Opinión

El regreso a las aulas, un camino resiliente. Por Caleb Ordoñez T.

Caleb Ordóñez T.

Sonidos de claxon, el pesado ambiente del smog, mentadasde madre, ríos de automóviles y más automóviles… ¡El próximo lunes nos espera un verdadero caos!

Las ciudades más importantes del país ya están sintiendo la “pesadez” de la salida de millones de personas a la calles por el tema de la presencia de alumnos en las aulas, lo que ha desencadenado un feroz debate nacional digno de analizar.

La reactivación económica tiene que ver con la movilidad. El consumo de la gasolina, tanto en los particulares como en los servicios públicos de transporte, podrían suponer que habrá un “despertar” financiero que liga a las escuelas con el final del home office para los padres de familia, ¿Qué tan cierto es eso?

José Manuel López Campos, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, tiene la seguridad de que el gasto ejercido por los mexicanos solo por útiles escolares superará los 25 mil millones de pesos. Una cantidad abismal, que suponen unos 30 millones de alumnos, esto sin contar uniformes escolares ni alimentos diarios fuera de casa.

Una arista de esta “reactivación económica” podría ser que el mercado informal nunca decayó, incluso se posicionó. Demostró que es indispensable, por lo que se podría pensar que la mayoría de los hogares mexicanos podrían aceptar el cargo.

Pero, ¿vale la pena regresar a clases y gastar por alumno –en promedio- más de mil pesos o persistir en un escenario de encierro digital y continuar con un gasto corriente de pandemia?

Tendríamos que admitir que este dilema es funcional para economía social, sin embargo para millones de mexicanos sin trabajos estables es prácticamente imposible: Regresar a las aulas es un sí o sí.

Esta pandemia nos ha demostrado, que lamentablemente se ha condenado a toda una generación que podría marcarlos con una desigualdad mayor y mucho más marcada.

Más allá de si el regreso a las aulas reactivará la economía del país, debemos preguntarnos ¿Se volverá a los mínimos estándares en los que estábamos antes de la pandemia? Aquellos que juzgábamos como “mediocres”, pero que daban suficientes resultados para alentar y dar esperanza a algunos de los alumnos más desfavorecidos.

La pandemia demostró también, que todos aquellos maestros que fueron denigrados y fuertemente criticados cuando hacían manifestaciones, exigiendo sus derechos tuvieron el testimonio de reinventarse, demostrando que las eras más complicadas pueden superarse, cuando se cuenta con el talento humano resiliente, ese que se levanta de sus peores temporadas.

A partir de este próximo lunes 30 de Agosto, cuando son convocados millones de alumnos y más de un millón de docentes a los salones de clase, conoceremos que tanto hemos aprendido de la etapa más crucial que ha vivido la humanidad en los últimos 50 años. ¿Cómo dañó o benefició nuestra capacidad educativa? Dentro de esa interrogante están inmersos millones de heroínas y héroes, los padres de familia responsables quienes se esforzaron diariamente para que sus hijos no sufrieran “de más” las inclemencias de vivir un encierro tan tormentoso y desesperante como el que vivió cada niño y joven de nuestro país. Es un examen para los padres, quienes son parte fundamental del crecimiento educativo de sus hijos.

Según estudios científicos presentados la mañana del pasado martes, por parte del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell muestran que es prácticamente imposible que los menores de edad de morir por COVID-19, la frase es potente: “Aquí hemos mostrado datos de la vigilancia epidemiológica de México y se ve claramente que por debajo de los 18 años existe un riesgo mucho menor de tener enfermedad COVID, sobre todo la enfermedad grave y un riesgo casi nulo de morir por COVID”. Para la secretaría de salud federal hay una posibilidad de 0.004% de que un menor necesite hospitalización por el famoso virus.

Ante el panorama mostrado, son los maestros quienes parecieran estar más desconcertados y necesitados de ayuda, pues son ellos quienes corren mayor riesgo, pero también reciben a sus alumnos con deficiencias graves no solo por el rezago educativo, sino que provienen de un encierro conflictivo y en muchos casos traumático.

¿Será necesaria una reforma educativa post-Covid que rehabilite escuelas y beneficie a familias a dar un paso fuerte hacia la resiliencia?

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Opinión

Legalizar el espionaje: La nueva tentación de MORENA

Lic. Jacques A. Jacquez

La reforma a la Ley del Sistema de Inteligencia —es decir, la llamada “ley espía”—, junto con la reciente propuesta del gobierno federal para crear una curva biométrica, no pueden entenderse como hechos aislados. ¿Casualidad? Por supuesto que no. Se trata de una estrategia cuidadosamente diseñada como parte de una política pública orientada a recolectar datos sensibles de la población.

¿Y por qué podemos suponer que estos datos podrían utilizarse de forma indebida? Porque ya ha ocurrido. Porque ha sido una práctica constante de este gobierno emplear información personal para exhibir, ridiculizar o amedrentar a quienes disienten. Desde la conferencia mañanera, hemos visto al expresidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, mostrar estados de cuenta bancarios, declaraciones fiscales y otros datos sensibles de personas que él mismo ha etiquetado como adversarios o enemigos políticos.

Los casos de espionaje y uso indebido de información personal por parte de gobiernos emanados de Morena son cada vez más evidentes. En la Ciudad de México, la Fiscalía encabezada por Ernestina Godoy solicitó, sin orden judicial, registros telefónicos de políticos de oposición como Santiago Taboada y Lilly Téllez, en lo que diversos medios calificaron como espionaje ilegal. En Campeche, la gobernadora Layda Sansores difundió audios editados de figuras políticas en su programa oficial, sin esclarecer el origen de esas grabaciones. A nivel federal, el propio presidente López Obrador ha revelado públicamente datos fiscales y bancarios de adversarios políticos como Xóchitl Gálvez, violando su derecho a la privacidad. Además, investigaciones de organizaciones como Citizen Lab y Amnistía Internacional han documentado el uso del software Pegasus por parte del Ejército mexicano durante este sexenio para espiar a periodistas y defensores de derechos humanos. Todos estos hechos reflejan un patrón preocupante: el uso del aparato del Estado para vigilar, intimidar y exhibir a quienes piensan distinto.

Esas personas, que deberían estar protegidas por el Estado, hoy son objetivos institucionalizados. Se han convertido en blancos prioritarios en un intento por silenciar voces críticas e inhibir el disenso. Lo que antes era una práctica excepcional —el espionaje selectivo, el uso encubierto de información— hoy amenaza con convertirse en norma. Se pretende legalizar la posibilidad de que el Estado mexicano espíe a sus ciudadanos.

Y eso es lo verdaderamente grave: ya no se trata de prácticas oscuras que debían ocultarse, sino de disposiciones que se buscan justificar con argumentos de seguridad o eficiencia gubernamental, mientras se normaliza la violación a la privacidad. Se institucionaliza el espionaje como si fuera parte natural de la vida democrática.

Es cierto: ningún país está exento del uso de la inteligencia estatal. No ocurre solo en México; es una realidad global. Pero aquí estamos yendo más lejos: estamos permitiendo que se convierta en ley. Le estamos abriendo la puerta a la vigilancia permanente, a la intervención de nuestras comunicaciones, a la recopilación masiva de datos biométricos. Y todo esto, sin las garantías adecuadas, sin controles, sin transparencia.

Nos enfrentamos a un punto de quiebre. No es un tema técnico ni menor. Es una clara violación a los derechos humanos. Y lo más peligroso: lo estamos normalizando.

Frente a ello, es nuestra responsabilidad seguir alzando la voz. No es lo correcto. No es lo legal. Y, sobre todo, no es lo que un Estado democrático debe permitir.

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