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México

El narco plagia a niños para halconeo y venta de droga

La Procuraduría General de la República (PGR) detectó que el cártel de Los Zetas ha privado de su libertad a menores de edad de nacionalidad mexicana y de Centroamérica que pretendían llegar a Estados Unidos para reunirse con sus padres.

En este caso, la PGR aclaró que investiga el paradero de 37 niños y niñas que desde 2009 se encuentren desaparecidos luego de que sus padres pagaron a polleros para llevarlos a Estados Unidos.

Aunque oficialmente la dependencia federal investiga sólo 37 casos, debido a que ejerció su facultad de atracción, existen más situaciones de este tipo, que se encuentran bajo investigación de los estados y algunos más que no se han denunciado.

La competencia de la investigación fue atraída por la dependencia, tras la denuncia de que atrás de las desapariciones estaban involucrados Los Zetas.

En una respuesta de información pública, la dependencia precisó que desde ese año a la fecha investiga el presunto plagio de niños y niñas que van en su mayoría de entre ocho y 12 años de edad y que presuntamente habrían sido plagiados por Los Zetas.

De acuerdo con la dependencia federal, los padres de los menores habrían pagado un rescate por la liberación de sus hijos; sin embargo, los menores no han regresado con sus familiares o padres por lo que han dado parte a las autoridades por la desaparición de los niños.

Según la PGR, en sus indagatorias los padres de los menores pagaron sumas de entre 20 mil y 300 mil pesos para que Los Zetas liberaran a sus hijos .

El caso se remonta a 2009 cuando comenzaron los primeros plagios de menores de edad a manos de la organización criminal, es decir, algunos de los niños llevan desaparecidos dos años y medio, otros llevan desaparecidos de noviembre de 2011 a la fecha.

Pero la PGR no sólo tiene evidencia del plagio de menores de edad, sino también investiga por lo menos diez casos más de desaparición de padres de familia que viajaban junto con sus hijos para llegar a Estados Unidos.

Funcionarios de la PGR indicaron sobre la presunta relación de la organización delictiva de Los Zetas con tráfico de niños como forma de explotación sexual y para llevar a cabo trabajos forzados de venta de droga, estacas (escoltas) y halconeo (vigilancia).

La PGR precisó que investiga la desaparición no sólo de niños mexicanos, sino de menores de Perú, Honduras y Bolivia, cuyos padres pagaron a polleros para que llevarán a sus hijos hasta Estados Unidos.

De acuerdo con cifras de las Procuradurías estatales reportadas a la PGR a nivel nacional, existen 13 mil niños extraviados o ausentes.

A la fecha, las autoridades estatales y federales desconocen el paradero de los menores, incluso muchos de los casos de trata de personas no son investigados por falta de una ley que esclarezca la competencia de las autoridades.

Funcionarios de la dependencia federal precisaron que el problema de desaparición de menores por robo, sustracción, o plagio es un problema que va en crecimiento en nuestro país. El problema sigue siendo en muchos de las cosas en estados fronterizos y de mayor afluencia turística.

El otro problema de desaparición de menores de edad está ocurriendo en Oaxaca, Veracruz, Guerrero y Chiapas, entidades donde se encuentran las comunidades con mayor índice de pobreza y marginación.

Paradero

A la fecha, las autoridades no han podido establecer el paradero de los menores, aunque existen varias líneas de investigación para dar con ellos, al presumirse que los menores no habrían sido devueltos por explotación sexual incluyendo pornografía infantil y pederastia, retención indebida para obligarlos a trabajar para  narcos.

Para la PGR, el trayecto de menores indocumentados desde Centroamérica hasta Estados Unidos sigue siendo una travesía de gran riesgo a la que ningún menor de edad puede estar expuesto, y menos cuando su viaje lo realizan con personas que no pertenecen a su círculo familiar, considerando que Tamaulipas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Sinaloa y Sonora son las entidades con mayor reporte de denuncia por desaparición de personas.

La situación de menores que son llevados a Estados Unidos pese a los peligros que representa no volver a verlos o que desaparezcan no ha inhibido a los padres de familia en intentar a que sus hijos lleguen a la Unión Americana.

Se incrementa el número de infantes repatriados desde Estados Unidos

Según cifras del Instituto Nacional de Migración (INM), durante 2011 fueron repatriados de estados Unidos a nuestro país 15 mil 524 menores de edad de nacionalidad mexicana, mientras en poco más de la mitad del presente año la cifra fue de 9 mil 572.

De los 15 mil 524 menores repatriados en 2011, 14 mil 620 de ellos tenían entre 12 y 17 años de edad, mientras que 904 de ellos eran desde recién nacidos hasta los once años; lo peor es que 245 de esos menores viajaron absolutamente solos, es decir sólo se le encargó a alguna persona la responsabilidad de trasladarlos hacia la Unión Americana

De los 26 puntos de repatriación que tenía México para que autoridades de Estados Unidos llevaran a cabo la repatriación de mexicanos indocumentados, algunos han dejado de funcionar debido a la inseguridad que prevalece en el norte del país.

De acuerdo con el Centro de Estudios migratorios del INM, los lugares en la frontera norte donde se lleva a cabo la repatriación de mexicanos desde Estados Unidos se encuentran establecidos en el Memorándum de entendimiento entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Departamento de Seguridad Interna de los Estados Unidos de América sobre la repatriación segura, ordenada, digna y humana de nacionales mexicanos, suscrito el 20 de febrero de 2004 y en los Arreglos locales para la repatriación de nacionales.

En Baja California actualmente no existen repatriaciones por el punto de la Mesa de Otay; en Chihuahua en los puntos de internación de Puerto Palomas, Zaragoza y Porfirio Parra las repatriaciones son esporádicas, mientras que en Tamaulipas los puntos de Miguel Alemán, Puente Camargo y Puente B&M, únicamente funcionan como puntos de repatriación en casos de emergencia.

En Sonora, las repatriaciones por los puntos de Sásabe y Sonoyta  son esporádicas y en el punto de Nogales, y se precisa que  tres estaciones de repatriacion quedaron suspendidas.

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México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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