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México

El narco plagia a niños para halconeo y venta de droga

La Procuraduría General de la República (PGR) detectó que el cártel de Los Zetas ha privado de su libertad a menores de edad de nacionalidad mexicana y de Centroamérica que pretendían llegar a Estados Unidos para reunirse con sus padres.

En este caso, la PGR aclaró que investiga el paradero de 37 niños y niñas que desde 2009 se encuentren desaparecidos luego de que sus padres pagaron a polleros para llevarlos a Estados Unidos.

Aunque oficialmente la dependencia federal investiga sólo 37 casos, debido a que ejerció su facultad de atracción, existen más situaciones de este tipo, que se encuentran bajo investigación de los estados y algunos más que no se han denunciado.

La competencia de la investigación fue atraída por la dependencia, tras la denuncia de que atrás de las desapariciones estaban involucrados Los Zetas.

En una respuesta de información pública, la dependencia precisó que desde ese año a la fecha investiga el presunto plagio de niños y niñas que van en su mayoría de entre ocho y 12 años de edad y que presuntamente habrían sido plagiados por Los Zetas.

De acuerdo con la dependencia federal, los padres de los menores habrían pagado un rescate por la liberación de sus hijos; sin embargo, los menores no han regresado con sus familiares o padres por lo que han dado parte a las autoridades por la desaparición de los niños.

Según la PGR, en sus indagatorias los padres de los menores pagaron sumas de entre 20 mil y 300 mil pesos para que Los Zetas liberaran a sus hijos .

El caso se remonta a 2009 cuando comenzaron los primeros plagios de menores de edad a manos de la organización criminal, es decir, algunos de los niños llevan desaparecidos dos años y medio, otros llevan desaparecidos de noviembre de 2011 a la fecha.

Pero la PGR no sólo tiene evidencia del plagio de menores de edad, sino también investiga por lo menos diez casos más de desaparición de padres de familia que viajaban junto con sus hijos para llegar a Estados Unidos.

Funcionarios de la PGR indicaron sobre la presunta relación de la organización delictiva de Los Zetas con tráfico de niños como forma de explotación sexual y para llevar a cabo trabajos forzados de venta de droga, estacas (escoltas) y halconeo (vigilancia).

La PGR precisó que investiga la desaparición no sólo de niños mexicanos, sino de menores de Perú, Honduras y Bolivia, cuyos padres pagaron a polleros para que llevarán a sus hijos hasta Estados Unidos.

De acuerdo con cifras de las Procuradurías estatales reportadas a la PGR a nivel nacional, existen 13 mil niños extraviados o ausentes.

A la fecha, las autoridades estatales y federales desconocen el paradero de los menores, incluso muchos de los casos de trata de personas no son investigados por falta de una ley que esclarezca la competencia de las autoridades.

Funcionarios de la dependencia federal precisaron que el problema de desaparición de menores por robo, sustracción, o plagio es un problema que va en crecimiento en nuestro país. El problema sigue siendo en muchos de las cosas en estados fronterizos y de mayor afluencia turística.

El otro problema de desaparición de menores de edad está ocurriendo en Oaxaca, Veracruz, Guerrero y Chiapas, entidades donde se encuentran las comunidades con mayor índice de pobreza y marginación.

Paradero

A la fecha, las autoridades no han podido establecer el paradero de los menores, aunque existen varias líneas de investigación para dar con ellos, al presumirse que los menores no habrían sido devueltos por explotación sexual incluyendo pornografía infantil y pederastia, retención indebida para obligarlos a trabajar para  narcos.

Para la PGR, el trayecto de menores indocumentados desde Centroamérica hasta Estados Unidos sigue siendo una travesía de gran riesgo a la que ningún menor de edad puede estar expuesto, y menos cuando su viaje lo realizan con personas que no pertenecen a su círculo familiar, considerando que Tamaulipas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Sinaloa y Sonora son las entidades con mayor reporte de denuncia por desaparición de personas.

La situación de menores que son llevados a Estados Unidos pese a los peligros que representa no volver a verlos o que desaparezcan no ha inhibido a los padres de familia en intentar a que sus hijos lleguen a la Unión Americana.

Se incrementa el número de infantes repatriados desde Estados Unidos

Según cifras del Instituto Nacional de Migración (INM), durante 2011 fueron repatriados de estados Unidos a nuestro país 15 mil 524 menores de edad de nacionalidad mexicana, mientras en poco más de la mitad del presente año la cifra fue de 9 mil 572.

De los 15 mil 524 menores repatriados en 2011, 14 mil 620 de ellos tenían entre 12 y 17 años de edad, mientras que 904 de ellos eran desde recién nacidos hasta los once años; lo peor es que 245 de esos menores viajaron absolutamente solos, es decir sólo se le encargó a alguna persona la responsabilidad de trasladarlos hacia la Unión Americana

De los 26 puntos de repatriación que tenía México para que autoridades de Estados Unidos llevaran a cabo la repatriación de mexicanos indocumentados, algunos han dejado de funcionar debido a la inseguridad que prevalece en el norte del país.

De acuerdo con el Centro de Estudios migratorios del INM, los lugares en la frontera norte donde se lleva a cabo la repatriación de mexicanos desde Estados Unidos se encuentran establecidos en el Memorándum de entendimiento entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Departamento de Seguridad Interna de los Estados Unidos de América sobre la repatriación segura, ordenada, digna y humana de nacionales mexicanos, suscrito el 20 de febrero de 2004 y en los Arreglos locales para la repatriación de nacionales.

En Baja California actualmente no existen repatriaciones por el punto de la Mesa de Otay; en Chihuahua en los puntos de internación de Puerto Palomas, Zaragoza y Porfirio Parra las repatriaciones son esporádicas, mientras que en Tamaulipas los puntos de Miguel Alemán, Puente Camargo y Puente B&M, únicamente funcionan como puntos de repatriación en casos de emergencia.

En Sonora, las repatriaciones por los puntos de Sásabe y Sonoyta  son esporádicas y en el punto de Nogales, y se precisa que  tres estaciones de repatriacion quedaron suspendidas.

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México

Avanza nueva Ley de Telecomunicaciones en el Senado: oposición advierte riesgo de censura y espionaje

El Senado de la República aprobó en lo general y lo particular la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, impulsada por Morena y sus aliados, en una sesión extraordinaria que terminó con 77 votos a favor y 30 en contra, principalmente del PRI y del PAN, quienes alertaron sobre riesgos de censura, vigilancia masiva y concentración de poder por parte del Estado.

Durante el debate, se presentaron 20 reservas, de las cuales sólo se aceptaron cuatro: dos del morenista Javier Corral y dos del senador Ricardo Sheffield. Estas últimas incorporan facultades para que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones —nuevo órgano autónomo creado por esta ley— vigile los costos de los equipos de telefonía móvil y evite incrementos injustificados.

El dictamen fue turnado a la Cámara de Diputados para su análisis y posible aprobación. Entre los puntos más polémicos se encuentra la facultad de suspender transmisiones de radio y televisión bajo criterios aún considerados ambiguos por la oposición, y la posibilidad de crear un registro de líneas de telefonía móvil, que algunos senadores calificaron como una amenaza a la privacidad.

El coordinador del PAN, Ricardo Anaya, sostuvo que aunque Morena eliminó del dictamen el artículo 109 —que planteaba el bloqueo de plataformas digitales—, esto se debió a la presión ciudadana, no a una convicción democrática. «Pusieron a temblar al gobierno. Los dobló la presión ciudadana», dijo desde tribuna. Aun así, insistió en que persisten mecanismos de control estatal que buscan acallar voces críticas.

En ese mismo sentido, el dirigente nacional del PRI y senador, Alejandro Moreno Cárdenas, advirtió que esta reforma representa “una guía de bolsillo para fortalecer un régimen antidemocrático, dictatorial”, al permitir al Estado vigilar a los ciudadanos, controlar los medios de comunicación y restringir la libertad de expresión. «Ustedes están destruyendo la República», acusó.

En defensa del dictamen, el senador Manuel Huerta (Morena) respondió que la ley “no espía, no persigue, no censura”, sino que garantiza que las telecomunicaciones estén al servicio del pueblo y no de intereses económicos particulares. Por su parte, Jorge Carlos Ramírez Marín (PVEM) argumentó que el registro de líneas ya está contemplado en el artículo 190 de la ley vigente, y desestimó las acusaciones de que se trata de un «Big Brother».

Uno de los cambios relevantes del dictamen fue la eliminación de la censura previa de contenidos de medios internacionales a través de la Secretaría de Gobernación, medida que habría violado el capítulo 18.18 del T-MEC. Además, se sustituyó la polémica Agencia de Transformación Digital por una Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, con independencia técnica y operativa, aunque con integrantes propuestos por la Presidencia y ratificados por el Senado, lo que motivó críticas por un posible conflicto constitucional.

La senadora Claudia Anaya (PRI) advirtió que estos nombramientos serían ilegales, ya que el artículo 76 de la Constitución no faculta al Senado para ratificar integrantes de órganos reguladores como el que se plantea.

En paralelo, se determinó que la autoridad en materia de competencia económica quedará sectorizada en la Secretaría de Economía, que en conjunto con tribunales especializados decidirá sobre casos de poder sustancial o preponderancia en el sector.

Mientras tanto, la Agencia de Transformación Digital, ahora con funciones reducidas, será responsable de la política estatal de cobertura social, acceso satelital y aprovechamiento del espectro, sin excluir su participación como proveedor comercial.

La discusión en la Cámara de Diputados será clave para definir el rumbo de esta polémica reforma que, pese a los ajustes realizados, sigue dividiendo a los actores políticos y a la opinión pública.

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