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Opinión

El pacto. Por Raúl Saucedo

Lo implícito y lo que queremos

En el tejido social de la sociedad mexicana, se entrelaza la esencia de su identidad y se plasma en su Constitución Política. Este documento en sus inicios resultado de la Revolución Mexicana representa un pacto social que ha resistido el paso del tiempo, pero no sin enfrentar desafíos y transformaciones a lo largo de las décadas.

La Constitución Mexicana de 1917 es una radiografía de las aspiraciones de un pueblo que anhelaba justicia, igualdad y libertad. Surgida en el contexto de una revuelta social, la constitución marcó el fin de una época política de inicios de siglo y sentó las bases para una república. Inspirada por ideales liberales, laborales y agrarios, se erige como un monumento jurídico que refleja la lucha por la justicia social y la soberanía nacional.

Es preciso decir que la flexibilidad de la Constitución Mexicana ha sido un aspecto crucial de su longevidad. A lo largo de los años, se han implementado múltiples reformas para adecuarla a los desafíos contemporáneos. El proceso de reforma requiere la aprobación de una mayoría en el Congreso, lo cual implica un ejercicio delicado de negociación política. Este método, aunque ha permitido ajustes necesarios, también ha suscitado debates sobre la conveniencia de ciertas modificaciones y su impacto en la estabilidad normativa.

La Constitución Mexicana encuentra resonancias en otras constituciones alrededor del mundo, pero cada una refleja las peculiaridades de su contexto histórico y cultural. En comparación con otras naciones, México ha buscado equilibrar los principios fundamentales con la capacidad de adaptarse a las dinámicas políticas y sociales. La experiencia mexicana ofrece lecciones valiosas sobre la importancia de una base sólida y la necesidad de ajustes pragmáticos para abordar los desafíos cambiantes.

A medida que México avanza en el siglo XXI, la Constitución enfrenta nuevos retos. La tecnología, los cambios demográficos y las demandas de una sociedad cada vez más diversa plantean interrogantes sobre la capacidad del documento para mantener su relevancia. La lucha contra la corrupción, la consolidación de un Estado de derecho efectivo y la garantía de derechos para todos los ciudadanos son desafíos que requieren una mirada reflexiva y acciones decididas.

El reto principal radica en preservar la esencia de la Constitución mientras se adapta a las realidades contemporáneas. La sociedad mexicana debe aspirar a un diálogo inclusivo que permita la participación efectiva y activa de diversos sectores en el proceso de revisión y reforma. La garantía de derechos humanos, la equidad de género y la sostenibilidad ambiental deberían ser piedras angulares de cualquier discusión sobre el futuro de la constitución.

Si bien el pasado 5 de febrero la mayoría de la sociedad mexicana disfruto el asueto proporcionado, cuantos realmente analizamos el contexto actual de los derechos que como ciudadanos tenemos, quizá en ese asueto lo expresamos en alguna actividad cultural, deportiva o política por el simple hecho de ser ciudadano amparado por la constitución, ese mismo día el ejecutivo federal planteo un paquete de reformas constitucionales que en vísperas del proceso electoral parecieran propuestas de campaña, se viene  tiempos interesantes para la negociación política, donde tenga por seguro que algunas reformas serán reales, las otras monedas de cambio, espejos de ilusos.

@Raul_Saucedo

rsaucedo@uach.mx

Opinión

La semilla. Por Raúl Saucedo

Libertad Dogmática

El 4 de diciembre de 1860 marcó un hito en la historia de México, un parteaguas en la relación entre el Estado Mexicano y la Iglesia. En medio de la de la “Guerra de Reforma», el gobierno liberal de Benito Juárez, refugiado en Veracruz, promulgó la Ley de Libertad de Cultos. Esta ley, piedra angular del Estado laico mexicano, estableció la libertad de conciencia y el derecho de cada individuo a practicar la religión de su elección sin interferencia del gobierno.

En aquel entonces, la Iglesia Católica ejercía un poder absoluto en la vida política y social del país. La Ley de Libertad de Cultos, junto con otras Leyes de Reforma, buscaba romper con ese dominio, arrebatándole privilegios y limitando su influencia en la esfera pública. No se trataba de un ataque a la religión en sí, sino de un esfuerzo por garantizar la libertad individual y la igualdad ante la ley, sin importar las creencias religiosas.
Esta ley pionera sentó las bases para la construcción de un México moderno y plural. Reconoció que la fe es un asunto privado y que el Estado no debe imponer una creencia particular. Se abrió así el camino para la tolerancia religiosa y la convivencia pacífica entre personas de diferentes confesiones.
El camino hacia la plena libertad religiosa en México ha sido largo y sinuoso. A pesar de los avances logrados en el lejano 1860, la Iglesia Católica mantuvo una fuerte influencia en la sociedad mexicana durante gran parte del siglo XX. Las tensiones entre el Estado y la Iglesia persistieron, y la aplicación de la Ley de Libertad de Cultos no siempre fue consistente.
Fue hasta la reforma constitucional de 1992 que se consolidó el Estado laico en México. Se reconoció plenamente la personalidad jurídica de las iglesias, se les otorgó el derecho a poseer bienes y se les permitió participar en la educación, aunque con ciertas restricciones. Estas modificaciones, lejos de debilitar la laicidad, la fortalecieron al establecer un marco legal claro para la relación entre el Estado y las iglesias.
Hoy en día, México es un país diverso en materia religiosa. Si bien la mayoría de la población se identifica como católica, existen importantes minorías que profesan otras religiones, como el protestantismo, el judaísmo, el islam y diversas creencias indígenas. La Ley de Libertad de Cultos, en su versión actual, garantiza el derecho de todos estos grupos a practicar su fe sin temor a la persecución o la discriminación.
No obstante, aún persisten desafíos en la construcción de una sociedad plenamente tolerante en materia religiosa. La discriminación y la intolerancia siguen presentes en algunos sectores de la sociedad, y es necesario seguir trabajando para garantizar que la libertad religiosa sea una realidad para todos los mexicanos.

La Ley de Libertad de Cultos de 1860 fue un paso fundamental en la construcción de un México más justo y libre. A 163 años de su promulgación, su legado sigue vigente y nos recuerda la importancia de defender la libertad de conciencia y la tolerancia religiosa como pilares de una sociedad democrática y plural.
Es importante recordar que la libertad religiosa no es un derecho absoluto. Existen límites establecidos por la ley para proteger los derechos de terceros y el orden público. Por ejemplo, ninguna religión puede promover la violencia, la discriminación o la comisión de delitos.
El deseo de escribir esta columna más allá de conmemorar la fecha, me viene a deseo dado que este último mes del año y sus fechas finales serán el marco de celebraciones espirituales en donde la mayoría de la población tendrá una fecha en particular, pero usted apreciable lector a sabiendas de esta ley en mención, sepa que es libre de conmemorar esa fecha a conciencia espiritual y Libertad Dogmática.

@Raul_Saucedo
rsaucedo@uach.mx

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