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México

El presunto feminicida de la cantante Yrma Lydya dice que él no la mató

Jesús “N”, de 79 años, recibió prisión preventiva por parte de un juez de la Ciudad de México tras la conclusión de la primera audiencia por el feminicidio de la cantante Yrma Lydya, quien fue asesinada en el restaurante Suntory el pasado viernes 24 de junio.

Tras la audiencia, que duró alrededor de 15 horas, el juez emitió un dictamen en el cual se calificó como legal su detención, por lo que se le dictó la medida cautelar en su contra; pero aún no se le vincula a proceso por su presunta responsabilidad en el feminicidio de la cantante, pues se presume que podría quedar el libertad debido a su edad.

De acuerdo con información extraoficial, el imputado negó haber asesinado a su ex esposa, pues aseguró que fueron sujetos que la intentaban extorsionar quienes dispararon en su contra, pero las autoridades capitalinas ya presentaron pruebas ante el juez que podrían resultar en su incriminación.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) informó que fueron dos los hombres contra los cuales se dictó prisión preventiva por el feminicidio de Yrma Lydya, pues un segundo sujeto identificado como Benjamín “N” también podría haber participado en el asesinato, por lo que ambos fueron trasladados al Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

A pesar de que el Ministerio Público de la FGJ formuló la vinculación a proceso de ambos presuntos implicados, su defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que la audiencia continuará el próximo jueves 30 de junio, y será en esta fecha en la que se dé a conocer su situación legal.

De acuerdo con lo informado por las autoridades capitalinas, ambos sujetos fueron detenidos por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana(SSC) después de que recibieron una alerta por detonaciones de arma de fuego al interior del restaurante Suntory, ubicado en la alcaldía Benito Juárez, lugar en el cual se localizó el cuerpo de la víctima de feminicidio.

A pesar de que no se reportaron problemas de salud por parte del presunto autor material del feminicidio, diversas personas han denunciado los nexos del abogado con personajes influyentes en las altas esferas mexicanas.

Uno de los que han denunciado la influencia de Jesús “N” es Alonso Castillo Cuevas, hijo de Laura Cuevas Morán, quien señaló que el acusado tiene una relación estrecha con el titular de la Fiscalía General de la República(FGR), Alejandro Gertz Manero.

De acuerdo con lo declarado por Alonso, el abogado visita constantemente la sede de la FGR y tendría acceso a información relevante que concierne al fiscal, lo cual podría servirle para obtener su libertad gracias a actos de corrupción.

En un video compartido en sus redes sociales dijo intuir que Alejandro Gertz Manero debe preguntarse junto a su cercano colaborador, Juan Ramos: “¿Oye, qué vamos a hacer con Alcocer? Porque sabe mucho ¿Cómo lo vamos a controlar? ¿Cómo lo vamos a dejar en la cárcel? ¿Y si dice algo? ¿Y si lo matan?”.

Jesús “N”, es acusado de haberle disparado en tres ocasiones a su esposa al interior del hospital de lujo después de que la increpara cometiendo una presunta infidelidad, tras lo cual fue detenido por policías capitalinos, a quienes ofreció fuertes sumas de dinero para que lo dejaran en libertad.

De la misma forma, el presunto feminicida presumió de sus influencias con personajes relevantes en la política mexicana, pues se desempeñó como proveedor de la Secretaría de Seguridad durante el sexenio de Felipe Calderón, cuyo titular fue Genaro García Luna, actualmente procesado en Estados Unidos por sus vínculos con el Cártel de Sinaloa.

El abogado también fue vinculado al antiguo Obispo de Ecatepec, Onésimo Cepeda, quien enfrentó acusaciones de fraude; el general del Ejército Mexicano Audomaro Martínez; y Rafael Guerra Álvarez, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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