Opinión
EL QUINTO INFORME ÁSPERA CONFRONTACIÓN POR JAVIER VALERO FLORES
EL QUINTO INFORME: ÁSPERA CONFRONTACIÓN
javier Luis Valero
Ni falta hizo señalar que el V Informe del gobernador César Duarte, para fines prácticos, los del completo ejercicio del poder, es el último y que en él se debería realizar el balance de su gestión.
En los mensajes difundidos masivamente, el gobernador Duarte se empeña en señalar que las condiciones de hace 5 años eran peores que las de ahora, tanto las de la seguridad pública, como las económicas, como las sociales, las educativas, las de salud, etc.
Afectado seriamente de la columna lumbar -por no seguir las indicaciones médicas- al grado de que el médico José Fernández Faudoa le envió al secretario de Gobierno, Mario Trevizo, un certificado médico en el que le indica reposo absoluto, terapias y medicación para que regrese a sus ocupaciones “habituales en 5-6 semanas”, el gobernador Duarte levantó un muy importante revuelo político, no por su informe, sino por las cosas que dijo en el curso de una entrevista concedida a El Heraldo de Chihuahua, y sólo a este medio de comunicación, elaborada por Javier Contreras (26 y 27 de septiembre).
En ella lanza una seria acusación al ex gobernador Reyes Baeza y a su secretario de Hacienda, Cristian Rodallegas, que también lo fue suyo por más de un año, pues dejó el cargo a principios de enero del 2012.
Así lo dijo Duarte:
“… teníamos cero en caja, lleno de proveedores y consigo 3 mil millones de pesos… Me los depositaron el viernes y el lunes le hablé a Cristian…’oye, sepárame 100 millones de pesos para iniciar’, íbamos a iniciar la remodelación del Centro histórico… ya no había un peso, porque cometieron un error Reyes y Christian: Se gastaron 3 mil millones de pesos del Gobierno Federal, en gasto corriente. Y eso es cárcel, eso no tiene barandilla, era cárcel para Cristian…”.
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“Se regresaron de lo que yo había conseguido de las diferentes Secretarías. O sea, con lo que yo iba a arrancar mi Gobierno…imagínese, así arranqué mi Gobierno… Si yo dejaba eso, meten a Reyes y a Christian a la cárcel…”.
Entrevistado en una cama de hospital acondicionada en su recámara de la Casa de Gobierno, con una venoclisis al brazo, recostado, a días de presentar el V Informe y seguramente a unas semanas de que su partido resuelva la candidatura al gobierno estatal, renovó la confrontación con el grupo de los Baeza y señaló a dos altos funcionarios federales de la comisión de graves, muy graves delitos.
Lo peor, de ser cierta su acusación, también es responsable de la desviación de los otros 3 mil millones de pesos que, dice, devolvió Rodallegas en el curso de un fin de semana.
Pero ¿A dónde los devolvió? ¿A los programas y partidas originales, a Hacienda federal? Entonces sí hubo doble desvío y el segundo, en su administración.
Y ubicó “el sentimiento” de Reyes Baeza en que “no fue senador” y aclara, “no porque yo no quisiera. Las condiciones electorales, el ambiente de inseguridad, lo lastimado de la sociedad, ponían en riesgo la elección del candidato presidencial en Chihuahua… Y sin embargo, se cayó para arriba pues le dieron el Fovissste. No fue un senador; pero yo estoy tranquilo, no le he fallado a nadie, no he traicionado a nadie, pero sí he pisado muchos intereses”.
Ya está, he ahí el fondo de las diferencias entre el ex gobernador y el actual, las que se presentaron a lo largo del sexenio, desde el momento mismo de la toma de posesión, que crecieron conforme la deuda de Chihuahua aumentaba y las simpatías por el ex alcalde Marco Adán Quezada, también.
Hoy están en medio de una áspera disputa, reflejo de la cual -y por lo que sabemos, pálido reflejo- lo constituye el mensaje publicado en su Facebook por Héctor Valles Alveláis, elevado funcionario del Fovissste, cercano colaborador de Reyes Baeza, y quien también participó en el actual gobierno. Llamó “cobarde” al gobernador Duarte y le dice haber vuelto “a la práctica de sus deportes favoritos; la intriga, la descalificación, los insultos, etc, etc… No es de extrañarse de una persona que desde el inicio de su gobierno se ha dedicado a insultar, a humillar y a descalificar a sus propios amigos y colaboradores…”.
Acusa a Duarte de actuar con prepotencia , “razón por la cual prudentemente le presenté mi renuncia”.
Dice que decidió hacer pública su indignación debido a que es “amigo de Reyes Baeza y me indigna y enfurece esa declaración, me atrevo a meter las manos al fuego por él y lo haré por cualquier otro amigo que sea calumniado u ofendido, así sea por un cobarde con título de gobernador”.
Puede suponerse, válidamente, que no es el único priista agraviado por las expresiones del gobernador Duarte.
Hay más. Abordado sobre el tema del accidente del Aero Show, Duarte aseveró que no se dedica a “chiplerías”, “… si él siente (Marco Adán Quezada) que le cierran el paso; más bien lo que anda buscando es zafarse de una lamentabilísima circunstancia que sucedió el 5 de octubre del 2013. A mí me puede mucho el accidente del Aero Show, pero debe recalcarse muy claro que la Comisión de Derechos Humanos, es la que llevó la investigación, no nosotros, y las recomendaciones son de ellos”.
Para nuestra desgracia -y la de ellos, los priistas, también- la vida les deparó otra tragedia, la de Samalayuca la semana pasada.
Interrogado si esta le podría interferir con sus proyectos políticos personales, el alcalde juarense, Enrique Serrano, uno de los favoritos de Duarte, aseveró que “Hay una actitud de utilizar desgracias ajenas para beneficiar proyectos políticos propios y quieren equiparar este asunto de Dunas con el AeroShow, pero hay una enorme diferencia, de principio y de fondo”. (Nota de Venessa Rivas, 1/X/15).
Sí, una, al ex alcalde Quezada lo pretenden inhabilitar, meter a la cárcel y aplicarle una sanción de 45 millones de pesos ¿Por que es responsable único y plenipotenciario del accidente? No, porque es aspirante a la candidatura de su partido, el PRI, al gobierno de Chihuahua.
Bueno, pues también Serrano es aspirante al mismo cargo y las fallas de sus subalternos, en el accidente de Samalayuca, son semejantes a las cometidas por los subalternos del cuauhtemense en el del Aero Show ¿Se aplicará el mismo rasero?
Obviamente, no.
¿Qué llevó al gobernador Duarte a lanzarse tan atrevidamente, de manera tan desmesurada, contra el grupo político más importante del priismo chihuahuense en la víspera de las designaciones?
¿Qué motivación lo llevó a enturbiar seriamente el jolgorio que a su alrededor despertaría la presentación del V Informe, el de los balances del sexenio, el que serviría para contrastar su gestión con la de su antecesor, acto que utilizaría para sugerirle al presidente Peña que estaría en condiciones de operar la sucesión en Chihuahua?
De veras, se antoja absolutamente inexplicado.
Veámoslo con sus ojos , los del priismo que aún lo considera su líder y de una parte de la sociedad que aprecia algunas de las acciones del gobierno de César Duarte.
Septiembre cerró con la cifra más alta de empleos formales -792 mil-, razón por la cual ocupamos el primer lugar en abatimiento de la informalidad (sí, ya sabemos que también el primero en los más bajos salarios, pero eso no lo divulgan alegremente los duartistas); una de las empresas calificadoras le endilgó a la deuda del fideicomiso carretero la más alta calificación (y digo deuda porque así lo dice la empresa HR Ratings que reconoce, por ejemplo, que cada una de las Emisiones -los bonos carreteros- cuenta con un Fondo de Reserva para el Servicio de la Deuda); que hay un crecimiento de la economía, el primero en el país; que mejoró la seguridad pública (aunque les cueste reconocer que existen serios quebrantos, particularmente en la Tarahumara) y los penales no son la fuente de criminalidad como lo fueron hasta hace poco (aunque hayan florecido los negocios privados en su interior).
Vamos, si se necesitaba difundir cosas buenas de la administración, las hay. Ahí está el tema de la cobertura completa en educación media superior y superior.
¿Que existen puntos negros en la administración de César Duarte? por supuesto, sí. Muchos y serios, ante los cuales la actitud del gobernante le abonó antipatías en la sociedad.
Uno, irrefutable, porque se trata de números, es el de la deuda. La recibió en 12 mil millones de pesos (pesos más, pesos menos), incluido el fideicomiso carretero y la va a dejar en más de 45 mmdp, casi cuatro veces más.
Las dudas sobre su patrimonio personal y el de su familia serán tema permanente en la campaña electoral. Meses atrás prometió que daría a conocer su declaración patrimonial, tal y como lo hizo el presidente Peña Nieto.
No lo ha hecho, y si hay un mecanismo para echar abajo las calumnias es dando a conocer su fortuna personal y familiar. No hay de otra, porque, de lo contrario, lo que recordarán los chihuahuenses será la desafortunada frase de que “a lo macho” no se fijó si había firmado o no el contrato de los 65 millones de pesos a Unión Progreso.
En mala hora se le ocurrió no parar después del accidente, operarse y reposar lo indicado, arriesgó la parte final de la etapa apoteósica de los gobernantes mexicanos, la del V año.
Podrían ser muchos y variados los asuntos muy importantes que atendió en ese lapso, pero siempre habrá, en la administración pública, alguien que los pueda atender; querer abarcar todo, resolver todo, hasta las minucias personalmente, lo llevó a la actual condición (y hablo de la política, que de la salud sólo esperamos que obedezca las indicaciones médicas) y no prever que debía reposar para llegar en plenitud al V Informe.
Y luego con las ayudaditas que le dan sus colaboradores, en este caso, la que le dio la presidenta estatal del PRI, Karina Velázquez, quien, a pregunta directa, respondió que “sí votaría por Juan Gabriel si se lanzara para gobernador”, justamente cuando se supo que el cantante (que es uno de los favoritos del escribiente) había sido un participante de la comida en Casa de Gobierno, convocada por el delegado del PRI, Julián Luzanilla, con los aspirantes Enrique Serrano, Javier Garfio, Lilia Merodio, Graciela Ortiz y Héctor Murguía.
El pánico cundió porque en esos días se levantaba una encuesta telefónica, en la que se preguntaba si se votaría por Juan Gabriel ¡Para gobernador de Chihuahua!
¡Híjole!
Opinión
La trampa de “las rentas justas” en la CDMX. Por Caleb Ordóñez T.
En la Ciudad de México hay jóvenes que trabajan para pagar un departamento en el que apenas tienen tiempo de dormir. Familias que destinan buena parte de sus ingresos a cuatro paredes. Personas que viven a dos horas de su empleo porque acercarse al centro se convirtió en un lujo.
La vivienda es uno de los grandes fracasos de la política urbana capitalina.
Y ahora el gobierno pretende resolverlo con otra ley.
Clara Brugada presentó una iniciativa que promete rentas justas, contratos regulados y protección contra abusos. Una propuesta que, vista desde el discurso político, parece irreprochable. ¿Quién podría estar en contra de que las personas paguen menos por vivir dignamente?

Caleb Ordoñez T.
El problema es que las buenas intenciones no construyen departamentos.
Y los decretos tampoco.
Las buenas intenciones también tienen consecuencias
La iniciativa contempla limitar aumentos conforme a la inflación, registrar obligatoriamente los contratos y aplicar multas de hasta 46 mil 924 pesos. También propone asesoría gratuita y mecanismos contra desalojos violentos.
Hay medidas necesarias. Los abusos inmobiliarios existen. Los desalojos arbitrarios también. Ninguna persona debería perder su hogar mediante amenazas o intimidaciones.
Pero legislar para corregir una injusticia no debería producir otra.
Pensemos en una jubilada que dedicó treinta años a pagar un pequeño departamento. Hoy lo renta para complementar una pensión insuficiente. No pertenece a ningún cártel inmobiliario. No especula con edificios enteros. Simplemente administra el patrimonio que consiguió trabajando.
¿Qué sucederá si las nuevas obligaciones, restricciones y sanciones hacen que prefiera retirar su propiedad del mercado?
Habrá una vivienda menos.
Y si otros propietarios toman decisiones semejantes, quienes terminarán compitiendo por los departamentos disponibles serán precisamente aquellos que la ley pretende proteger.
No es una consecuencia demostrada ni inevitable. Es un riesgo que el Congreso tiene la obligación de evaluar.
Porque una cosa es regular los abusos y otra, muy distinta, pretender administrar la escasez.
El problema tiene dimensiones profundas. Según el INEGI, en 2024 el ingreso promedio de los hogares urbanos capitalinos rondaba los 37 mil pesos mensuales. Un promedio que, además, oculta enormes desigualdades.
¿Cuánto debe ganar una familia para vivir cerca de su trabajo? ¿Cuánto tiempo de su vida debe sacrificar transportándose? ¿En qué momento tener una habitación propia dejó de ser una aspiración razonable?
Esas preguntas no se resuelven únicamente vigilando contratos.
Se resuelven construyendo vivienda, mejorando el transporte, acercando servicios y generando condiciones para que la ciudad pueda alojar a quienes la mantienen funcionando.
Brugada también promete ampliar la vivienda asequible. Bien. Pero esa debería ser una prioridad medible, no una promesa subordinada al entusiasmo por imponer nuevas reglas.
El gobierno también debe rendir cuentas
Hay otra contradicción.
Desde 2024 existen disposiciones para limitar incrementos de renta y registrar contratos. Antes de anunciar nuevas sanciones, sería conveniente conocer los resultados de las anteriores.
¿Cuántas familias se beneficiaron? ¿Cuántos abusos fueron sancionados? ¿Qué funcionó y qué fracasó?
El gobierno exige transparencia a los particulares, pero todavía debe ofrecer respuestas convincentes sobre la eficacia de sus propias medidas.
Y mientras tanto, el verdadero debate corre el riesgo de perderse entre consignas: propietarios contra inquilinos, mercado contra Estado, ricos contra pobres.
Una discusión tan cómoda para los políticos como inútil para quienes necesitan vivienda.
La propiedad privada merece certeza jurídica. Los inquilinos merecen protección. Y ambos necesitan un gobierno capaz de entender que sus derechos no son necesariamente enemigos.
La iniciativa todavía puede corregirse. Sería deseable que el Congreso escuchara más evidencia y menos discursos.
Porque el desafío no consiste en decidir quién tiene la culpa de que vivir en la capital resulte tan caro.
Consiste en reconocer quién tiene la responsabilidad de hacerla habitable.
Una ciudad no se vuelve más justa cuando el gobierno decide cuánto debe costar vivir en ella, sino cuando consigue que vivir en ella deje de ser un privilegio.
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