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Opinión

El pacto. Por Raúl Saucedo

Lo implícito y lo que queremos

En el tejido social de la sociedad mexicana, se entrelaza la esencia de su identidad y se plasma en su Constitución Política. Este documento en sus inicios resultado de la Revolución Mexicana representa un pacto social que ha resistido el paso del tiempo, pero no sin enfrentar desafíos y transformaciones a lo largo de las décadas.

La Constitución Mexicana de 1917 es una radiografía de las aspiraciones de un pueblo que anhelaba justicia, igualdad y libertad. Surgida en el contexto de una revuelta social, la constitución marcó el fin de una época política de inicios de siglo y sentó las bases para una república. Inspirada por ideales liberales, laborales y agrarios, se erige como un monumento jurídico que refleja la lucha por la justicia social y la soberanía nacional.

Es preciso decir que la flexibilidad de la Constitución Mexicana ha sido un aspecto crucial de su longevidad. A lo largo de los años, se han implementado múltiples reformas para adecuarla a los desafíos contemporáneos. El proceso de reforma requiere la aprobación de una mayoría en el Congreso, lo cual implica un ejercicio delicado de negociación política. Este método, aunque ha permitido ajustes necesarios, también ha suscitado debates sobre la conveniencia de ciertas modificaciones y su impacto en la estabilidad normativa.

La Constitución Mexicana encuentra resonancias en otras constituciones alrededor del mundo, pero cada una refleja las peculiaridades de su contexto histórico y cultural. En comparación con otras naciones, México ha buscado equilibrar los principios fundamentales con la capacidad de adaptarse a las dinámicas políticas y sociales. La experiencia mexicana ofrece lecciones valiosas sobre la importancia de una base sólida y la necesidad de ajustes pragmáticos para abordar los desafíos cambiantes.

A medida que México avanza en el siglo XXI, la Constitución enfrenta nuevos retos. La tecnología, los cambios demográficos y las demandas de una sociedad cada vez más diversa plantean interrogantes sobre la capacidad del documento para mantener su relevancia. La lucha contra la corrupción, la consolidación de un Estado de derecho efectivo y la garantía de derechos para todos los ciudadanos son desafíos que requieren una mirada reflexiva y acciones decididas.

El reto principal radica en preservar la esencia de la Constitución mientras se adapta a las realidades contemporáneas. La sociedad mexicana debe aspirar a un diálogo inclusivo que permita la participación efectiva y activa de diversos sectores en el proceso de revisión y reforma. La garantía de derechos humanos, la equidad de género y la sostenibilidad ambiental deberían ser piedras angulares de cualquier discusión sobre el futuro de la constitución.

Si bien el pasado 5 de febrero la mayoría de la sociedad mexicana disfruto el asueto proporcionado, cuantos realmente analizamos el contexto actual de los derechos que como ciudadanos tenemos, quizá en ese asueto lo expresamos en alguna actividad cultural, deportiva o política por el simple hecho de ser ciudadano amparado por la constitución, ese mismo día el ejecutivo federal planteo un paquete de reformas constitucionales que en vísperas del proceso electoral parecieran propuestas de campaña, se viene  tiempos interesantes para la negociación política, donde tenga por seguro que algunas reformas serán reales, las otras monedas de cambio, espejos de ilusos.

@Raul_Saucedo

rsaucedo@uach.mx

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Opinión

La Reforma. Por Raúl Saucedo

El Desafío e Implicaciones Electorales

Una anhelada reforma judicial desde hace años ha sidopropuesta y ha llegado al Congreso Federal, marcando un hito en la agenda legislativa y desatando un intenso debate en la esfera política mexicana. La iniciativa, liderada por elEjecutivo Federal, busca una transformación en la judicatura federal, proponiendo la remoción de los actuales miembros y su reemplazo por nuevos jueces elegidos mediante voto popular.

La propuesta legislativa, presentada en la conmemoración del aniversario de la Constitución de 1917, abarca una serie de cambios significativos en la estructura y funcionamiento del Poder Judicial. Entre las medidas más notorias se encuentra la elección popular de cargos como ministros de la Suprema Corte de Justicia, consejeros del Consejo de la Judicatura Federal, magistrados del Tribunal Electoral federal, magistrados de circuito y jueces de distrito. La primera elección para estos cargos se llevaría a cabo en junio de 2025.

Sin embargo, la materialización de esta reforma enfrenta desafíos considerables, ya que requiere el apoyo de la oposición en el Congreso, algo que se vislumbra complicadodado el contexto electoral de este año (¿o no?). A pesar de ello, la agenda política podría beneficiarse al mantener en la campo el tema de los jueces, a quienes se les señala por algunos actores  de diferentes situaciones personales y políticas.

La propuesta también incluye cambios sustanciales en el Consejo de la Judicatura Federal, proponiendo la creación de un órgano de administración judicial y un Tribunal de Disciplina Judicial con facultades para sancionar a todos los miembros de la judicatura. La eliminación de las dos salas del Supremo, la restricción de las suspensiones de normas generales y la reducción de la Suprema Corte a nueve ministros son medidas adicionales que buscan reconfigurar el sistema judicial.

La reducción de la Corte y el proceso de selección de ministros también se encuentran entre las modificaciones más destacadas. La propuesta establece que el Ejecutivo, el Supremo y el Congreso presentarán listas de candidatos, y los nuevos ministros tendrán periodos de 8, 12 y 14 años según la cantidad de votos obtenidos en las elecciones.

Un punto controversial es la pérdida de beneficios para los ministros salientes, quienes no recibirán «haber por retiro», una prestación por encima de la ley que incluye una pensión vitalicia. Además, se establecen requisitos estrictos para los candidatos a ministros, como tener un título de licenciatura en Derecho con 10 años de antigüedad y no haber sido funcionarios federales.

La propuesta también aborda la fiscalización de los procesos electorales judiciales, con la participación del INE y la revisión de impugnaciones por parte del Tribunal Electoral y la Suprema Corte, dependiendo del cargo en disputa.

Finalmente, la iniciativa busca una equiparación salarial entre el presidente y los jueces federales, imponiendo ajustes salariales y prohibiendo a los jueces salientes litigar asuntos ante el Poder Judicial durante los dos años siguientes.

Aquí el cuestionamiento apreciable lector es si usted considera que actualmente esta reforma beneficiaria al sistema político mexicano, en miras de lo vivido en diferentes sexenios y sobre todo con la “cultura participativa y democrática” que tiene el país, en lo personal creo que una reforma de tal envergadura necesita cimientos democráticos en su población mas arraigados. La agenda política, esta en Marcha…

@Raul_Saucedo

rsaucedo@uach.mx

 

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