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Opinión

El pacto. Por Raúl Saucedo

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Lo implícito y lo que queremos

En el tejido social de la sociedad mexicana, se entrelaza la esencia de su identidad y se plasma en su Constitución Política. Este documento en sus inicios resultado de la Revolución Mexicana representa un pacto social que ha resistido el paso del tiempo, pero no sin enfrentar desafíos y transformaciones a lo largo de las décadas.

La Constitución Mexicana de 1917 es una radiografía de las aspiraciones de un pueblo que anhelaba justicia, igualdad y libertad. Surgida en el contexto de una revuelta social, la constitución marcó el fin de una época política de inicios de siglo y sentó las bases para una república. Inspirada por ideales liberales, laborales y agrarios, se erige como un monumento jurídico que refleja la lucha por la justicia social y la soberanía nacional.

Es preciso decir que la flexibilidad de la Constitución Mexicana ha sido un aspecto crucial de su longevidad. A lo largo de los años, se han implementado múltiples reformas para adecuarla a los desafíos contemporáneos. El proceso de reforma requiere la aprobación de una mayoría en el Congreso, lo cual implica un ejercicio delicado de negociación política. Este método, aunque ha permitido ajustes necesarios, también ha suscitado debates sobre la conveniencia de ciertas modificaciones y su impacto en la estabilidad normativa.

La Constitución Mexicana encuentra resonancias en otras constituciones alrededor del mundo, pero cada una refleja las peculiaridades de su contexto histórico y cultural. En comparación con otras naciones, México ha buscado equilibrar los principios fundamentales con la capacidad de adaptarse a las dinámicas políticas y sociales. La experiencia mexicana ofrece lecciones valiosas sobre la importancia de una base sólida y la necesidad de ajustes pragmáticos para abordar los desafíos cambiantes.

A medida que México avanza en el siglo XXI, la Constitución enfrenta nuevos retos. La tecnología, los cambios demográficos y las demandas de una sociedad cada vez más diversa plantean interrogantes sobre la capacidad del documento para mantener su relevancia. La lucha contra la corrupción, la consolidación de un Estado de derecho efectivo y la garantía de derechos para todos los ciudadanos son desafíos que requieren una mirada reflexiva y acciones decididas.

El reto principal radica en preservar la esencia de la Constitución mientras se adapta a las realidades contemporáneas. La sociedad mexicana debe aspirar a un diálogo inclusivo que permita la participación efectiva y activa de diversos sectores en el proceso de revisión y reforma. La garantía de derechos humanos, la equidad de género y la sostenibilidad ambiental deberían ser piedras angulares de cualquier discusión sobre el futuro de la constitución.

Si bien el pasado 5 de febrero la mayoría de la sociedad mexicana disfruto el asueto proporcionado, cuantos realmente analizamos el contexto actual de los derechos que como ciudadanos tenemos, quizá en ese asueto lo expresamos en alguna actividad cultural, deportiva o política por el simple hecho de ser ciudadano amparado por la constitución, ese mismo día el ejecutivo federal planteo un paquete de reformas constitucionales que en vísperas del proceso electoral parecieran propuestas de campaña, se viene  tiempos interesantes para la negociación política, donde tenga por seguro que algunas reformas serán reales, las otras monedas de cambio, espejos de ilusos.

@Raul_Saucedo

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Opinión

Estados Unidos comienza a sentir los efectos de una política de inmigración cercana a cero

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A un año del endurecimiento de la política migratoria impulsada por la administración del presidente Donald Trump, diversas comunidades y sectores económicos de Estados Unidos comienzan a registrar los efectos de una reducción sostenida de la población nacida en el extranjero. Hospitales, empresas, escuelas y organizaciones comunitarias enfrentan ausencias que ya impactan su funcionamiento cotidiano.

De acuerdo con estimaciones de Oxford Economics, la inmigración neta se ubica actualmente en alrededor de 450 mil personas al año, una cifra muy inferior a los dos o tres millones anuales registrados durante la administración anterior. En 2024, la población nacida fuera del país alcanzó el 14.8 por ciento del total nacional, el nivel más alto desde 1890, aunque la tendencia apunta a una desaceleración marcada.

Las restricciones incluyen el aumento de tarifas de visas, una reducción casi total en la admisión de refugiados, la caída en el ingreso de estudiantes internacionales y la eliminación de programas de estatus legal temporal. El gobierno federal ha informado la expulsión de más de 600 mil personas, mientras que funcionarios han señalado que el objetivo es aproximarse a un escenario similar al de la década de 1920, cuando la inmigración neta llegó a cero.

Los cambios ya se reflejan en distintas regiones del país. En Luisiana, empresas constructoras reportan escasez de mano de obra; en Virginia Occidental, hospitales han perdido médicos y enfermeras formados en el extranjero; y en ciudades como Memphis, ligas deportivas comunitarias han visto disminuir su participación. En zonas con alta presencia migrante, comercios, iglesias y eventos culturales registran menor afluencia por el temor a detenciones.

En Marshalltown, Iowa, una ciudad donde cerca del 19 por ciento de la población es extranjera y se hablan decenas de dialectos en las escuelas públicas, las consecuencias también son visibles. Plantas procesadoras han reducido personal por la expiración de permisos laborales, proyectos de construcción se han visto afectados y familias inmigrantes han optado por retirar a sus hijos de las aulas ante la incertidumbre.

El impacto se extiende a sectores clave como la salud, la agricultura y el cuidado de personas mayores, donde una parte significativa de la fuerza laboral es inmigrante. Autoridades locales, empresarios y académicos coinciden en que, aunque los empleadores buscan alternativas como la automatización o el traslado de operaciones, muchas actividades siguen dependiendo del trabajo presencial.

Especialistas advierten que, a largo plazo, una inmigración reducida podría agravar los efectos del envejecimiento poblacional y limitar el crecimiento económico, especialmente en comunidades que han dependido de la llegada de nuevos habitantes para sostener su desarrollo.

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