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Opinión

El país debe aprender de la tragedia de los tarahumaras Por Aquiles Córdova

Sé que a mí no se me da el arte de las plañideras, es decir, que no tengo aptitud para fingir pena o dolor profundos que no sienta verdaderamente. A pesar de ello, creo mi deber decir públicamente que el suplicio que están viviendo más de 100 mil mexicanos de la etnia rarámuri, los llamados “tarahumaras”, asentados en la parte más inaccesible e inhóspita de la Sierra Madre Occidental, en el estado de Chihuahua, es realmente desgarradora, espantosa y, por eso mismo, increíble, difícil de aceptar para un ser humano del siglo XXI, en cualquier parte del planeta en que viva. Visto aisladamente, como gesto de solidaridad humana, nada tengo que objetar al operativo que se ha montado a toda prisa por el Gobierno federal, a través del Ejército Mexicano, por la jerarquía católica de Chihuahua y por la Cruz Roja Mexicana en representación de la sociedad civil, para llevar alimento, ropa de abrigo y medicinas a esos mexicanos humildes. Y menos aún tengo que objetar a la generosidad del pueblo de México que, con sus donativos generosos, ha acudido sin demora y sin regateos al rescate de sus hermanos en desgracia. Es más, el mérito del auxilio popular es mayor aún, si se tiene en cuenta que no es la primera ni la única vez que ha tenido que hacerlo en los últimos años.

      Pero me parece que sí hay cosas qué decir, y muchas, sobre el manejo que están dando a la crisis los medios de información, con la televisión a la cabeza; los personeros de los gobiernos de Chihuahua y de la República y varios políticos profesionales de distinto pelaje ideológico. En primer lugar, como si se hubiesen puesto de acuerdo, todos coinciden en el carácter “coyuntural”, eventual, casi accidental dirían algunos, de la hambruna que azota a los rarámuris, ya que la causa de la misma es, según ellos, la tremenda sequía “atípica” (la mayor en 100 años, dicen) que azota a más de la mitad del territorio nacional. En segundo lugar, es evidente el empeño en sembrar la idea de que el desastre está rigurosamente circunscrito a los tarahumaras; en el resto del país la situación es notablemente distinta y mucho mejor. En tercer lugar, se trata de hacer creer al país que, para resolver el desastre humanitario así acotado, lo único que se requiere es que fluya en cantidad suficiente el donativo de víveres, abrigo, agua y medicinas, es decir, que el reto es únicamente impedir que alguien muera de hambre o de frío en esta emergencia. En cuarto y último lugar, ante el dato duro de que la ayuda humanitaria no cubre ni siquiera el 50 por ciento del total de la población afectada, se pretende justificar tal insuficiencia alegando lo inaccesible e incomunicado de la zona y el atavismo cultural del tarahumara, que se niega a abandonar sus cuevas para asentarse en un sitio mejor.

      Pero nada de esto es cierto, o, mejor dicho, nada es exactamente así. Primero, el hambre de los tarahumaras sólo debe a la sequía “atípica” su acmé, sólo su actual agudización extrema, pero no su existencia misma, pues todos sabemos que esa miseria humana y social (de ése y de todos los grupos indígenas del país) vienen de muy atrás, que han existido desde siempre, desde que la conquista española los despojó de sus recursos naturales, de sus tierras, sus bosques y sus manantiales, y los redujo a la condición de esclavos y mendigos en su propia tierra. Y que 200 años de independencia y de “progreso” no han sido capaces de modificar, ni en un pelo siquiera, esa vergonzosa situación. Segundo, el abandono y la marginación que hoy hacen crisis en la tarahumara, no son exclusivas de esa región ni de esa etnia; existen en todo el territorio nacional y azotan por igual a indígenas y no indígenas, es decir, a todo aquel mexicano que, por carecer de empleo, de un salario digno o de una fuente de ingresos segura y legítima, se ve obligado a vegetar en la misma mugre, ignorancia, insalubridad, falta de vivienda y de alimento que sus hermanos rarámuris. Tercero, visto el problema en su verdadera dimensión y profundidad, resulta ridículo plantear a la nación que la solución está en donar un poco más de arroz, de frijol, de ropa o de medicinas a los necesitados; y también resulta grotesco, en cuarto lugar, culpar por la insuficiencia de la ayuda a la falta de vías de comunicación expeditas o al atavismo social y cultural de los tarahumaras. El más elemental razonamiento dice a las claras que ni el incremento de las cantidades de víveres y otros insumos donados por la población, por grande que sea, ataca el problema en su raíz y no es, por tanto, la solución de fondo, ni el atavismo cultural de ese pueblo puede ser la causa de que no cuente con buenas vías  de comunicación, agua, drenaje, vivienda, escuelas, hospitales, abasto suficiente y barato y fuentes de trabajo seguro y bien remunerado. Es obvio que la verdad es exactamente la contraria: es la falta de esos servicios, es el innegable y criminal abandono en que los han tenido los distintos gobiernos de los tres niveles, lo que determina y explica su conformismo, su falta de ambición por una vida mejor.

      Los mexicanos debemos aprovechar la amarga lección que encierra la tragedia de los tarahumaras. Tenemos que entender que su miseria no es más que una parte (y no la mayoritaria, por cierto) de la miseria que afecta a más del 50 por ciento de la población del país, y saber, además, que la brecha que separa a los mexicanos más ricos de los más pobres, lejos de reducirse al paso de los años se ha ahondado peligrosamente, según dicen los organismos internacionales que monitorean la economía mundial. Por eso, hoy que se avecinan elecciones presidenciales, es hora de que quienes aspiran a gobernar al país abandonen de una vez por todas las frasecitas trilladas y supuestamente “ingeniosas”, que nada dicen y a nada comprometen; que dejen atrás la demagogia barata que busca votos apelando al sentimentalismo y no a la inteligencia de la parte más atrasada de nuestro pueblo; que salgan de los lugares comunes y de las generalidades huecas “que a todos gustan y a nadie lastiman”, y digan con toda claridad, precisión y puntualidad, qué van a hacer para combatir en serio la miseria de las mayorías, que tan bien ilustra el caso de los tarahumaras; qué política económica van a  aplicar para que el país crezca, genere empleos bien pagados, produzca más riqueza y la distribuya mejor entre todos sus hijos. ¡Ya basta de poses de vedette que promueve productos “de belleza” en televisión! ¡Ya basta de ver en la desgracia de los desamparados una simple oportunidad para sacarse la foto repartiendo baratijas a los damnificados! Este país ya maduró, ya salió de la adolescencia y se hizo adulto, y exige, en consecuencia, políticos adultos, responsables de sus actos y de sus ofrecimientos ante el insobornable tribunal del pueblo.

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Opinión

La semilla. Por Raúl Saucedo

Libertad Dogmática

El 4 de diciembre de 1860 marcó un hito en la historia de México, un parteaguas en la relación entre el Estado Mexicano y la Iglesia. En medio de la de la “Guerra de Reforma», el gobierno liberal de Benito Juárez, refugiado en Veracruz, promulgó la Ley de Libertad de Cultos. Esta ley, piedra angular del Estado laico mexicano, estableció la libertad de conciencia y el derecho de cada individuo a practicar la religión de su elección sin interferencia del gobierno.

En aquel entonces, la Iglesia Católica ejercía un poder absoluto en la vida política y social del país. La Ley de Libertad de Cultos, junto con otras Leyes de Reforma, buscaba romper con ese dominio, arrebatándole privilegios y limitando su influencia en la esfera pública. No se trataba de un ataque a la religión en sí, sino de un esfuerzo por garantizar la libertad individual y la igualdad ante la ley, sin importar las creencias religiosas.
Esta ley pionera sentó las bases para la construcción de un México moderno y plural. Reconoció que la fe es un asunto privado y que el Estado no debe imponer una creencia particular. Se abrió así el camino para la tolerancia religiosa y la convivencia pacífica entre personas de diferentes confesiones.
El camino hacia la plena libertad religiosa en México ha sido largo y sinuoso. A pesar de los avances logrados en el lejano 1860, la Iglesia Católica mantuvo una fuerte influencia en la sociedad mexicana durante gran parte del siglo XX. Las tensiones entre el Estado y la Iglesia persistieron, y la aplicación de la Ley de Libertad de Cultos no siempre fue consistente.
Fue hasta la reforma constitucional de 1992 que se consolidó el Estado laico en México. Se reconoció plenamente la personalidad jurídica de las iglesias, se les otorgó el derecho a poseer bienes y se les permitió participar en la educación, aunque con ciertas restricciones. Estas modificaciones, lejos de debilitar la laicidad, la fortalecieron al establecer un marco legal claro para la relación entre el Estado y las iglesias.
Hoy en día, México es un país diverso en materia religiosa. Si bien la mayoría de la población se identifica como católica, existen importantes minorías que profesan otras religiones, como el protestantismo, el judaísmo, el islam y diversas creencias indígenas. La Ley de Libertad de Cultos, en su versión actual, garantiza el derecho de todos estos grupos a practicar su fe sin temor a la persecución o la discriminación.
No obstante, aún persisten desafíos en la construcción de una sociedad plenamente tolerante en materia religiosa. La discriminación y la intolerancia siguen presentes en algunos sectores de la sociedad, y es necesario seguir trabajando para garantizar que la libertad religiosa sea una realidad para todos los mexicanos.

La Ley de Libertad de Cultos de 1860 fue un paso fundamental en la construcción de un México más justo y libre. A 163 años de su promulgación, su legado sigue vigente y nos recuerda la importancia de defender la libertad de conciencia y la tolerancia religiosa como pilares de una sociedad democrática y plural.
Es importante recordar que la libertad religiosa no es un derecho absoluto. Existen límites establecidos por la ley para proteger los derechos de terceros y el orden público. Por ejemplo, ninguna religión puede promover la violencia, la discriminación o la comisión de delitos.
El deseo de escribir esta columna más allá de conmemorar la fecha, me viene a deseo dado que este último mes del año y sus fechas finales serán el marco de celebraciones espirituales en donde la mayoría de la población tendrá una fecha en particular, pero usted apreciable lector a sabiendas de esta ley en mención, sepa que es libre de conmemorar esa fecha a conciencia espiritual y Libertad Dogmática.

@Raul_Saucedo
rsaucedo@uach.mx

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