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Opinión

El show ha comenzado. Por Caleb Ordóñez T.

Caleb Ordóñez T.

México es conocido en el mundo por ser un gran productor de entretenimiento: las telenovelas exportadas, las narraciones únicas del futbol que atraen a millones de aficionados, los exitosos festivales multitudinarios de música, eventos deportivos de primer nivel —Fórmula 1, NFL, NBA, beisbol de Grandes Ligas y golf profesional, entre otros—, que al ocurrir en nuestro país tienen un condimento distinto. Se mexicanizan, pues.

En México nos gusta defender colores, somos apasionados a la hora de apoyar a un equipo deportivo. Algunos, al discutir sobre cuál equipo es mejor, hasta pueden llegar a los golpes. En México nos gusta la competencia.

Sería difícil determinar un deporte que se practique en todo el país y predomine, dada la extensión y los contrastes que tiene la República de este a oeste y de norte a sur. México se divide en distintos países con gustos tremendamente diversos; incluso los acentos y gustos culinarios son distintos.

Pero algo a todos nos involucra, seamos de Oaxaca, Tamaulipas, Sinaloa, Tlaxcala, Chiapas o Veracruz. Algo que a lo largo y ancho de nuestra patria emociona y hace participar a los ciudadanos en acaloradas pláticas en hogares, oficinas, bares y restaurantes. Es nuestro gusto por la política y sus elecciones. Nuestro verdadero “deporte nacional”.

Tercera llamada: se abre el telón

Los motores están encendidos para la maquinaria que veremos en los próximos días. Nos enfrentaremos a las elecciones más grandes de la historia, pues hay más de 21,000 puestos que se elegirán el 6 de junio de 2021.

No hay forma de que esto se posponga. Este 7 de septiembre, el INE inauguró el proceso electoral 2020-2021. En la ley no se marca un “plan B”: con o sin pandemia del COVID-19, las votaciones se tendrán que realizar en la fecha prevista y no existe un mecanismo por el cual se puedan efectuar vía remota, así que la gente tendrá que salir de su hogar y hacer la correspondiente fila en su casilla para plasmar su voto.

Seremos 94 millones de mexicanos con posibilidad de votar. Estamos hablando del primer proceso electoral en el que concurren 30 elecciones locales más la elección de diputados federales. Para que esto ocurra de manera exitosa, se necesitará la colaboración de 12 millones de mexicanos para que sean parte de la organización electoral. El INE deberá hacer un reclutamiento estricto y cuidar a cada uno de ellos para que no suceda un rebrote del que podríamos lamentarnos. Se habla de exámenes a cada uno de los participantes y medidas preventivas que nunca se imaginaron, como la sana distancia y casillas instaladas en su mayoría al aire libre. ¡El reto es enorme para que la gente participe, colaboradores y votantes!

Las campañas políticas no podrán tener la parafernalia de las miles que han ocurrido desde la era democrática moderna. Esto podría contribuir a que no se derroche dinero de manera tan indecorosa, como se hacía antaño.

Sin embargo, el riesgo de un abstencionismo histórico es inminente. La polarización, el hecho de que se elija a 15 gobernadores y la participación diaria del presidente deberían hacer suponer que será un proceso bastante movido, pero la pandemia amenaza y pone en riesgo el ánimo de los electores.

Conoceremos a los actores

No hay plazo que no se cumpla ni fecha que no llegue. A partir de la inauguración del proceso electoral, muchos discursos cambiarán drásticamente. Porque toda esa imaginaria colectiva de la 4T y la “oposición” dejará de ser hipótesis y fantasmas. Ahora se tendrán rostros y nombres, de uno y otro bando.

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Opinión

Legalizar el espionaje: La nueva tentación de MORENA

Lic. Jacques A. Jacquez

La reforma a la Ley del Sistema de Inteligencia —es decir, la llamada “ley espía”—, junto con la reciente propuesta del gobierno federal para crear una curva biométrica, no pueden entenderse como hechos aislados. ¿Casualidad? Por supuesto que no. Se trata de una estrategia cuidadosamente diseñada como parte de una política pública orientada a recolectar datos sensibles de la población.

¿Y por qué podemos suponer que estos datos podrían utilizarse de forma indebida? Porque ya ha ocurrido. Porque ha sido una práctica constante de este gobierno emplear información personal para exhibir, ridiculizar o amedrentar a quienes disienten. Desde la conferencia mañanera, hemos visto al expresidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, mostrar estados de cuenta bancarios, declaraciones fiscales y otros datos sensibles de personas que él mismo ha etiquetado como adversarios o enemigos políticos.

Los casos de espionaje y uso indebido de información personal por parte de gobiernos emanados de Morena son cada vez más evidentes. En la Ciudad de México, la Fiscalía encabezada por Ernestina Godoy solicitó, sin orden judicial, registros telefónicos de políticos de oposición como Santiago Taboada y Lilly Téllez, en lo que diversos medios calificaron como espionaje ilegal. En Campeche, la gobernadora Layda Sansores difundió audios editados de figuras políticas en su programa oficial, sin esclarecer el origen de esas grabaciones. A nivel federal, el propio presidente López Obrador ha revelado públicamente datos fiscales y bancarios de adversarios políticos como Xóchitl Gálvez, violando su derecho a la privacidad. Además, investigaciones de organizaciones como Citizen Lab y Amnistía Internacional han documentado el uso del software Pegasus por parte del Ejército mexicano durante este sexenio para espiar a periodistas y defensores de derechos humanos. Todos estos hechos reflejan un patrón preocupante: el uso del aparato del Estado para vigilar, intimidar y exhibir a quienes piensan distinto.

Esas personas, que deberían estar protegidas por el Estado, hoy son objetivos institucionalizados. Se han convertido en blancos prioritarios en un intento por silenciar voces críticas e inhibir el disenso. Lo que antes era una práctica excepcional —el espionaje selectivo, el uso encubierto de información— hoy amenaza con convertirse en norma. Se pretende legalizar la posibilidad de que el Estado mexicano espíe a sus ciudadanos.

Y eso es lo verdaderamente grave: ya no se trata de prácticas oscuras que debían ocultarse, sino de disposiciones que se buscan justificar con argumentos de seguridad o eficiencia gubernamental, mientras se normaliza la violación a la privacidad. Se institucionaliza el espionaje como si fuera parte natural de la vida democrática.

Es cierto: ningún país está exento del uso de la inteligencia estatal. No ocurre solo en México; es una realidad global. Pero aquí estamos yendo más lejos: estamos permitiendo que se convierta en ley. Le estamos abriendo la puerta a la vigilancia permanente, a la intervención de nuestras comunicaciones, a la recopilación masiva de datos biométricos. Y todo esto, sin las garantías adecuadas, sin controles, sin transparencia.

Nos enfrentamos a un punto de quiebre. No es un tema técnico ni menor. Es una clara violación a los derechos humanos. Y lo más peligroso: lo estamos normalizando.

Frente a ello, es nuestra responsabilidad seguir alzando la voz. No es lo correcto. No es lo legal. Y, sobre todo, no es lo que un Estado democrático debe permitir.

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