En los municipios de Namiquipa, Buenaventura y Riva Palacio, se desarrolla una lucha por el agua. Comunidades y ejidatarios exigen la intervención de las autoridades y la cancelación de pozos de agua que de manera ilegal construyen grupos de agricultores, que son parte de la comunidad menonita.

Con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio (TLC) y la modificación al artículo 27, a principios de los años noventa, la realidad cambió para el campo mexicano. Competir contra las nuevas tecnologías, la maniobra de leyes así como la corrupción en su aplicación, son algunas de las trabas que enfrentan los ejidatarios que viven en el norte del país para producir.

“Si no se da una atención adecuada, empezará en México la ‘Primera guerra por el agua’”, señala en entrevista con Desinformémonos Joaquín Solorio, miembro del Colectivo de Defensores del Agua del Desierto Chihuahuense e integrante de los ejidatarios que se encuentran en la cuenca Santa Clara-El Carmen, donde los dos ríos llegan a la presa Las Lajas en el ejido San Lorenzo Buenaventura, en nuestro estado.

“Todo empezó hace diez años, cuando un grupo de agricultores empiezan a instalar pozos, sobreexplotando los mantos acuíferos de agua”, expone el ejidatario Joaquín Solorio, “en una zona declarada en veda desde 1955, decreto que prohíbe cualquier tipo de obra en esa zona”.

Algunos grupos de menonitas, grupo religioso protestante que nació y se desarrolló en Suiza, Rusia, Estados Unidos y Canadá, llegaron a México en 1922 y se distribuyeron en los municipios de Cuauhtémoc, Namiquipa y Riva Palacio, bajo un acuerdo del gobierno del presidente Álvaro Obregón y dirigentes del grupo religioso.

Con tecnología, instalaron sistemas de riego y sistemas automáticos en la siembra y cosecha de maíz, frijol, cebada, centeno, trigo, sorgo, lino y avena. Crían su ganado en común y destinan parte de la producción lechera y la carne al consumo familiar, y parte a las fábricas de queso.

“Los menonitas son una comunidad organizada, trabajadora, con muchas ventajas con la tecnología, con créditos de Estados Unidos y Canadá. Tienen maquinaria especializada desde la siembra hasta para levantar la cosecha”, informa Solorio.

Por más de 10 años, algunos miembros de este grupo han instalado más de 150 pozos en la cuenca Santa Clara – El Carmen y forman presas y presones. Utilizan equipos de bombeo para regar superficies de 100 a 200 hectáreas para un solo productor, ocasionando que los pozos se sequen y que su caudal disminuya drásticamente.

Solorio explica: “A nuestro ejido se le concesionan solamente seis hectáreas para riego y este grupo está regando cien hectáreas de tierras”, que están por donde pasa la descarga del río que desemboca en la presa Las Lajas, “dejando sin agua a más comunidades a su paso”.

Joaquín Solorio declara que “para poder abrir pozos debieron acudir a la autoridad que es la encargada de tramitar el cambio de uso de suelo de agostadero al de agricultura, además del permiso para perforar pozos, que es la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)”.

“Están perforando 200 pozos a profundidades de 300 metros, cuando nosotros tenemos pozos a 100 metros de profundidad. La vida útil del acuífero se está acabando a razón de la explotación y el nivel está bajando; esto pone en desventaja a los campesinos y agricultores de la zona”.

Estos permisos han sido brindados gracias a un grupo de agricultores menonitas con poder, que se ampara en permisos falsos con el consentimiento de autoridades federales y estatales.

“Hemos ido a Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y con la SEMARNAT. Se ha convocado a diálogo con el gobierno del Estado para que nos ayuden, ya que si se sigue utilizando de esta manera, el agua de la presa la Laja no va alcanzar y vamos a vivir un nivel crítico; para el próximo año el agua no va alcanzar, aun con las lluvias”, señala con preocupación Joaquín Solorio.

Son mil 315 productores de seis comunidades del municipio de Buenaventura, además de mil 854 productores de 22 comunidades del municipio de Ahumada los que son afectados por esta sobreexplotación del agua.

Se forzó a las autoridades de la CONAGUA a derrumbar presas y represas; sin embargo, los pozos que ellos tienen están succionando el agua desde el acuífero a grandes profundidades, manifiesta el líder ejidatario.

La autoridades de CONAGUA, SEMARNAT y del gobierno del Estado se habían comprometido públicamente a proporcionar maquinaria para el derrumbe de presas que no acreditaran su legalidad. El gobierno declaró después que no compraría tal maquinaria.

“Esto fue lo que lo que detonó la movilización y se dio el primer enfrentamiento. Fuimos ver una perforadora que trabajaba en la cuenca del Carmen, les solicitamos que se fueran y nos enseñaran el permiso. Mandaron llamar a la policía y hubo un enfrentamiento a balazos. El Gobierno maneja un doble lenguaje. Si no se da una atención adecuada empezará en México la ‘Primera guerra por el agua’”, concluye el líder del colectivo Defensores del Agua del Desierto Chihuahuense.