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El país donde están prohibidos los indigentes

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BUDAPEST, 28 de abril.- Una polémica ley húngara estrecha el cerco legal a los 30 mil «sin techo» del país, que pueden ser condenados a seis meses de cárcel por vivir en la calle.

La normativa, que entró en vigor hace dos semanas y ha recibido criticas de organizaciones de defensa de los derechos humanos húngaras e internacionales, les obliga a mudarse a alguno de los centros de acogida, aunque en ellos no hay plazas para todos.

La ley prevé para los que sigan en la calle penas crecientes: tras una primera advertencia, si reinciden, se les impone una multa de 500 euros, en caso de no disponer de ellos, deberán pasar seis meses en prisión.

Pese a la amenaza, un grupo de tres vagabundos en una de las calles de Budapest cercanas a un centro comercial, no parece por ahora estar preocupado: «los policías nos piden que nos vayamos, pero buscamos algún lugar en las afueras y allí no nos encuentran», dice uno, y agrega que él nunca acudiría a los centros, ya que allí solo hay «mal olor, robos y desorden».

La ley prevé que las sanciones sólo se podrían aplicarán en aquellas localidades que aseguren alojamiento a las personas afectadas, algo que no cumple ninguna ciudad del país.

Condena internacional

El rechazo de la legislación, una de las más restrictivas en Europa, ha sido rotundo y organizaciones civiles húngaras como la Unión para las Libertades Fundamentales (TASZ) o la internacional Human Rights Watch (HRW) han pedido anular la ley.

Esta legislación significa un «grave problema» desde el punto de vista de los derechos humanos, aseguró HRW, mientras que según TASZ, viola la idea del trato igualitario de las personas.

Stefania Kapronczay, directora de programas de la TASZ explica que la legislación es anticonstitucional, la define como «sin lógica ni sentido» y resalta la falta de programas sociales de vivienda y trabajo, recordando que el defensor del pueblo ha llevado el caso al Tribunal Constitucional para su revisión.

Esta ley nacional completa un proceso de sanciones que ha ido expandiéndose. Primero fue una ley municipal en Budapest que prohibía vivir en los pasajes subterráneos de Budapest y después se les impusieron multas en varios distritos de la cuidad.

Un sin techo que se presentó como «Maci Laci» (una figura de dibujos animados), en un centro de acogida del barrio Óbuda, afirmó sobre esta presión creciente: «¿por qué no tiramos todos los vagabundos al Danubio? ¡Eso sería una solución al problema!».

En los primeros meses de este año más de 270 personas fueron arrestadas en Budapest por la aplicación de la ley municipal, aunque casi todos los casos han concluido con una «advertencia».

«Hasta el momento no tenemos informaciones de que algún sin techo haya sido multado (por la normativa nacional), pero la ley significa una tremenda amenaza», explicó Attila Takács, también sin techo y activista de la ONG «A Város Mindenkié» (La ciudad es de todos).

Según Takács, que trabaja y vive en la redacción de una radio alternativa de Budapest, las autoridades realizan «campañas» en determinados periodos, pero su experiencia es que el comportamiento de los policías es ambiguo.

«La mayoría de los policías están hartos» de tener que participar en estas acciones y sólo piden a los vagabundos que abandonen la calle, aunque «cuando tienen esa orden» les arrestan, relató.

Crisis dificulta reinserción social

Muchos vagabundos opinan que la única solución para su situación es encontrar un trabajo, pero pese a que las organizaciones civiles y varios centros de acogida les ayuda en la búsqueda, resulta cada vez más difícil debido a la crisis.

«Yo trabajé durante un año, viviendo en una carpa y me bañaba todos los días en el Danubio», explica Zsuzsa, de unos 60 años, que ahora vive en un centro de acogida, pero sin trabajo, aunque su sueño es poder mudarse a un inmueble social, donde no tenga que compartir habitación.

Los centros de acogida del país varían desde salas para más de 100 personas, hasta los albergues con habitaciones con dos camas, baños, conexión a internet y cocina, aunque estos últimos son muy escasos.

Un nuevo aspecto de los últimos meses es que «aparecieron en la calle también los gitanos sin techo», agrega Takács sorprendido, ya que según explica «los lazos familiares entre los romanís son muy fuertes, se ayudan» y aunque su número sigue siendo reducido, esto indica que la crisis se está agravando.

jrr

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Dinero

EE.UU. impone arancel de 10% a México por política sobre trabajo forzoso

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Estados Unidos anunció una nueva ronda de aranceles para 60 economías, entre ellas México, al que aplicará un gravamen de 10 por ciento por considerar que no prohíbe o no hace cumplir de manera efectiva la importación de bienes elaborados con trabajo forzoso.

La medida fue dada a conocer por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), que explicó que la decisión deriva de una investigación realizada bajo la Sección 301, iniciada el 12 de marzo de 2026 por instrucción del presidente Donald Trump. El proceso incluyó dos rondas de audiencias públicas, consultas con más de 45 gobiernos y el análisis de más de 2 mil 100 comentarios.

México forma parte del grupo de países sujetos a un arancel de 10 por ciento, junto con Argentina, Bangladesh, Camboya, Canadá, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, India, Indonesia, Jordania, Malasia, Pakistán, Sri Lanka, Trinidad y Tobago y el Reino Unido.

De acuerdo con la USTR, esta categoría corresponde a economías que ya cuentan con una prohibición para importar productos elaborados con trabajo forzoso, que asumieron el compromiso de establecerla mediante un Acuerdo sobre Comercio Recíproco o que aplican mecanismos parciales para impedir la entrada de este tipo de mercancías.

La resolución también establece un esquema de tres niveles de sanciones. Para el resto de las economías investigadas se fijó un arancel de 12.5 por ciento, mientras que determinados productos procedentes de la Unión Europea, Taiwán, Japón, Corea del Sur y Suiza enfrentarán tasas de 10 o 12.5 por ciento, descontando la tarifa de Nación Más Favorecida cuando corresponda.

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, señaló que la decisión responde a la conclusión emitida el pasado 2 de junio, en la que la USTR determinó que las políticas de las 60 economías investigadas obstaculizan o restringen el comercio estadounidense. Agregó que la administración de Donald Trump considera necesario reforzar las medidas contra el trabajo forzoso en las cadenas globales de suministro.

Por su parte, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, afirmó que la resolución no modifica el arancel efectivo que actualmente paga México, ya que más del 80 por ciento de las exportaciones nacionales permanece exento al cumplir con las reglas de origen del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

El funcionario explicó que el gravamen de 10 por ciento para las exportaciones que no cumplen con el T-MEC se mantiene, aunque ahora cambia su fundamento legal al pasar de la Sección 122 a la Sección 301. Añadió que el Gobierno de México continúa las conversaciones con el representante comercial estadounidense para acercar posiciones en materia comercial.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que este jueves sostuvo una reunión con Jamieson Greer en Palacio Nacional, donde ambas partes avanzaron en la revisión del T-MEC y en otros acuerdos bilaterales.

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