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México

El IFAI ordena divulgar los exámenes practicados a ‘Nacho’ Coronel para confirmar su muerte

El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) ordenó a la fiscalía entregar los resultados de los exámenes practicados a Ignacio Coronel, alias ‘Nacho Coronel’, para confirmar su muerte.

Ignacio Coronel, uno de los líderes del cártel de Sinaloa, murió en un enfrentamiento con militares el 29 de julio de 2010 en Zapopan, Jalisco, de acuerdo con la versión de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Un particular solicitó la información a la Procuraduría General de la República (PGR), pero ésta se declaró incompetente y le sugirió presentar su requerimiento a la fiscalía de Jalisco, argumentando que en ese estado ocurrieron los hechos, indicó el IFAI en un comunicado.

El solicitante presentó un recurso de revisión ante el IFAI, que estableció a partir de información pública oficial que la identificación de Coronel quedó en manos de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la PGR.

El Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses sólo apoyó a la PGR para practicar las pruebas de identificación biológica del occiso, que consistieron en la confrontación de su perfil genético con el de su hermana, apuntó el IFAI. Además, señaló que la PGR fue la instancia que ejerció acción penal contra Coronel y ofreció una recompensa a quienes proporcionaran información útil para su detención.

El organismo concluyó que la PGR cuenta con unidades competentes para conocer la información a las que no turnó la solicitud, como la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud, la Dirección General de Control de Averiguaciones Previas y la Coordinación General de Servicios Periciales.

Por lo anterior, el pleno del IFAI, organismo encargado de garantizar el derecho de acceso a la información gubernamental, resolvió revocar la declaración de incompetencia de la PGR «y le instruyó proporcionar al recurrente la información de su interés, en versión pública».

Ver más en: http://www.20minutos.com.mx/noticia/16451/0/ifai-ordena-pgr/divulgar-examenes-periciales-confirmar-muerte/nacho-coronel/#xtor=AD-1&xts=513356

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México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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