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EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO: CASA NUEVA, VICIOS VIEJOS

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Por: Víctor M. Quintana S.

Cuando la separación de poderes no existe, éstos funcionan como vasos comunicantes del autoritarismo, del tráfico de influencias, de la opacidad, de lo faccioso y partidista. Eso le ha pasado al poder judicial del estado. (Las minúsculas son para reflejar al autosometimiento y rebajamiento del mismo).

El recuento de los daños –y de las mañas- que se han venido presentando habría que comenzarlo por la nueva sede. La “Ciudad Judicial más grande de América Latina” en ningún sentido hace honor a su presuntuoso calificativo. Suponiendo que las dimensiones tuvieran algo que ver con la calidad de justicia que se imparte, hay en México otros complejos judiciales mayores. Pero, yéndonos a la calidad de la obra construida, las quejas de los usuarios son múltiples: elevadores siempre saturados (no lo de los magistrados que son exclusivos para ellos); pisos en declive (y no se trata de salas de cine), el edificio se cimbra, no por la exigencia ciudadana, sino por el paso de cualquier camión urbano o transporte pesado. No hay que olvidar que la firma de conformidad a la recepción de la obra civil fue uno de los factores que precipitaron la acelerada renuncia-jubilación del anterior Magistrado Presidente.

Por cierto, existen varias denuncias de empleados de este poder que prefieren permanecer en el anonimato por temor a represalias en el sentido de que han sido despedidas varias personas por su cercanía al anterior Presidente Magistrado. A otras, se les han quitado las plazas, ganadas con el trabajo de años y se les ha recontratado por honorarios, con plazos predeterminados, sin ningunas prestaciones. Denuncian malos tratos de los funcionarios administrativos, entre los cuales hay varios parientes políticos o por consanguineidad. Ellos son quienes manejan la plantilla del poder judicial.

Señalan también que en el Instituto de Justicia Alternativa se despidió a los coordinadores y a la jefa del mismo. A quienes se quedaron se les privó de una compensación de once mil pesos que recibían. Reina la incertidumbre entre los trabajadores con alguna antigüedad, mientras continuamente ingresa personal nuevo a laborar. Ahora, en tiempos de campañas electorales, existen también diversas denuncias en el sentido que a los empleados de este poder se les exige que trabajen de diversas formas en las campañas del PRI: por ejemplo, en las redes telefónicas de promoción del voto.

La impartición de Justicia se ve afectada de muy diversas formas: los concursos ya no se toman en cuenta para la designación de los jueces, pues éstos se nombran por acuerdo del Presidente del STJ con el Gobernador del Estado. Las sentencias se concentran en sólo dos titulares.

Lo peor de todo es la subordinación total de este poder a la voluntad del Gobernador: en las frecuentes reuniones que los titulares de este poder tienen con él, siempre les da la misma consigna: no debe emitirse ninguna sentencia absolutoria sin consultarlo previamente con su persona. Es necesario que el estado dé la imagen de que hay un alto porcentaje de juicios que terminan con la condena del presunto responsable, para demostrar que la impunidad baja en Chihuahua. Sin embargo, quienes conocen del tema señalan que un buen sistema de justicia penal acusatorio, como el vigente en el estado desde 2008, entre menos sentencias o asuntos lleguen a juicio es mejor.

Estas son sólo algunas de las denuncias que varios trabajadores de este poder, despedidos o todavía en funciones, expresan pero prefieren permanecer en el anonimato, ariscos ya de tantas represalias en contra de ellos y de sus compañeros. Si el Poder Judicial del Estado operara con transparencia, independencia, si rindiera cuentas puntuales y no estuviera sometido al Ejecutivo y al partido de éste, las podría responder a cabalidad.

Sin embargo, con este poder sucede lo mismo que con el Vivebús: se hace una cuantiosa inversión en infraestructura física, pero se entrega a los mismos grupos de interés, se subordina a los caprichos del Jefe del Ejecutivo. Y luego salen a relucir los vicios ocultos, no sólo los del edificio, sino del manejo interesado y faccioso de la Cosa Pública.

Si este sexenio todo en Chihuahua ha funcionado así, ¿por qué habría de escapar el poder judicial del estado, mejor dicho, del gobernador del estado?

P.S: Espero que por pubicar este artículo no me pase lo mismo que al joven y valiente reportero Gabriel Ortega, a quien le fue aplicada la versión chihuahuense de la Ley Mordaza: el inefable y arbitrario artículo 333 del Código Penal del Estado que a la letra dice: Artículo 333. Se impondrán de uno a tres años de prisión y de cincuenta a mil días multa al que, para obtener un beneficio o causar un daño, indebidamente produzca o edite, por cualquier medio técnico, imágenes, textos o voces, total o parcialmente falsos o verdaderos.

Por eso aclaro: el presente texto no tiene como pretensión obtener ningún beneficio, ni causar un daño, simplemente contribuir a la mejoría del Poder Judicial del Estado.

Opinión

Inzunza: la decadencia del favorito. Por Caleb Ordóñez T.

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Hay políticos que caen peleando. Hay políticos que caen defendiendo una causa. Y hay políticos cuya caída comienza mucho antes de que ellos mismos se den cuenta; cuando todavía sonríen en las fotografías oficiales y firman acuerdos con la soltura de quien cree que el futuro le pertenece.

La historia reciente de Enrique Inzunza Cázares parece pertenecer a esta última categoría.

Porque más allá de las acusaciones que enfrenta, más allá de los expedientes estadounidenses y más allá del ruido mediático que rodea a Sinaloa, hay algo que llama poderosamente la atención: Inzunza no se comporta como alguien que busca convencer al país de su inocencia. Se comporta como alguien atrapado en una partida de ajedrez donde cada movimiento tiene un único objetivo: sobrevivir un turno más. Viviendo en un eterno jaque.

Durante años fue presentado como uno de los hombres más inteligentes del círculo cercano de Rubén Rocha Moya. Jurista, magistrado, presidente del Supremo Tribunal de Justicia, secretario general de Gobierno y después senador de la República. Su ascenso fue tan rápido que muchos (casi todos) dentro de Morena en Sinaloa, lo veían como una especie de gobernador en espera.

No era un político de masas. No era un gran orador. No era un líder carismático.

Su poder provenía de otra parte: de la operación silenciosa, del control institucional, de la cercanía con el grupo gobernante y de una influencia que crecía discretamente, lejos de los reflectores, precisamente donde ese tipo de poder se cultiva mejor.

Por eso resulta tan revelador observar lo que ocurre hoy.Cuando un político es acusado injustamente, normalmente intenta salir a dar la cara. Busca entrevistas. Explica. Debate. Confronta. Construye una narrativa que lo sostenga mientras el temporal amaina.

Inzunza ha hecho exactamente lo contrario.

Los números lo dicen con una frialdad que ningún argumento político puede disfrazar.

Desde el 29 de abril de 2026, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública la acusación formal en su contra, Inzunza acumuló 21 días de ausencia en sesiones del Congreso. No pidió licencia. No renunció. Simplemente dejó de aparecer. Su única reaparición fue una fotografía en redes sociales junto a su madre, con ubicación en Batequitas, Badiraguato. Un político que dice no tener nada que esconder, escondido. Y cuando finalmente habló, lo hizo desde X, con una frase que revela más de lo que oculta:

«Soy abogado de mí mismo y me basta mi probidad.» Es la declaración de alguien que no quiere testigos en su defensa.

Y en política las formas importan tanto como los hechos, porque la percepción pública rara vez se construye únicamente con documentos judiciales. También se construye observando cómo reaccionan los protagonistas cuando el suelo comienza a moverse bajo sus pies.

Lo que proyecta Inzunza no es fortaleza. No transmite confianza. No parece un político concentrado en demostrar que las acusaciones son falsas.

Parece un político concentrado en administrar daños.

Esa imagen explica en buena medida por qué hoy se encuentra tan aislado. No porque Morena haya decidido abandonarlo de la noche a la mañana. No porque el Senado haya ejecutado una conspiración interna. Sino porque el propio Inzunza dejó de ser una apuesta rentable.

La política es brutalmente pragmática. Los partidos respaldan a quienes generan votos, estabilidad o futuro. Cuando un liderazgo comienza a representar riesgo, incertidumbre o desgaste, las distancias aparecen solas, sin reuniones, sin comunicados, sin rupturas formales. Simplemente aparecen.

Hace apenas unos meses su nombre figuraba entre los aspirantes más serios para suceder a Rocha en la gubernatura de Sinaloa. Hoy prácticamente nadie dentro del oficialismo habla de esa posibilidad. No porque exista una sentencia. No porque haya sido declarado culpable. Sino porque la candidatura dejó de ser viable.

Y en política la inviabilidad suele ser una condena mucho más rápida que cualquier resolución judicial.

Lo verdaderamente inquietante es que el caso de Inzunza trasciende a una sola persona.

Se convierte en un espejo incómodo para todo el sistema político mexicano.

Lo que hace singular el caso de Inzunza no es la acusación en sí. Es la arquitectura que describe. Según el expediente estadounidense, Inzunza habría acompañado al gobernador

Rocha Moya a una reunión con Los Chapitos tras las elecciones de junio de 2021, cuando todavía era secretario general del gobierno estatal y en ese encuentro habrían acordado que el cártel tendría control sobre la Policía Estatal de Sinaloa. Si eso es cierto, no estamos hablando de un funcionario que recibió un sobre. Estamos hablando de una negociación institucional: el Estado cediendo su monopolio de la fuerza a cambio de estabilidad política.

Eso es algo cualitativamente distinto, y más perturbador, que la corrupción individual de siempre. No es un hombre que se corrompió. Es una institución que se ofreció.

Por eso el caso Inzunza genera tanta atención. No solo por sus detalles particulares, sino porque representa el choque entre dos narrativas que México lleva años intentando reconciliar sin éxito: la del político exitoso que parecía destinado a gobernar uno de los

estados más importantes del país, y la del funcionario que termina convertido en símbolo de una crisis de confianza cada vez más profunda.

Su tragedia política no consiste únicamente en las acusaciones.

Consiste en haber perdido aquello que realmente construye el poder: la credibilidad.

Cuando la gente deja de creer en tu futuro, el poder comienza a evaporarse. Cuando tus aliados dejan de apostar por ti, el aislamiento se vuelve inevitable. Cuando tu nombre genera más preguntas que certezas, las puertas empiezan a cerrarse, no con portazos, sino con la silenciosa delicadeza con que se cierra una puerta frente a alguien a quien ya no se espera.

Por eso Enrique Inzunza muy probablemente ya no será gobernador de Sinaloa. No porque un

juez lo haya decretado. No porque un partido lo haya expulsado. Sino porque la política mexicana ya comenzó a actuar como si ese futuro hubiera desaparecido.

Y pocas cosas son más devastadoras para un político que seguir ocupando un cargo mientras todos a su alrededor se comportan como si su historia ya hubiera terminado.

Esa es la verdadera decadencia.

No perder el poder. Sino ver cómo el poder te abandona: despacio, en silencio, sin siquiera molestarse en despedirse.

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