Era el año 2008. Militares mexicanos desfilaban con la cabeza alta, y el fusil colgado del hombro. Ese fusil, que aún estaba caliente, había sido parte de un espectáculo sangriento en Ojinaga, Chihuahua.
En aquella región —que en ese tiempo sería nombrada como la urbe más violenta de México— operaba el grupo conocido como el “Pelotón de la Muerte”, cuya misión se realizaba a las sombras del Operativo Conjunto Chihuahua.
Todos los días de su cuartel, salían elementos con la encomienda de exterminar civiles, así como robar botines al crimen organizado y guardar una parte de lo hurtado —armas y drogas— para sembrarlo a los detenidos, a quienes no habían podido ejecutar.
El “Pelotón de la Muerte” tenía una macabra puesta en escena. Al civil se le incineraba después de largas torturas, y se usaba gasolina como materia prima del “trabajo”.
Circularían muchos rumores, historias, después de los sucesos. El periodista Óscar Balderas, da voz al testimonio del mayor, Alejandro Rodas Cobón, a quien el destino lo colocó en un pelotón de ejecución.
Desde la prisión militar número 5 en Mazatlán, Sinaloa, donde se encuentra recluido Rodas Cobón desde hace 11 años, acusado por el propio Ejército mexicano de pertenecer al “Pelotón de la Muerte”, su historia le persigue.
Los hechos dictan que el mayor Alejandro Rodas, un veterano en las Fuerzas Armadas del país, entró al Ejército mexicano en 1984 a través del Heroico Colegio Militar. A partir de entonces escaló en el directorio de la Secretaría de la Defensa Nacional hasta llegar a la categoría de Jefe y ganarse una estrella dorada, el símbolo de un Mayor.
En diciembre de 2006, con la llegada de Felipe Calderón a la presidencia (2006-2012), lo sorprendió la estrategia guerra contra el narcotráfico. Asombrado, vio como el entonces mandatario enviaba 4,000 soldados a Michoacán para asumir las tareas de la policía local, una misión para la cual los militares no estaban preparados.
Un mes más tarde sería su turno. En enero de 2007 fue enviado a la Tercera Compañía de Infantería No Encuadrada en Chihuahua, donde el Cártel de Sinaloa se disputaba el control de la entidad con el de Juárez.
De acuerdo con Balderas, durante todo ese año, el mayor y sus 219 compañeros golpearon al crimen organizado sin que se presentara una sola queja ante organismos de derechos humanos. Sin embargo, todo cambió drásticamente el siguiente año, cuando Felipe Calderón ordenó el envío de 2,000 militares al norte del país para iniciar el Operativo Conjunto Chihuahua.
El entonces secretario de la Sedena, Guillermo Galván Galván, nombró al general Felipe de Jesús Espitia Hernández como coordinador de esa táctica. Espitia removió a viejos liderazgos en el Ejército para poner a sus subalternos, quienes tenían como instrucción dar resultados a toda costa.
Antes de la operación, el ex titular de la Sedena giró órdenes precisas: “hay que abatir a los miembros del narcotráfico”. El mayor Rodas aseguró a Balderas que la política perversa tenía el visto bueno del presidente.
Por años, esta estrategia del terror ha sido conocida como “limpieza social”, que consiste en asesinar a presuntos miembros del crimen organizado para evitar procesos y llevar resultados positivos en la guerra las drogas.
La limpieza social en 2008 empezó por las supuestas denuncias de los ciudadanos. Los militares recorrían Chihuahua animando a la población a denunciar anónimamente a miembros del crimen organizado mediante una línea telefónica segura.
