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EL PRI-DUARTISMO TORPEDEA LA TRANSICION Y LA PAZ por Víctor Quintana

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Aquí no tuvimos Brexit el 24 de junio, pero sí Duartexit el 5 del mismo mes  el candidato a gobernador del PRI obtuvo poco más de 400 mil votos, pero sumados los votos de los candidatos del PAN, del independiente, de Morena, PRD Y Movimiento Ciudadano, arrojan más de 855 mil. Es decir que dos de cada tres votantes le dijeron a Duarte y a su partido que se vayan.

Ese mandato contundente de la voluntad popular pretende ahora ser desobedecido por César Duarte y la parte del PRI que él controla. Hay que reconocer que Duarte no tiene la ambición de Hitler de fundar un régimen que dure mil años, pero cuando menos que le dure lo que se necesite para permanecer impune.

Pareciera que el mandatario chihuahuense está haciendo lo imposible por no aparecer en la foto que es su pesadilla: el próximo 4 de octubre, en la ceremonia de cambio de poderes, él mismo entregándole la gubernatura a Javier Corral, quien le prometió al electorado llevarlo ante la justicia.

Para comenzar, Duarte no ha reconocido el triunfo de Corral. Ni siquiera ha valorado púbicamente el hecho de que la ciudadanía chihuahuense haya superado su abstencionismo inercial y haya aumentado en 9 puntos porcentuales su participación electoral. Además, el que no haya habido incidentes mayores en los comicios y que se hayan instalado la mayoría de las casillas.

Todo lo contrario: para desesperación de sus correligionarios más sensatos, Duarte ordena a su partido impugnar la elección a gobernador ante el Tribunal Estatal Electoral. Las razones: que “sobraron” 170 mil boletas no utilizadas y que el Instituto Estatal Electoral no capacitó a los funcionarios de casilla.  El gobernador ejerce una enorme presión sobre los magistrados del tribunal para que resuelvan dándole la razón a la endeble impugnación tricolor.  Lo que pretende es que el actual Congreso del Estado, con mayoría priísta, aliada con PVEM, PRD, MC, Nueva Alianza y PT, una vez anuladas las elecciones a gobernador, nombre un interino que se preste a preparar una entrega-recepción que cierre el círculo de impunidad y así  él no tenga que aparecer en la foto de sus pesadillas.

Más todavía: el lunes pasado, en sesión extraordinaria, la pandilla priísta y sus partidos satélites en el Congreso  torcieron burdamente la Ley de Disciplina Financiera para quitarle la obligación al gobierno saliente de pagar la deuda a corto plazo antes de 90 días del cambio de poderes.  Es decir, le salvan el pellejo a Duarte y le endilgan el pago al gobierno de Corral. Mal habrá éste recibido el cargo cuando al bajar del pódium estarán esperándolo los cientos de acreedores que le está heredando la corrupción duartista. Ahora se están aprestando para dar otro madruguete y en sesión extraordinaria aprobar la bursatilización, ya sea de las participaciones federales, ya sea de los ingresos carreteros, ya sea de ambos.

El gobierno saliente está ya torpedeando el proceso de entrega-recepción: hay denuncias constantes de sustracción o destrucción de documentos y bases de datos; de cese o persecución a funcionarios y funcionarias y empleados que conocen mucho de los malos manejos del actual gobierno pero que no han actuado como cómplices suyos.

Desde el Palacio de Gobierno se está tratando de provocar desestabilización entre la sociedad chihuahuense, como se demuestra en los provocadores infiltrados en la airada manifestación del miércoles 22. Se infiltra y se criminaliza la protesta social. Por otro lado, se incrementan de nuevo los delitos como robos y ejecuciones.

En Chihuahua sucede algo parecido a los “candados” que Pinochet le impuso a Chile antes del retorno a la democracia: así como en el Legislativo, Duarte trata de hacer pasar leyes que le garanticen impunidad, mayor endeudamiento y nombrar una terna de incondicionales para la Fiscalía Anticorrupción, así en el Judicial, la designación de s magistrados y más jueces no sólo significará una mayor carga financiera para el nuevo gobierno, sino también una continuidad del duartismo en la administración de la justicia. Candados y contrapesos ilegales a la democracia rescatada. Lo mismo pasa en Veracruz y en Quintana Roo.

De nuevo en Chihuahua, en lo regional, se expresa, se refleja, se prefigura lo nacional. A Duarte podemos cambiarle de nombre o de nombre de apellido y ubicarlo en Veracruz o en Quintana Roo o en Tamaulipas pero lo esencial no cambia: lo peor del PRI, los más corruptos y autoritarios cacicazgos regionales están saboteando los procesos de transición.  Si las razones de la renuncia de Manlio Fabio Beltrones a la presidencia del tricolor son las que se rumoran, habría que pensar que este sabotaje cuenta con el apoyo de Peña Nieto, que el régimen es rehén de la caquistocracia: el gobierno de los peores.

Si el Presidente y sus gobernadores protegidos no entienden el diáfano mandato de las urnas, no sólo precipitarán al país en otra grave crisis política. También se estarán sepultando como partido y les sucederá lo que canta la copla popular de los enterrados boca abajo: por quererse salir se van siempre más pa´bajo.

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Inzunza: la decadencia del favorito. Por Caleb Ordóñez T.

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Hay políticos que caen peleando. Hay políticos que caen defendiendo una causa. Y hay políticos cuya caída comienza mucho antes de que ellos mismos se den cuenta; cuando todavía sonríen en las fotografías oficiales y firman acuerdos con la soltura de quien cree que el futuro le pertenece.

La historia reciente de Enrique Inzunza Cázares parece pertenecer a esta última categoría.

Porque más allá de las acusaciones que enfrenta, más allá de los expedientes estadounidenses y más allá del ruido mediático que rodea a Sinaloa, hay algo que llama poderosamente la atención: Inzunza no se comporta como alguien que busca convencer al país de su inocencia. Se comporta como alguien atrapado en una partida de ajedrez donde cada movimiento tiene un único objetivo: sobrevivir un turno más. Viviendo en un eterno jaque.

Durante años fue presentado como uno de los hombres más inteligentes del círculo cercano de Rubén Rocha Moya. Jurista, magistrado, presidente del Supremo Tribunal de Justicia, secretario general de Gobierno y después senador de la República. Su ascenso fue tan rápido que muchos (casi todos) dentro de Morena en Sinaloa, lo veían como una especie de gobernador en espera.

No era un político de masas. No era un gran orador. No era un líder carismático.

Su poder provenía de otra parte: de la operación silenciosa, del control institucional, de la cercanía con el grupo gobernante y de una influencia que crecía discretamente, lejos de los reflectores, precisamente donde ese tipo de poder se cultiva mejor.

Por eso resulta tan revelador observar lo que ocurre hoy.Cuando un político es acusado injustamente, normalmente intenta salir a dar la cara. Busca entrevistas. Explica. Debate. Confronta. Construye una narrativa que lo sostenga mientras el temporal amaina.

Inzunza ha hecho exactamente lo contrario.

Los números lo dicen con una frialdad que ningún argumento político puede disfrazar.

Desde el 29 de abril de 2026, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública la acusación formal en su contra, Inzunza acumuló 21 días de ausencia en sesiones del Congreso. No pidió licencia. No renunció. Simplemente dejó de aparecer. Su única reaparición fue una fotografía en redes sociales junto a su madre, con ubicación en Batequitas, Badiraguato. Un político que dice no tener nada que esconder, escondido. Y cuando finalmente habló, lo hizo desde X, con una frase que revela más de lo que oculta:

«Soy abogado de mí mismo y me basta mi probidad.» Es la declaración de alguien que no quiere testigos en su defensa.

Y en política las formas importan tanto como los hechos, porque la percepción pública rara vez se construye únicamente con documentos judiciales. También se construye observando cómo reaccionan los protagonistas cuando el suelo comienza a moverse bajo sus pies.

Lo que proyecta Inzunza no es fortaleza. No transmite confianza. No parece un político concentrado en demostrar que las acusaciones son falsas.

Parece un político concentrado en administrar daños.

Esa imagen explica en buena medida por qué hoy se encuentra tan aislado. No porque Morena haya decidido abandonarlo de la noche a la mañana. No porque el Senado haya ejecutado una conspiración interna. Sino porque el propio Inzunza dejó de ser una apuesta rentable.

La política es brutalmente pragmática. Los partidos respaldan a quienes generan votos, estabilidad o futuro. Cuando un liderazgo comienza a representar riesgo, incertidumbre o desgaste, las distancias aparecen solas, sin reuniones, sin comunicados, sin rupturas formales. Simplemente aparecen.

Hace apenas unos meses su nombre figuraba entre los aspirantes más serios para suceder a Rocha en la gubernatura de Sinaloa. Hoy prácticamente nadie dentro del oficialismo habla de esa posibilidad. No porque exista una sentencia. No porque haya sido declarado culpable. Sino porque la candidatura dejó de ser viable.

Y en política la inviabilidad suele ser una condena mucho más rápida que cualquier resolución judicial.

Lo verdaderamente inquietante es que el caso de Inzunza trasciende a una sola persona.

Se convierte en un espejo incómodo para todo el sistema político mexicano.

Lo que hace singular el caso de Inzunza no es la acusación en sí. Es la arquitectura que describe. Según el expediente estadounidense, Inzunza habría acompañado al gobernador

Rocha Moya a una reunión con Los Chapitos tras las elecciones de junio de 2021, cuando todavía era secretario general del gobierno estatal y en ese encuentro habrían acordado que el cártel tendría control sobre la Policía Estatal de Sinaloa. Si eso es cierto, no estamos hablando de un funcionario que recibió un sobre. Estamos hablando de una negociación institucional: el Estado cediendo su monopolio de la fuerza a cambio de estabilidad política.

Eso es algo cualitativamente distinto, y más perturbador, que la corrupción individual de siempre. No es un hombre que se corrompió. Es una institución que se ofreció.

Por eso el caso Inzunza genera tanta atención. No solo por sus detalles particulares, sino porque representa el choque entre dos narrativas que México lleva años intentando reconciliar sin éxito: la del político exitoso que parecía destinado a gobernar uno de los

estados más importantes del país, y la del funcionario que termina convertido en símbolo de una crisis de confianza cada vez más profunda.

Su tragedia política no consiste únicamente en las acusaciones.

Consiste en haber perdido aquello que realmente construye el poder: la credibilidad.

Cuando la gente deja de creer en tu futuro, el poder comienza a evaporarse. Cuando tus aliados dejan de apostar por ti, el aislamiento se vuelve inevitable. Cuando tu nombre genera más preguntas que certezas, las puertas empiezan a cerrarse, no con portazos, sino con la silenciosa delicadeza con que se cierra una puerta frente a alguien a quien ya no se espera.

Por eso Enrique Inzunza muy probablemente ya no será gobernador de Sinaloa. No porque un

juez lo haya decretado. No porque un partido lo haya expulsado. Sino porque la política mexicana ya comenzó a actuar como si ese futuro hubiera desaparecido.

Y pocas cosas son más devastadoras para un político que seguir ocupando un cargo mientras todos a su alrededor se comportan como si su historia ya hubiera terminado.

Esa es la verdadera decadencia.

No perder el poder. Sino ver cómo el poder te abandona: despacio, en silencio, sin siquiera molestarse en despedirse.

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