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Opinión

El pacto. Por Raúl Saucedo

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Lo implícito y lo que queremos

En el tejido social de la sociedad mexicana, se entrelaza la esencia de su identidad y se plasma en su Constitución Política. Este documento en sus inicios resultado de la Revolución Mexicana representa un pacto social que ha resistido el paso del tiempo, pero no sin enfrentar desafíos y transformaciones a lo largo de las décadas.

La Constitución Mexicana de 1917 es una radiografía de las aspiraciones de un pueblo que anhelaba justicia, igualdad y libertad. Surgida en el contexto de una revuelta social, la constitución marcó el fin de una época política de inicios de siglo y sentó las bases para una república. Inspirada por ideales liberales, laborales y agrarios, se erige como un monumento jurídico que refleja la lucha por la justicia social y la soberanía nacional.

Es preciso decir que la flexibilidad de la Constitución Mexicana ha sido un aspecto crucial de su longevidad. A lo largo de los años, se han implementado múltiples reformas para adecuarla a los desafíos contemporáneos. El proceso de reforma requiere la aprobación de una mayoría en el Congreso, lo cual implica un ejercicio delicado de negociación política. Este método, aunque ha permitido ajustes necesarios, también ha suscitado debates sobre la conveniencia de ciertas modificaciones y su impacto en la estabilidad normativa.

La Constitución Mexicana encuentra resonancias en otras constituciones alrededor del mundo, pero cada una refleja las peculiaridades de su contexto histórico y cultural. En comparación con otras naciones, México ha buscado equilibrar los principios fundamentales con la capacidad de adaptarse a las dinámicas políticas y sociales. La experiencia mexicana ofrece lecciones valiosas sobre la importancia de una base sólida y la necesidad de ajustes pragmáticos para abordar los desafíos cambiantes.

A medida que México avanza en el siglo XXI, la Constitución enfrenta nuevos retos. La tecnología, los cambios demográficos y las demandas de una sociedad cada vez más diversa plantean interrogantes sobre la capacidad del documento para mantener su relevancia. La lucha contra la corrupción, la consolidación de un Estado de derecho efectivo y la garantía de derechos para todos los ciudadanos son desafíos que requieren una mirada reflexiva y acciones decididas.

El reto principal radica en preservar la esencia de la Constitución mientras se adapta a las realidades contemporáneas. La sociedad mexicana debe aspirar a un diálogo inclusivo que permita la participación efectiva y activa de diversos sectores en el proceso de revisión y reforma. La garantía de derechos humanos, la equidad de género y la sostenibilidad ambiental deberían ser piedras angulares de cualquier discusión sobre el futuro de la constitución.

Si bien el pasado 5 de febrero la mayoría de la sociedad mexicana disfruto el asueto proporcionado, cuantos realmente analizamos el contexto actual de los derechos que como ciudadanos tenemos, quizá en ese asueto lo expresamos en alguna actividad cultural, deportiva o política por el simple hecho de ser ciudadano amparado por la constitución, ese mismo día el ejecutivo federal planteo un paquete de reformas constitucionales que en vísperas del proceso electoral parecieran propuestas de campaña, se viene  tiempos interesantes para la negociación política, donde tenga por seguro que algunas reformas serán reales, las otras monedas de cambio, espejos de ilusos.

@Raul_Saucedo

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Opinión

Duarte: de los bares de Chihuahua al Altiplano. Por Karen Torres

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En México y en la política, lo que parece pasado, siempre regresa para explicar el presente. Hay nombres que regresan una y otra vez como si fueran espectros empeñados en recordarnos las fracturas del sistema. Uno de ellos es César Horacio Duarte Jáquez, exgobernador de Chihuahua (2010-2016), figura central de uno de los expedientes de corrupción más voluminosos en la historia reciente del país.

Karen Torres A.

Y ahora, tras años de idas y venidas judiciales, vuelve a los titulares: la Fiscalía General de la República ordenó su recaptura y lo trasladó al penal de máxima seguridad del Altiplano.

Este episodio no ocurre en el vacío. Es parte de una historia que lleva casi una década escribiéndose entre detenciones, extradiciones, procesos fragmentados y una libertad condicional que muchos chihuahuenses vieron como una burla abierta.

Pero también es un movimiento político que envía un mensaje contundente: la nueva administración federal quiere que se entienda que, al menos en la Fiscalía, el viejo pacto de impunidad ya no opera “para algunos”. Y Duarte es la vívida señal, ojalá esto no se trate únicamente de justicia selectiva.

Duarte huyó de México en 2017, cuando la entonces Fiscalía de Chihuahua, bajo el gobierno de Javier Corral, integró al menos 21 órdenes de aprehensión en su contra. Los cargos eran amplios y concretos:

  • Peculado agravado por más de 1,200 millones de pesos,
  • Desvío de recursos públicos hacia campañas priistas,
  • Enriquecimiento ilícito,
  • Uso indebido de atribuciones y facultades
  • Y una red de empresas fantasma operadas desde su círculo íntimo.

Fue detenido en Miami el 8 de julio de 2020 en Estados Unidos. Ahí pasó 2 años mientras se resolvía un proceso de extradición. Finalmente, en junio de 2022, el gobierno estadounidense lo entregó a México bajo cargos de peculado agravado y asociación delictuosa.

Su llegada al país fue presentada por la Fiscalía como un triunfo institucional. Pero para Chihuahua comenzaba un capítulo distinto: la prisión preventiva en el Cereso de Aquiles Serdán, donde Duarte permaneció alrededor de 2 años más, entre audiencias diferidas, cambios de jueces y tácticas legales el caso se fue transformando en un rompecabezas jurídico que pocos lograron seguir con claridad.

Llegó la cuestionada libertad condicional de 2024: 

En agosto de 2024, en una audiencia sorpresiva, Duarte obtuvo libertad condicional bajo el argumento de que llevaba tiempo suficiente privado de la libertad y que su conducta había sido “adecuada”, sin haber recibido sentencia alguna.

La imagen era insólita: un político acusado de desviar más de mil millones de pesos, señalado de haber quebrado fondos públicos y endeudado al estado por generaciones…

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