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El próximo jueves definirán la situación jurídica de El Z-40

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La defensa de Miguel Ángel Treviño Morales solicitó la duplicidad del término constitucional para que se le dicte auto de formal prisión o libertad, tras su captura y traslado a un penal federal

La situación jurídica de Miguel Ángel Treviño Morales, El Z-40, se definirá el próximo jueves 25 de julio, luego de que su defensa solicitó la duplicidad del término constitucional para que se le dicte auto de formal prisión o libertad, tras su captura y traslado a un penal federal.

La última averiguación previa que se inició en contra de Treviño Morales fue consignada al Juzgado Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales, con sede en Toluca, Estado de México, el que actualmente es atendido por un secretario en funciones de juez.

Fuentes del Poder Judicial explicaron que la defensa solicitó la duplicidad de las 72 horas originales para que se defina su situación, con el objetivo de presentar pruebas de descargo.

El Z-40 fue detenido el pasado 15 de julio, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, durante un operativo realizado por la Secretaría de Marina Armada de México.

Al momento de su captura, el líder del grupo de Los Zetas estaba en posesión de dos millones de dólares y ocho armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, por lo que se le inició una averiguación previa por uso de recursos de procedencia ilícita y portación de armas prohibidas.

Durante ese operativo también fue detenido Abdón Federico Rodríguez García.

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Caso Corral sale de Chihuahua: tribunal lo envía al fuero federal

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Un Tribunal Colegiado con sede en Chihuahua ordenó que el proceso penal contra el senador y exgobernador Javier Corral sea atraído por el fuero federal, dejando fuera a las autoridades estatales del conocimiento del caso por presunto peculado.

De acuerdo con el despacho de abogados Schütte & Delsol, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito resolvió el conflicto competencial 20/2025 y declaró que corresponde a la justicia federal conocer del expediente relacionado con la contratación del despacho López-Elías Finanzas Públicas para la reestructuración de la deuda pública estatal.

El tribunal determinó que la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua y el Juez de Control local deben desistirse del asunto y remitir la totalidad de los expedientes a las instancias federales, luego de que la Fiscalía General de la República ejerciera la facultad de atracción, decisión que ya había sido respaldada previamente por dos jueces federales.

Con esta resolución, será la Fiscalía General de la República, actualmente encabezada por Ernestina Godoy, la encargada de continuar con la investigación en el ámbito federal.

El equipo legal del exgobernador sostuvo que en el fuero local no se garantizaban los derechos de las víctimas ni de la sociedad a la verdad, la justicia y la reparación del daño, y aseguró que el proceso iniciado en Chihuahua estuvo marcado por irregularidades.

Asimismo, los abogados reiteraron su confianza en que se acreditará la inocencia de Javier Corral, al considerar que las acusaciones en su contra derivan de una supuesta fabricación del delito por parte de autoridades estatales.

La investigación se originó por un contrato de 98.6 millones de pesos firmado durante su administración con el despacho López-Elías Finanzas Públicas, acuerdo que la Fiscalía Anticorrupción estatal señala como un posible caso de peculado.

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