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El país donde están prohibidos los indigentes

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BUDAPEST, 28 de abril.- Una polémica ley húngara estrecha el cerco legal a los 30 mil «sin techo» del país, que pueden ser condenados a seis meses de cárcel por vivir en la calle.

La normativa, que entró en vigor hace dos semanas y ha recibido criticas de organizaciones de defensa de los derechos humanos húngaras e internacionales, les obliga a mudarse a alguno de los centros de acogida, aunque en ellos no hay plazas para todos.

La ley prevé para los que sigan en la calle penas crecientes: tras una primera advertencia, si reinciden, se les impone una multa de 500 euros, en caso de no disponer de ellos, deberán pasar seis meses en prisión.

Pese a la amenaza, un grupo de tres vagabundos en una de las calles de Budapest cercanas a un centro comercial, no parece por ahora estar preocupado: «los policías nos piden que nos vayamos, pero buscamos algún lugar en las afueras y allí no nos encuentran», dice uno, y agrega que él nunca acudiría a los centros, ya que allí solo hay «mal olor, robos y desorden».

La ley prevé que las sanciones sólo se podrían aplicarán en aquellas localidades que aseguren alojamiento a las personas afectadas, algo que no cumple ninguna ciudad del país.

Condena internacional

El rechazo de la legislación, una de las más restrictivas en Europa, ha sido rotundo y organizaciones civiles húngaras como la Unión para las Libertades Fundamentales (TASZ) o la internacional Human Rights Watch (HRW) han pedido anular la ley.

Esta legislación significa un «grave problema» desde el punto de vista de los derechos humanos, aseguró HRW, mientras que según TASZ, viola la idea del trato igualitario de las personas.

Stefania Kapronczay, directora de programas de la TASZ explica que la legislación es anticonstitucional, la define como «sin lógica ni sentido» y resalta la falta de programas sociales de vivienda y trabajo, recordando que el defensor del pueblo ha llevado el caso al Tribunal Constitucional para su revisión.

Esta ley nacional completa un proceso de sanciones que ha ido expandiéndose. Primero fue una ley municipal en Budapest que prohibía vivir en los pasajes subterráneos de Budapest y después se les impusieron multas en varios distritos de la cuidad.

Un sin techo que se presentó como «Maci Laci» (una figura de dibujos animados), en un centro de acogida del barrio Óbuda, afirmó sobre esta presión creciente: «¿por qué no tiramos todos los vagabundos al Danubio? ¡Eso sería una solución al problema!».

En los primeros meses de este año más de 270 personas fueron arrestadas en Budapest por la aplicación de la ley municipal, aunque casi todos los casos han concluido con una «advertencia».

«Hasta el momento no tenemos informaciones de que algún sin techo haya sido multado (por la normativa nacional), pero la ley significa una tremenda amenaza», explicó Attila Takács, también sin techo y activista de la ONG «A Város Mindenkié» (La ciudad es de todos).

Según Takács, que trabaja y vive en la redacción de una radio alternativa de Budapest, las autoridades realizan «campañas» en determinados periodos, pero su experiencia es que el comportamiento de los policías es ambiguo.

«La mayoría de los policías están hartos» de tener que participar en estas acciones y sólo piden a los vagabundos que abandonen la calle, aunque «cuando tienen esa orden» les arrestan, relató.

Crisis dificulta reinserción social

Muchos vagabundos opinan que la única solución para su situación es encontrar un trabajo, pero pese a que las organizaciones civiles y varios centros de acogida les ayuda en la búsqueda, resulta cada vez más difícil debido a la crisis.

«Yo trabajé durante un año, viviendo en una carpa y me bañaba todos los días en el Danubio», explica Zsuzsa, de unos 60 años, que ahora vive en un centro de acogida, pero sin trabajo, aunque su sueño es poder mudarse a un inmueble social, donde no tenga que compartir habitación.

Los centros de acogida del país varían desde salas para más de 100 personas, hasta los albergues con habitaciones con dos camas, baños, conexión a internet y cocina, aunque estos últimos son muy escasos.

Un nuevo aspecto de los últimos meses es que «aparecieron en la calle también los gitanos sin techo», agrega Takács sorprendido, ya que según explica «los lazos familiares entre los romanís son muy fuertes, se ayudan» y aunque su número sigue siendo reducido, esto indica que la crisis se está agravando.

jrr

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Ordenan indemnización millonaria por accidente aéreo en Cuba que dejó 112 muertos

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Un juez mexicano ordenó el pago de indemnizaciones tras el accidente aéreo ocurrido en 2018 en Cuba, donde murieron 112 personas, al determinar que el siniestro estuvo relacionado con fallas en el mantenimiento de la aeronave.

De acuerdo con documentos judiciales fechados el 31 de marzo y consultados por The Washington Post a través de la Agencia AP, un peritaje independiente concluyó que el hecho fue un “accidente institucional” derivado de negligencia sistemática en los trabajos de mantenimiento, señalando que el avión no debió despegar.

Con base en estos hallazgos, el juez resolvió que la empresa Aerolíneas Damojh, que operaba bajo el nombre comercial Global Air, deberá pagar 1.5 millones de dólares a cada una de las familias de los cuatro tripulantes mexicanos que promovieron la demanda inicial. La aerolínea no se presentó al juicio, por lo que fue sentenciada en ausencia.

El accidente involucró un Boeing 737 que se desplomó en un campo agrícola poco después de despegar del Aeropuerto Internacional José Martí. De las 113 personas a bordo, solo una mujer sobrevivió, mientras que la mayoría de las víctimas eran de nacionalidad cubana.

El informe pericial citado establece que los pilotos fueron la última línea de defensa, sin lograr evitar el impacto. Asimismo, señala que la causa principal fue la falta de mantenimiento adecuado por parte de la empresa propietaria.

El abogado de los demandantes, Samuel González, afirmó que desde el primer día en La Habana, el jefe de mantenimiento de la compañía reconoció ante los familiares que la aeronave no debía estar en operación.

La sentencia también identificó omisiones en los protocolos y deficiencias en la supervisión, factores que derivaron en el accidente y en la apertura de procesos legales por homicidio y demandas colectivas.

Mientras en Cuba las autoridades atribuyeron el hecho a error humano, en México se suspendió temporalmente a la empresa y se inició una investigación, sin que hasta el momento se haya informado su avance.

El litigio continúa, ya que se mantiene una demanda civil colectiva en representación de las víctimas, además de una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República. Según la defensa, la investigación enfrenta obstáculos debido a la falta de información por parte de autoridades cubanas.

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