Opinión

EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO: CASA NUEVA, VICIOS VIEJOS

Por: Víctor M. Quintana S.

Cuando la separación de poderes no existe, éstos funcionan como vasos comunicantes del autoritarismo, del tráfico de influencias, de la opacidad, de lo faccioso y partidista. Eso le ha pasado al poder judicial del estado. (Las minúsculas son para reflejar al autosometimiento y rebajamiento del mismo).

El recuento de los daños –y de las mañas- que se han venido presentando habría que comenzarlo por la nueva sede. La “Ciudad Judicial más grande de América Latina” en ningún sentido hace honor a su presuntuoso calificativo. Suponiendo que las dimensiones tuvieran algo que ver con la calidad de justicia que se imparte, hay en México otros complejos judiciales mayores. Pero, yéndonos a la calidad de la obra construida, las quejas de los usuarios son múltiples: elevadores siempre saturados (no lo de los magistrados que son exclusivos para ellos); pisos en declive (y no se trata de salas de cine), el edificio se cimbra, no por la exigencia ciudadana, sino por el paso de cualquier camión urbano o transporte pesado. No hay que olvidar que la firma de conformidad a la recepción de la obra civil fue uno de los factores que precipitaron la acelerada renuncia-jubilación del anterior Magistrado Presidente.

Por cierto, existen varias denuncias de empleados de este poder que prefieren permanecer en el anonimato por temor a represalias en el sentido de que han sido despedidas varias personas por su cercanía al anterior Presidente Magistrado. A otras, se les han quitado las plazas, ganadas con el trabajo de años y se les ha recontratado por honorarios, con plazos predeterminados, sin ningunas prestaciones. Denuncian malos tratos de los funcionarios administrativos, entre los cuales hay varios parientes políticos o por consanguineidad. Ellos son quienes manejan la plantilla del poder judicial.

Señalan también que en el Instituto de Justicia Alternativa se despidió a los coordinadores y a la jefa del mismo. A quienes se quedaron se les privó de una compensación de once mil pesos que recibían. Reina la incertidumbre entre los trabajadores con alguna antigüedad, mientras continuamente ingresa personal nuevo a laborar. Ahora, en tiempos de campañas electorales, existen también diversas denuncias en el sentido que a los empleados de este poder se les exige que trabajen de diversas formas en las campañas del PRI: por ejemplo, en las redes telefónicas de promoción del voto.

La impartición de Justicia se ve afectada de muy diversas formas: los concursos ya no se toman en cuenta para la designación de los jueces, pues éstos se nombran por acuerdo del Presidente del STJ con el Gobernador del Estado. Las sentencias se concentran en sólo dos titulares.

Lo peor de todo es la subordinación total de este poder a la voluntad del Gobernador: en las frecuentes reuniones que los titulares de este poder tienen con él, siempre les da la misma consigna: no debe emitirse ninguna sentencia absolutoria sin consultarlo previamente con su persona. Es necesario que el estado dé la imagen de que hay un alto porcentaje de juicios que terminan con la condena del presunto responsable, para demostrar que la impunidad baja en Chihuahua. Sin embargo, quienes conocen del tema señalan que un buen sistema de justicia penal acusatorio, como el vigente en el estado desde 2008, entre menos sentencias o asuntos lleguen a juicio es mejor.

Estas son sólo algunas de las denuncias que varios trabajadores de este poder, despedidos o todavía en funciones, expresan pero prefieren permanecer en el anonimato, ariscos ya de tantas represalias en contra de ellos y de sus compañeros. Si el Poder Judicial del Estado operara con transparencia, independencia, si rindiera cuentas puntuales y no estuviera sometido al Ejecutivo y al partido de éste, las podría responder a cabalidad.

Sin embargo, con este poder sucede lo mismo que con el Vivebús: se hace una cuantiosa inversión en infraestructura física, pero se entrega a los mismos grupos de interés, se subordina a los caprichos del Jefe del Ejecutivo. Y luego salen a relucir los vicios ocultos, no sólo los del edificio, sino del manejo interesado y faccioso de la Cosa Pública.

Si este sexenio todo en Chihuahua ha funcionado así, ¿por qué habría de escapar el poder judicial del estado, mejor dicho, del gobernador del estado?

P.S: Espero que por pubicar este artículo no me pase lo mismo que al joven y valiente reportero Gabriel Ortega, a quien le fue aplicada la versión chihuahuense de la Ley Mordaza: el inefable y arbitrario artículo 333 del Código Penal del Estado que a la letra dice: Artículo 333. Se impondrán de uno a tres años de prisión y de cincuenta a mil días multa al que, para obtener un beneficio o causar un daño, indebidamente produzca o edite, por cualquier medio técnico, imágenes, textos o voces, total o parcialmente falsos o verdaderos.

Por eso aclaro: el presente texto no tiene como pretensión obtener ningún beneficio, ni causar un daño, simplemente contribuir a la mejoría del Poder Judicial del Estado.

Opinión

Huachicol y otros demonios. Por Caleb Ordoñez T.

México lleva ocho años combatiendo el huachicol y el huachicol lleva ocho años ganándole por goleada. López Obrador inauguró su gobierno cerrando ductos y prometiendo mandar al huachicolero al museo de la corrupción del pasado. Ocho años y una transición después, México registró 2,563 tomas clandestinas solo en el primer trimestre de 2026: una cada 51 minutos. El huachicolero no murió. Evolucionó, se puso corbata y aprendió política.

¿Por qué Huachicol?

“Huachicol” nombró primero al alcohol adulterado, era una bebida que prometía una cosa y entregaba otra, antes de migrar a la gasolina robada y, ya en su versión de cuello blanco, al huachicol fiscal. Somos creativos para ponerles nombres folclóricos a nuestras tragedias.

Caleb Ordoñez Talavera

Y esto dejó de ser folclor hace mucho. En el primer trimestre del año, Hidalgo registró 731 tomas clandestinas; Jalisco, 578; el Estado de México, 189. Cuautepec de Hinojosa, un solo municipio de Hidalgo, acumuló 202 perforaciones en tres meses. Una toma clandestina cada 51 minutos no es el vecino con una manguera a las tres de la mañana. Es una industria con horario de oficina, y una industria necesita nómina: gente para sacar el combustible, pipas para moverlo, bodegas para guardarlo y empresas de papel para lavar las ganancias. Y para sostener el aparato durante años hace falta el insumo más caro de todos: suficientes autoridades dispuestas a no ver, no oír y no preguntar.

Aquí conviene hacer una pausa honesta. El gobierno tiene un argumento real que oponer a esto: los aseguramientos han aumentado, no disminuido, y parte de la razón por la que ahora “vemos” más huachicol es que se está buscando más que antes. Es cierto. El problema es que ese argumento explica el número de decomisos, no el de tomas clandestinas —que también aumentó—, y tampoco explica por qué las redes de corrupción y protección que hacen posible semejante negocio han logrado sobrevivir durante ocho años. Encontrar más droga no prueba que se esté ganando la guerra contra el narco; encontrar más huachicol tampoco prueba que se esté ganando esta.

La escoba de Tabasco

Aquí entra Adán Augusto López. No existe sentencia que lo vincule con el huachicol ni está acreditado que perteneciera a La Barredora. Su problema es otro, y más incómodo: cuando gobernaba Tabasco, puso al frente de la seguridad pública a Hernán Bermúdez Requena, el hombre encargado de cazar exactamente a los delincuentes que terminó, presuntamente, dirigiendo.

Hoy Bermúdez está procesado como presunto jefe de “La Barredora”, organización señalada por extorsión, secuestro y robo de combustible. El hombre puesto a barrer el crimen de Tabasco terminó acusado de encabezar La Barredora llena de corrupción. Adán Augusto ha negado cualquier vínculo y no enfrenta cargos. Pero muchos tabasqueños aseguran que está involucrado.

Lo que no resuelve es la pregunta política: ¿cómo se gobierna un estado sin enterarse de lo que ocurre alrededor del propio jefe de Seguridad? Solo hay dos respuestas, y ambas son un problema. Si lo sabía, es gravísimo. Si no lo sabía, la pregunta es qué estaba gobernando exactamente. Para quien después llegó a secretario de Gobernación y hoy pretende conservar influencia en la definición electoral de 2027, ninguna cabe en un currículum, aunque ambas quepan en la política mexicana.

El huachicol aprendió a usar corbata

Mientras el país perseguía mangueras en el campo, el negocio se mudó a un piso más alto. El huachicol fiscal ni siquiera necesita perforar un ducto: puede bastarle un barco, una importación mal declarada, una empresa fachada y un pedimento aduanal firmado por la persona indicada. Cambió la camioneta por un escritorio y la manguera por un sello.

Las investigaciones han tocado ya a mandos vinculados con la Marina, la institución a la que López Obrador entregó el control de las aduanas para, supuestamente, erradicar la corrupción. Se le dieron las llaves de la puerta trasera a quien debía cuidarla. El pasado 17 de septiembre se conoció en Guanajuato el aseguramiento de 59 millones de litros de presunto combustible ilícito en diez tanques. Con una cifra así, preguntar solo quién manejaba la pipa es casi un acto de inocencia voluntaria. La pregunta es quién permitió construir la carretera —económica, institucional y política— por la que ese combustible circuló durante años.

Adán y la búsqueda incesante de gubernaturas

Tras el escándalo, Adán Augusto dejó la coordinación de Morena en el Senado y anunció que se dedicaría a tareas electorales rumbo a 2027, elección en la que se disputarán 17 gubernaturas para la que Morena ya registró 277 aspirantes. Lejos de desaparecer, sigue moviendo fichas: respalda públicamente a Andrea Chávez en Chihuahua, frente al alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar (favorito en encuestas), y participa en la operación territorial del partido en estados donde aún no se resuelven las candidaturas.

Es decir: mientras el país intenta averiguar cómo el crimen organizado penetró policías, gobiernos y negocios de combustible, uno de los políticos más salpicados políticamente por el caso sigue participando en la construcción del próximo mapa de poder. Solo en la política mexicana un escándalo de ese tamaño puede convertirse en escala y no necesariamente en lastre.

Los otros demonios

Nos acostumbramos a las fotografías de bidones y camionetas incendiadas —una imagen casi reconfortante porque colocaba al delincuente lejos del poder—. Pero un negocio capaz de producir miles de tomas clandestinas y sobrevivir durante ocho años no se explica únicamente desde abajo. Necesita perforadores, sí, pero también transportistas, empresarios y funcionarios que decidieron no complicarse la vida. Necesita, sobre todo, silencio comprado al mayoreo.

López Obrador creyó que bastaba con cerrar ductos. Sheinbaum enfrenta algo más incómodo: averiguar hasta dónde llegan las tuberías políticas que heredó y decidir —con nombres y cargos, no con comunicados— cuánto está dispuesta a seguirlas. Decomisar combustible es relativamente sencillo; investigar las redes de funcionarios, empresarios y protectores que permitieron que el negocio sobreviviera mientras el gobierno presumía combatirlo es otra cosa.

Ahí empiezan los otros demonios. Porque seguir una manguera es fácil. Lo verdaderamente peligroso es seguir el dinero y, de ahí, sin desviarse, seguir al poder mismo.

¿Alguien les pondrá un alto?