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Opinión

EL PODER JUDICIAL, DESTRUIDO POR EL AUTORITARISMO. por VICTOR M. QUINTANA SILVEIRA

EL PODER JUDICIAL, DESTRUIDO POR EL AUTORITARISMO

Por: Víctor M. Quintana S.

No es López Obrador, son los gobiernos priístas  quienes mandan al diablo a  las instituciones. La transición a la democracia está atorada en México porque en lugar de destituir el autoritarismo, es el autoritarismo quien destruye las instituciones democráticas. Los caprichos y desplantes del gobernador César Duarte han sumido a Chihuahua en la más grave crisis institucional de que se tenga memoria. No sólo se trata del total sometimiento de los poderes al Jefe del Ejecutivo del Estado, sino de la abyección, la pérdida de toda legitimidad, del más espantoso ridículo que sufre lo que era el Poder Judicial del Estado.

El martes 5,  el Supremo Tribunal de Justicia se vio como el escudo de los Habsburgo: con dos cabezas. Un presidente con licencia que dice ya la cumplió y reclama la presidencia con todo y oficina; y otro presidente en funciones que no se quiere levantar de la silla. Ambos originarios de Parral, paisanos y  en su momento, designados por César Duarte con la connivencia, o más bien, obediencia del pleno del Supremo Tribunal y del Congreso del Estado.

La sumisión del Poder Judicial al Gobernador Duarte es cosa ya sabida,  pero los hechos más recientes lo que demuestran es una voluntad de aniquilar este poder, de exhibirlo como un títere del Ejecutivo. El 8 de diciembre pasado, el entonces presidente del TSJ, Miguel Salcido Romero pidió licencia de su cargo por haber sido designado Secretario de Educación por el Gobernador. En su lugar fue “electo” por el pleno el magistrado Gabriel Sepúlveda. Hay que aclarar que tanto éste como otro diputado priísta de la anterior legislatura, más otros once, entre ellos dos apoyados por Acción Nacional en el Congreso, entraron con calzador y al vapor al ser retirados “voluntariamente” trece magistrados no hace ni dos años por designios del Palacio de Gobierno.

La caída de Salcido de la Presidencia del Judicial a la Secretaría de Educación y Cultura fue interpretada como una represalia del gobernador, por no haber aquel aceptado recibir la obra de la recién inaugurada Ciudad Judicial (“la más grande de Latinoamérica”, whatever that means). Obra que superó en mucho el presupuesto inicial, se entregó con bastante retraso y presenta serias fallas y vicios en su construcción.

Salcido no se resignó y el martes 5 estalló una resonada –aunque efímera- rebelión contra quien lo suplió en el TSJ. En conferencia de prensa manifestó que dejaba la Secretaría de Educación y Cultura y volvía a la presidencia pues así se lo había pedido el pleno de los magistrados, ante las graves deficiencias y retrasos mostradas en la conducción del Poder Judicial, y  declaró: “La prioridad es restablecer el orden de poder judicial y restablecer una administración racional trasparente con un uso apegado a derecho de los recursos públicos a partir de hoy”.

Sin embargo, el presidente en funciones no cedió e incluso mandó personal de seguridad para evitar el ingreso de Salcido a la flamante y ya muy achacosa Ciudad Judicial. Parecería que todo se precipitaba hacia un choque de trenes…pero la montaña gimiente sólo parió un ratón. El dócil pleno del Tribunal se reunió, ratificó a Sepúlveda como presidente hasta que termine el (eterno) sexenio y manifestó que Salcido regresaba pero sólo como magistrado. Poco después, Salcido acudió a  entrevistarse con Duarte y al finalizar ambos manifestaron su voluntad de solucionar el problema y  “fortalecer las instituciones”. Pero el sainete no tuvo el final feliz que se esperaba, pues el miércoles, Salcido declaró que renuncia al Poder Judicial y firmó su solicitud de jubilación en Pensiones Civiles del Estado. En menos de tres años, fue ascendido a la cima y  precipitado a la sima por los designios del gobernador. Lo peor es  que con el se derrumbó la poca credibilidad que restaba al Poder Judicial en Chihuahua

Todo esto se da en el contexto del arranque de la contienda por la gubernatura del estado. En la que ha quedado muy claro que Duarte impuso su aplanadora para imponer el pacto que le permita total impunidad en los malos manejos de los recursos públicos, en el desastre financiero en que deja a Chihuahua y en la baja de la mayoría de los indicadores de desempeño del gobierno.

Lo malo es que todo esto no sólo sucede en Chihuahua.  La destrucción de las instituciones pilares de la democracia, la implantación de dictaduras regionales, el saqueo sistemático de los fondos públicos, es la estrategia que  Peña Nieto, el PRI y sus aliados están implementando para repetir el ciclo de impunidad, corrupción  y antidemocracia en el 2018. Ya es hora de pararlos.

Opinión

Los muros que lloran: las redadas y el alma chicana. Por Caleb Ordoñez Talavera

En el norte de nuestro continente, justo donde termina México y comienza Estados Unidos, hay una línea invisible que desde hace décadas divide más que territorios. Divide familias, sueños, culturas, idiomas, economías… y últimamente, divide también lo humano de lo inhumano.

Esta semana, Donald Trump —en una etapa crítica de su carrera política, con una caída notoria en las encuestas, escándalos judiciales y un sector republicano que empieza a verlo más como un riesgo que como un líder— ha regresado a una vieja y efectiva estrategia: la del miedo. El expresidente ha lanzado una ofensiva pública para prometer redadas masivas contra migrantes, deportaciones “como nunca antes vistas” y políticas de “cero tolerancia”.

La razón no es nueva ni sutil: apelar al votante blanco conservador que ve en el migrante un enemigo económico y cultural. Ese votante que, ante la inflación, la violencia armada o el desempleo, prefiere culpar al que habla español que exigirle cuentas al sistema. En medio del descontento generalizado, Trump no busca soluciones reales, busca culpables útiles. Y como en otras épocas oscuras de la historia, los migrantes —sobre todo los latinos, sobre todo los mexicanos— vuelven a ser carne de cañón.

Pero hay una realidad más profunda y más dolorosa. Quien ha vivido el cruce, legal o no, sabe que la frontera no es sólo un punto geográfico. Es una cicatriz. Las políticas migratorias —de Trump o de cualquier otro mandatario— convierten esa cicatriz en una herida abierta. Cada redada, cada niño separado de sus padres, cada deportación arbitraria, no es solo una estadística más. Es una tragedia personal. Y más allá de lo político, esto es profundamente humano.

En este escenario, cobra especial relevancia la figura del “chicano”. Este término, que nació como una forma despectiva de llamar a los estadounidenses de origen mexicano, fue resignificado con orgullo en los años 60 durante los movimientos por los derechos civiles. El chicano es el hijo de la diáspora, el nieto del bracero, el hermano del que se quedó en México. Es el mexicano que nació en Estados Unidos y que, aunque tiene papeles, no olvida de dónde vienen sus raíces ni a quién debe su historia.

Los chicanos son fundamentales para entender la cultura estadounidense moderna. Están en las universidades, en el arte, en la política, en la música, en los sindicatos. Y sin embargo, cada redada, cada discurso de odio, también los golpea. Porque no importa si tienen ciudadanía: su apellido, su acento o el color de su piel los expone. Ellos también son víctimas del racismo sistémico.

Hoy, más que nunca, México debe voltear a ver a su gente más allá del río Bravo. No como simples paisanos lejanos, sino como parte de nuestra nación extendida. Porque si algo une a los mexicanos, estén donde estén, es su espíritu de resistencia. Los migrantes no huyen por gusto, sino por necesidad. Y a cambio, han sostenido economías, levantado ciudades y mantenido viva la cultura mexicana en el extranjero.

Las remesas no son solo dinero: son prueba de amor, sacrificio y esperanza. Y ese compromiso merece algo más que silencio institucional. Merece defensa diplomática, apoyo consular real, y sobre todo, empatía nacional. Cada vez que un mexicano insulta o desprecia a un migrante —por su acento pocho, por su ropa, por sus papeles— se convierte en cómplice de la misma discriminación que dice condenar.

Las fronteras, como están planteadas hoy, no son lugares de paso. Son cárceles abiertas. Zonas donde reina la vigilancia, el miedo y la burocracia cruel. Para miles de niños, esas jaulas del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) son su primer recuerdo de Estados Unidos. ¿Ese es el país que dice defender los valores cristianos y la libertad?

Además, no podemos hablar de migración sin hablar del racismo. Porque este no es solo un tema migratorio, sino profundamente racial. Las políticas antiinmigrantes suelen tener rostro y acento. No se aplican con la misma fuerza para migrantes europeos o canadienses. El blanco pobre puede aspirar a mejorar; el latino pobre, a ser deportado.

Trump lo sabe, y por eso lo explota. En un año electoral donde su imagen se desmorona entre procesos judiciales, alianzas rotas y amenazas internas, necesita un enemigo claro. Y el migrante latino cumple con todos los requisitos: está lejos del poder, es fácil de estigmatizar y difícil de defender políticamente.

Pero aún hay esperanza. En cada marcha, en cada organización de ayuda, en cada abogado que ofrece servicios pro bono, en cada chicano que no olvida su origen, se enciende una luz. Y también en México. Porque un país que protege a sus hijos, donde sea que estén, es un país más digno.

No dejemos que los muros nos separen del corazón. Hoy más que nunca, México debe recordar que su gente no termina en sus fronteras. Y que el verdadero poder no está en las redadas ni en las amenazas, sino en la solidaridad. Esa que nos ha hecho sobrevivir guerras, pandemias, traiciones… y que ahora debe ayudarnos a defender lo más humano que tenemos: nuestra gente.

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