identificados como participantes en los ataques, y se ha ido dejando a libertad a quienes nada tienen que ver.

En el homenaje a Olivares Castorena participaron compañeros, amigos y familiares, quienes guardaron un minuto de silencio en memoria del agente. La guardia de honor estuvo encabezada por Nájera, el comisionado de Seguridad Pública, Alejandro Solorio Aréchiga, entre otros funcionarios de la fiscalía.

Hay que seguir luchando por honrar su memoria y que su familia cada día se sienta orgullosa de hombres como nuestro amigo y compañero. No bajemos la guardia, sigamos adelante, es duro, pero tenemos que hacerlo, dijo Nájera en su discurso.

Buscan grupos armados

En Puerto Vallarta, desconocidos ingresaron ayer a la cremería San José, en la colonia Versalles, sacaron al personal, rociaron de gasolina el local y lo incendiaron, igual que a tres vehículos estacionados afuera, luego huyeron.

La tarde del sábado se efectuó un operativo para detectar grupos armados tras los ataques del viernes y sábado. La policía vigila la zona turística, mientras en el centro de la ciudad se ven pocos paseantes.

En Guanajuato, tras la quema de cuatro vehículos en León el viernes, el secretario de Gobierno, Salvador García López, declaró que el estadoestá tranquilo, en paz; sus autoridades están comprometidas con la seguridad de los ciudadanos y sus familias.

Horas después, a la 1:30 de la madrugada de este sábado, fue quemada una patrulla de tránsito entre la calle Atenas y el bulevar Adolfo López Mateos. El presunto autor fue detenido. A la misma hora, dos hombres lanzaron bombas molotov a una tienda de regalos y a una caja popular de la plaza Río Mayo.

La coordinación permanente entre los tres niveles de gobierno mantiene control de la seguridad en Guanajuato, tuiteó el procurador de Justicia, Carlos Zamarripa. Por los ataques del viernes, seis personas están detenidas y son investigadas.

En Nayarit, 800 policías estatales mantienen el blindaje instalado el viernes por la Fiscalía General en Bahía de Banderas e Ixtlán del Río, municipios que colindan con Jalisco.

Fuente: La Jornada.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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