Opinión
EL PRI-DUARTISMO TORPEDEA LA TRANSICION Y LA PAZ por Víctor Quintana
Aquí no tuvimos Brexit el 24 de junio, pero sí Duartexit el 5 del mismo mes el candidato a gobernador del PRI obtuvo poco más de 400 mil votos, pero sumados los votos de los candidatos del PAN, del independiente, de Morena, PRD Y Movimiento Ciudadano, arrojan más de 855 mil. Es decir que dos de cada tres votantes le dijeron a Duarte y a su partido que se vayan.
Ese mandato contundente de la voluntad popular pretende ahora ser desobedecido por César Duarte y la parte del PRI que él controla. Hay que reconocer que Duarte no tiene la ambición de Hitler de fundar un régimen que dure mil años, pero cuando menos que le dure lo que se necesite para permanecer impune.
Pareciera que el mandatario chihuahuense está haciendo lo imposible por no aparecer en la foto que es su pesadilla: el próximo 4 de octubre, en la ceremonia de cambio de poderes, él mismo entregándole la gubernatura a Javier Corral, quien le prometió al electorado llevarlo ante la justicia.
Para comenzar, Duarte no ha reconocido el triunfo de Corral. Ni siquiera ha valorado púbicamente el hecho de que la ciudadanía chihuahuense haya superado su abstencionismo inercial y haya aumentado en 9 puntos porcentuales su participación electoral. Además, el que no haya habido incidentes mayores en los comicios y que se hayan instalado la mayoría de las casillas.
Todo lo contrario: para desesperación de sus correligionarios más sensatos, Duarte ordena a su partido impugnar la elección a gobernador ante el Tribunal Estatal Electoral. Las razones: que “sobraron” 170 mil boletas no utilizadas y que el Instituto Estatal Electoral no capacitó a los funcionarios de casilla. El gobernador ejerce una enorme presión sobre los magistrados del tribunal para que resuelvan dándole la razón a la endeble impugnación tricolor. Lo que pretende es que el actual Congreso del Estado, con mayoría priísta, aliada con PVEM, PRD, MC, Nueva Alianza y PT, una vez anuladas las elecciones a gobernador, nombre un interino que se preste a preparar una entrega-recepción que cierre el círculo de impunidad y así él no tenga que aparecer en la foto de sus pesadillas.
Más todavía: el lunes pasado, en sesión extraordinaria, la pandilla priísta y sus partidos satélites en el Congreso torcieron burdamente la Ley de Disciplina Financiera para quitarle la obligación al gobierno saliente de pagar la deuda a corto plazo antes de 90 días del cambio de poderes. Es decir, le salvan el pellejo a Duarte y le endilgan el pago al gobierno de Corral. Mal habrá éste recibido el cargo cuando al bajar del pódium estarán esperándolo los cientos de acreedores que le está heredando la corrupción duartista. Ahora se están aprestando para dar otro madruguete y en sesión extraordinaria aprobar la bursatilización, ya sea de las participaciones federales, ya sea de los ingresos carreteros, ya sea de ambos.
El gobierno saliente está ya torpedeando el proceso de entrega-recepción: hay denuncias constantes de sustracción o destrucción de documentos y bases de datos; de cese o persecución a funcionarios y funcionarias y empleados que conocen mucho de los malos manejos del actual gobierno pero que no han actuado como cómplices suyos.
Desde el Palacio de Gobierno se está tratando de provocar desestabilización entre la sociedad chihuahuense, como se demuestra en los provocadores infiltrados en la airada manifestación del miércoles 22. Se infiltra y se criminaliza la protesta social. Por otro lado, se incrementan de nuevo los delitos como robos y ejecuciones.
En Chihuahua sucede algo parecido a los “candados” que Pinochet le impuso a Chile antes del retorno a la democracia: así como en el Legislativo, Duarte trata de hacer pasar leyes que le garanticen impunidad, mayor endeudamiento y nombrar una terna de incondicionales para la Fiscalía Anticorrupción, así en el Judicial, la designación de s magistrados y más jueces no sólo significará una mayor carga financiera para el nuevo gobierno, sino también una continuidad del duartismo en la administración de la justicia. Candados y contrapesos ilegales a la democracia rescatada. Lo mismo pasa en Veracruz y en Quintana Roo.
De nuevo en Chihuahua, en lo regional, se expresa, se refleja, se prefigura lo nacional. A Duarte podemos cambiarle de nombre o de nombre de apellido y ubicarlo en Veracruz o en Quintana Roo o en Tamaulipas pero lo esencial no cambia: lo peor del PRI, los más corruptos y autoritarios cacicazgos regionales están saboteando los procesos de transición. Si las razones de la renuncia de Manlio Fabio Beltrones a la presidencia del tricolor son las que se rumoran, habría que pensar que este sabotaje cuenta con el apoyo de Peña Nieto, que el régimen es rehén de la caquistocracia: el gobierno de los peores.
Si el Presidente y sus gobernadores protegidos no entienden el diáfano mandato de las urnas, no sólo precipitarán al país en otra grave crisis política. También se estarán sepultando como partido y les sucederá lo que canta la copla popular de los enterrados boca abajo: por quererse salir se van siempre más pa´bajo.
Opinión
La trampa de “las rentas justas” en la CDMX. Por Caleb Ordóñez T.
En la Ciudad de México hay jóvenes que trabajan para pagar un departamento en el que apenas tienen tiempo de dormir. Familias que destinan buena parte de sus ingresos a cuatro paredes. Personas que viven a dos horas de su empleo porque acercarse al centro se convirtió en un lujo.
La vivienda es uno de los grandes fracasos de la política urbana capitalina.
Y ahora el gobierno pretende resolverlo con otra ley.
Clara Brugada presentó una iniciativa que promete rentas justas, contratos regulados y protección contra abusos. Una propuesta que, vista desde el discurso político, parece irreprochable. ¿Quién podría estar en contra de que las personas paguen menos por vivir dignamente?

Caleb Ordoñez T.
El problema es que las buenas intenciones no construyen departamentos.
Y los decretos tampoco.
Las buenas intenciones también tienen consecuencias
La iniciativa contempla limitar aumentos conforme a la inflación, registrar obligatoriamente los contratos y aplicar multas de hasta 46 mil 924 pesos. También propone asesoría gratuita y mecanismos contra desalojos violentos.
Hay medidas necesarias. Los abusos inmobiliarios existen. Los desalojos arbitrarios también. Ninguna persona debería perder su hogar mediante amenazas o intimidaciones.
Pero legislar para corregir una injusticia no debería producir otra.
Pensemos en una jubilada que dedicó treinta años a pagar un pequeño departamento. Hoy lo renta para complementar una pensión insuficiente. No pertenece a ningún cártel inmobiliario. No especula con edificios enteros. Simplemente administra el patrimonio que consiguió trabajando.
¿Qué sucederá si las nuevas obligaciones, restricciones y sanciones hacen que prefiera retirar su propiedad del mercado?
Habrá una vivienda menos.
Y si otros propietarios toman decisiones semejantes, quienes terminarán compitiendo por los departamentos disponibles serán precisamente aquellos que la ley pretende proteger.
No es una consecuencia demostrada ni inevitable. Es un riesgo que el Congreso tiene la obligación de evaluar.
Porque una cosa es regular los abusos y otra, muy distinta, pretender administrar la escasez.
El problema tiene dimensiones profundas. Según el INEGI, en 2024 el ingreso promedio de los hogares urbanos capitalinos rondaba los 37 mil pesos mensuales. Un promedio que, además, oculta enormes desigualdades.
¿Cuánto debe ganar una familia para vivir cerca de su trabajo? ¿Cuánto tiempo de su vida debe sacrificar transportándose? ¿En qué momento tener una habitación propia dejó de ser una aspiración razonable?
Esas preguntas no se resuelven únicamente vigilando contratos.
Se resuelven construyendo vivienda, mejorando el transporte, acercando servicios y generando condiciones para que la ciudad pueda alojar a quienes la mantienen funcionando.
Brugada también promete ampliar la vivienda asequible. Bien. Pero esa debería ser una prioridad medible, no una promesa subordinada al entusiasmo por imponer nuevas reglas.
El gobierno también debe rendir cuentas
Hay otra contradicción.
Desde 2024 existen disposiciones para limitar incrementos de renta y registrar contratos. Antes de anunciar nuevas sanciones, sería conveniente conocer los resultados de las anteriores.
¿Cuántas familias se beneficiaron? ¿Cuántos abusos fueron sancionados? ¿Qué funcionó y qué fracasó?
El gobierno exige transparencia a los particulares, pero todavía debe ofrecer respuestas convincentes sobre la eficacia de sus propias medidas.
Y mientras tanto, el verdadero debate corre el riesgo de perderse entre consignas: propietarios contra inquilinos, mercado contra Estado, ricos contra pobres.
Una discusión tan cómoda para los políticos como inútil para quienes necesitan vivienda.
La propiedad privada merece certeza jurídica. Los inquilinos merecen protección. Y ambos necesitan un gobierno capaz de entender que sus derechos no son necesariamente enemigos.
La iniciativa todavía puede corregirse. Sería deseable que el Congreso escuchara más evidencia y menos discursos.
Porque el desafío no consiste en decidir quién tiene la culpa de que vivir en la capital resulte tan caro.
Consiste en reconocer quién tiene la responsabilidad de hacerla habitable.
Una ciudad no se vuelve más justa cuando el gobierno decide cuánto debe costar vivir en ella, sino cuando consigue que vivir en ella deje de ser un privilegio.
-
Política24 horas agoMás de 50 mil personas visitan panteones en Día de Muertos
-
Chihuahua19 horas agoCinco lesionados tras caída de estructura en el centro de Chihuahua
-
Política22 horas agoArturo Medina reconoce labor de Alejandro Domínguez en defensa de Chihuahua
-
Juárez23 horas agoSolicitan apoyo para encontrar a familia de mujeres extraviadas

