Opinión
El mito. Por Raúl Saucedo
Por si las dudas
Se preguntará usted apreciable lector la ausencia de mis letras dentro de la semana pasada, pensé que nadie me había hachado de menos y si alguien noto la huida momentánea me lo hizo saber, le comparto que no fue por distraído ni mucho menos por abandonar la entrega semanal de mis ideas, simplemente quizá hice Ghosting de opinión.

Raúl Saucedo
Sin lugar a duda las recientes semanas nos han regalados noticias y anécdotas propias de un mundo surrealista, de esos mundos donde Salvador Dali se siente incómodo. Las noticias nacionales, regionales e internacionales abundan los muros de redes sociales, los grupos de mensajería instantánea y podcast escuchados en trayectos a la jornada laboral.
En esta ocasión y a consecuencia de los sucesos recientes de los conflictos dentro de medio oriente creo pertinente comentar sobre el conflicto entre Palestina e Israel. Esta esuna cuestión histórica que ha perdurado por décadas, sigue siendo una de las disputas más complejas y duraderas en el mundo. Desde la creación del Estado de Israel, el enfrentamiento ha sido una fuente constante de tensiones y derramamiento de sangre.
El conflicto palestino-israelí se remonta al siglo XIX y está enraizado en reivindicaciones territoriales, históricas, religiosas y culturales que han llevado a la lucha constante por la tierra en la que ambas naciones buscan establecer sus estados. En 1947, la ONU aprobó el Plan de Partición, que buscaba dividir Palestina en dos estados: uno judío y otro árabe. Si bien los líderes judíos aceptaron el plan, los líderes árabes lo rechazaron, iniciando la primera guerra árabe-israelí.
Desde entonces, el conflicto ha evolucionado y ha involucrado numerosos enfrentamientos militares, incluyendo la Guerra de los Seis Días en 1967 y la Guerra de Yom Kipur en 1973. Diferentes escaladas de violencia y tensiones en la década de los 90`s hasta el pasado fin de semana.
Jerusalén es un punto central de conflicto. Tanto israelíes como palestinos reclaman Jerusalén como su capital, y esta ciudad sagrada ha sido escenario de tensiones y conflictos a lo largo de la historia. El reconocimiento por parte de Estados Unidos de Jerusalén como la capital de Israel en 2017 generó una gran controversia y desencadenó protestas en toda la región.
La cuestión de los refugiados palestinos es un tema especialmente sensible. Millones de palestinos y sus descendientes viven en campos de refugiados en Cisjordania, Gaza, Líbano, Jordania y otros países vecinos. La cuestión de su derecho al retorno a sus tierras ancestrales sigue siendo uno de los mayores obstáculos para una solución de paz.
El conflicto entre Palestina e Israel es un recordatorio constante de la necesidad de un diálogo, la empatía y la búsqueda de soluciones pacíficas en lugar de la violencia. La pérdida de vidas y la devastación que ha causado este conflicto son inaceptables, y es crucial que la comunidad internacional siga buscando vías para avanzar hacia una solución justa y duradera.
Dentro de atrocidad de los hechos recientes y el sadismo de los videos que quizá han llegado a sus pantallas me he preguntado como es posible que el sistema de inteligencia israelí, ese que goza de reputación internacional por mas de medio siglo en inteligencia militar y política no se haya percatado del asalto a su país.
El ataque sorpresa lanzado por Hamás ha sacudido la percepción de seguridad de los servicios de inteligencia de Israel. Con cerca de un millar de muertes en suelo israelí, este evento desafía a uno de los pilares del Estado de Israel. Expertos sugieren que pudo haber ocurrido un fallo de coordinación entre los diferentes servicios de inteligencia israelíes, recordando paralelismos con el 11-S en Estados Unidos. Sin embargo, algunos sostienen que es improbable que Israel, con sus avanzados sistemas de inteligencia y defensa, haya pasado por alto un ataque tan masivo. El evento también podría tener implicaciones políticas, ya que el gobierno de Benjamin Netanyahu podría aprovecharlo para reforzar sus políticas más ultranacionalistas, presentándose como víctima ante la comunidad internacional.
Todo esto sucede mientras al escribir esta columna de opinión veo con recelo mi teléfono celular pensando que Pegausus lo habita y así alimentar el mito de que la inteligencia israelí nos vigila, pero por si las dudas espere mi llamada por whatsapp…
Opinión
La trampa de “las rentas justas” en la CDMX. Por Caleb Ordóñez T.
En la Ciudad de México hay jóvenes que trabajan para pagar un departamento en el que apenas tienen tiempo de dormir. Familias que destinan buena parte de sus ingresos a cuatro paredes. Personas que viven a dos horas de su empleo porque acercarse al centro se convirtió en un lujo.
La vivienda es uno de los grandes fracasos de la política urbana capitalina.
Y ahora el gobierno pretende resolverlo con otra ley.
Clara Brugada presentó una iniciativa que promete rentas justas, contratos regulados y protección contra abusos. Una propuesta que, vista desde el discurso político, parece irreprochable. ¿Quién podría estar en contra de que las personas paguen menos por vivir dignamente?

Caleb Ordoñez T.
El problema es que las buenas intenciones no construyen departamentos.
Y los decretos tampoco.
Las buenas intenciones también tienen consecuencias
La iniciativa contempla limitar aumentos conforme a la inflación, registrar obligatoriamente los contratos y aplicar multas de hasta 46 mil 924 pesos. También propone asesoría gratuita y mecanismos contra desalojos violentos.
Hay medidas necesarias. Los abusos inmobiliarios existen. Los desalojos arbitrarios también. Ninguna persona debería perder su hogar mediante amenazas o intimidaciones.
Pero legislar para corregir una injusticia no debería producir otra.
Pensemos en una jubilada que dedicó treinta años a pagar un pequeño departamento. Hoy lo renta para complementar una pensión insuficiente. No pertenece a ningún cártel inmobiliario. No especula con edificios enteros. Simplemente administra el patrimonio que consiguió trabajando.
¿Qué sucederá si las nuevas obligaciones, restricciones y sanciones hacen que prefiera retirar su propiedad del mercado?
Habrá una vivienda menos.
Y si otros propietarios toman decisiones semejantes, quienes terminarán compitiendo por los departamentos disponibles serán precisamente aquellos que la ley pretende proteger.
No es una consecuencia demostrada ni inevitable. Es un riesgo que el Congreso tiene la obligación de evaluar.
Porque una cosa es regular los abusos y otra, muy distinta, pretender administrar la escasez.
El problema tiene dimensiones profundas. Según el INEGI, en 2024 el ingreso promedio de los hogares urbanos capitalinos rondaba los 37 mil pesos mensuales. Un promedio que, además, oculta enormes desigualdades.
¿Cuánto debe ganar una familia para vivir cerca de su trabajo? ¿Cuánto tiempo de su vida debe sacrificar transportándose? ¿En qué momento tener una habitación propia dejó de ser una aspiración razonable?
Esas preguntas no se resuelven únicamente vigilando contratos.
Se resuelven construyendo vivienda, mejorando el transporte, acercando servicios y generando condiciones para que la ciudad pueda alojar a quienes la mantienen funcionando.
Brugada también promete ampliar la vivienda asequible. Bien. Pero esa debería ser una prioridad medible, no una promesa subordinada al entusiasmo por imponer nuevas reglas.
El gobierno también debe rendir cuentas
Hay otra contradicción.
Desde 2024 existen disposiciones para limitar incrementos de renta y registrar contratos. Antes de anunciar nuevas sanciones, sería conveniente conocer los resultados de las anteriores.
¿Cuántas familias se beneficiaron? ¿Cuántos abusos fueron sancionados? ¿Qué funcionó y qué fracasó?
El gobierno exige transparencia a los particulares, pero todavía debe ofrecer respuestas convincentes sobre la eficacia de sus propias medidas.
Y mientras tanto, el verdadero debate corre el riesgo de perderse entre consignas: propietarios contra inquilinos, mercado contra Estado, ricos contra pobres.
Una discusión tan cómoda para los políticos como inútil para quienes necesitan vivienda.
La propiedad privada merece certeza jurídica. Los inquilinos merecen protección. Y ambos necesitan un gobierno capaz de entender que sus derechos no son necesariamente enemigos.
La iniciativa todavía puede corregirse. Sería deseable que el Congreso escuchara más evidencia y menos discursos.
Porque el desafío no consiste en decidir quién tiene la culpa de que vivir en la capital resulte tan caro.
Consiste en reconocer quién tiene la responsabilidad de hacerla habitable.
Una ciudad no se vuelve más justa cuando el gobierno decide cuánto debe costar vivir en ella, sino cuando consigue que vivir en ella deje de ser un privilegio.
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