Muchos ya esperaban los cambios en el gabinete, pero lo que no se esperaba es que funcionarios públicos fueran cesados de golpe y puestos a disposición de la Procuraduría General de la República, como sucedió con el director de Seguridad Pública de San Francisco del Oro, Jorge Luis Baca Molina, y el comandante Pablo Fierro, por su posible apoyo a criminales.
Según informó el alcalde de ese municipio, ambos agentes viajaban con droga y armas de fuego no reglamentarias por la Boquilla, cuando militares los interceptaron y los detuvieron. De la investigación nada se sabe.
Así se replica, punto por punto, el déjà vu del desastre calderonista, pues si bien es importante la detención de elementos involucrados con criminales, también es cierto que los exámenes de confianza y la depuración policíaca tan cacareada desde hace años, no han servido para nada, pues el enemigo está en casa.
Como ya hemos dicho en este espacio, México vive, según informes de la ONU y de especialistas, un narco de estado, ya que las autoridades encargadas de prevenir y erradicar el delito son precisamente quienes cometen o solapan los crímenes.
La seguridad pública en México es, más que una política, un derecho o un servicio, un negocio redondo, pues las placas de policía sirven muchas veces como patentes de corso y el meollo de dicho negocio es que haya mucho delito para sacar provecho de él.
Si no hubiera contrabando ¿de dónde se enriquecerían los aduanales de la noche a la mañana? Si no hubiera borrachos conduciendo, ¿de dónde sacaría tránsito para las «mordidas»? Por eso existen los drive inns, para promover el delito y luego cobrar por él.
Pero ya pasando a los movimientos de funcionarios menos drásticos, se sabe que el gobernador César Duarte ya tiene
en la mira a los que abandonarán el gabinete, pero es tal la zozobra que casi ninguno se siente del todo seguro. ¿Será miedo fundado o puro calambre marca Duarte?
De nuevo le salió la jugada a Duarte, pues al sacudir el avispero puede observar cómo reaccionan los moscos y así conocer a fondo cómo andan los ánimos de su gente, qué tan aguerridas están las tribus internas, cómo conviven entre ellas y, de paso, le sirve para divertirse un rato.
También se fortalecen los rumores de que Duarte buscaría incluir en su equipo a los alcaldes salientes Marco Adán Quezada y Héctor Murguía, no porque los quiera mucho, sino porque son claros aspirantes a la gubernatura y bajo su nómina podrá controlarlos mucho mejor, quizá para allanarle el camino a los recién electos y, sobre todo, a su compadre Javier Garfio.
Pero el ojiverde Quezada y Teto son muy vagos y difícilmente se dejarán jondear en una oficina. Sus ambiciones ya nadie las para, pues saben que su momento político es ahora o nunca.
Un caso que se complica es el del asesinato del catedrático Alonso González, quien, a decir de quienes lo conocen, difícilmente pudo ser asesinado, procesado y trasladado por Antonio Arando, pues la víctima medía 1.90 de estatura y pesaba cerca de 100 kilos.
La Fiscalía ya se encargó de ensuciar el caso con fuertes dosis de morbo y homofobia, su especialidad, pues si recuerda las autoridades se centran más en demostrar que “por algo los matan” que en esclarecer los crímenes y en ofrecer justicia.
La que apareció en público luego de tres años de exilio fue la ex procuradora Patricia González, y lo hizo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, donde expuso sobre lo que más sabe: la reforma penal.
Mucho se ha hablado sobre los ofrecimientos que podría tener la académica en el Gobierno Federal, pues sin duda tiene una gran capacidad dentro del campo de la academia y la teoría, por más que sus resultados en la Pgje hayan sido desastrosos, con fuertísimos señalamientos de colusión con criminales, ineficacia y violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Lo cierto es que, aunque sobren expedientes y artículos periodísticos acusándola, hasta ahora ningún delito se le ha comprobado.
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