Opinión
El turno de los estudiantes por VICTOR OROZCO
| El turno de los estudiantes |
| Víctor Orozco |
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Por qué están los estudiantes contra Peña Nieto? ¿Cómo es que a Felipe Calderón no lo están atacando, según se ufana? Las respuestas están asociadas a una previsión: el candidato priísta representa hoy la amenaza real de la prolongación de un régimen durante el cual se han exacerbado la violencia, la pobreza, el desempleo. En sus programas económicos, laborales, de privilegios a las élites, relaciones con las mafias sindicales, con los acaparadores de los medios, entre otros temas, el PRI y el PAN se parecen tanto como dos gotas de agua, sin embargo, la candidata del último no se encuentra en la mira de la protesta social. Ello, a pesar de que se ubica en la línea directa de sucesión del gobierno actual y por tanto, le heredaría políticas, funcionarios, ideologías y desastres. Pero, está fuera de la jugada. Los estrategas panistas han sido incapaces de construir una candidatura creíble, con viabilidad. En su lugar han puesto en el ring a una personalidad débil y repetidora de lugares comunes, que actúa como ejecutiva de ventas, antes que como futura estadista. (¿La formación foxista?). Conforme se acerca el día de las elecciones su campaña desluce más y se empequeñece su figura, así que ¿tendría sentido un movimiento de oposición ciudadana dirigido a evitar que asumiera el poder el próximo 1 de diciembre?. No sería lógico.
Peña Nieto guarda por otra parte, otros dos poderosos distintivos para atraer la repulsa juvenil: Primero, es un personaje confeccionado a la medida de los medios de comunicación, acaparados por unos cuantos dueños, convertidos por arte y gracia de las concesiones estatales, en los grandes electores del país. Pocos están de acuerdo con esta usurpación de la voluntad ciudadana. Segundo, en un gobierno por él encabezado, es imposible no pensar en la restauración de la antidemocracia que caracterizó al priismo. El episodio detonador de esta protesta social protagonizada por los jóvenes, – la visita de Peña Nieto a la Universidad Iberoamericana y el repudio estudiantil-, develó la vieja cara del sistema aguantado durante décadas. De una parte, su presidente reaccionó a la manera de un político diazordacista: hay que buscar y castigar a los responsables del alboroto, apuntó. Luego, la TV y la prensa adicta (a los cochupos y canonjías) ocultaron o tergiversaron los hechos. El rostro que vimos millones de mexicanos no nos gustó: de pronto estaba allí, parado, contemplándonos, el añejo dinosaurio que regresaba por sus fueros, por su reinado pleno. Y los estudiantes, a quienes ya extrañábamos en la arena de la protesta social, le colocaron el cascabel al gato. Su movimiento, reviste particularidades claves si lo comparamos con otros del pasado. Uno, se despliega en la era del internet y dos, en tiempos de elecciones. Veamos la primera, machacada hasta la saciedad, pero por novedosa, siempre con aristas desconocidas. Cuando los periódicos de Mario Vázquez Raña cabecearon a ocho columnas informando sobre “el éxito” de la visita de Peña Nieto a la Ibero, o cuando Joaquín Coldwell atribuyó la repulsa a unos cuantos manipulados, todo mundo pudo contrastar estas versiones con los videos difundidos a la velocidad de la luz. Comparo estos hechos con acontecimientos del ya remoto pretérito. El 4 de octubre de 1968, nos encontrábamos los estudiantes de Chihuahua realizando un mitin frente al cine donde tomaría posesión el gobernador electo, cuya primera disposición fue pedir un aplauso de pie al presidente de la República por haber detenido la conjura. La entonces Cadena -en rigor, un grillete- García Valseca había informado de un ataque estudiantil contra efectivos del ejército y la aprehensión de un gran número de delincuentes y motineros en Tlatelolco ocurridos el día 2. Sabíamos de la mentira e increpábamos enrojecidos por el coraje: ¡Gobierno asesino! ¡Prensa vendida!. ¿Pero cómo podíamos contrarrestar la tosca manipulación de los hechos?. Recibíamos apresuradas llamadas telefónicas del D.F., leíamos entre líneas, acudíamos a los pocos periodistas disonantes con el coro de alabanzas, poníamos a funcionar los mimeógrafos, repartíamos volantes, hablábamos en los camiones, pintábamos paredes por las noches… y no podíamos hacer más. Frente a los estudiantes rebeldes, se alineaban en una trinchera sin fisuras: las organizaciones empresariales, la CTM, la CNC, la CNOP, los colegios de profesionistas, periódicos, radiodifusoras, noticieros televisivos, clubes sociales, cabildos municipales, asociaciones de padres de familia y sígale, todos comandados por el jefe supremo residente en Los Pinos. Ahora, “El desarrollo tecnológico vertiginoso en el mundo actual de la comunicación ha originado cambios profundos en la sociedad mundial contemporánea. La creación de las redes sociales, twitter y facebook, lograron generar formas de comunicación instantánea, individual y colectiva, que han contribuido a la transformación de la actividad política”, como lo expresa el documento semanal del Centro de Reflexión para la Elaboración de Alternativas de la UANL, (http://crea.sds.uanl.mx/). En efecto, la protesta estudiantil dispuso de instrumentos que en un par de días hicieron retroceder a los “informadores” y pusieron de rodillas al presidente del PRI. No es poca cosa. La otra peculiaridad de las luchas estudiantiles de hoy, es que no pueden disociarse del proceso electoral. Nacieron en medio del mismo y por el mismo. Están conectadas a una pugna por el poder político y a visiones sobre el uso del mismo. El párrafo inicial del documento leído el pasado jueves en la Estela de Luz, contiene una afirmación: “Creemos que la situación actual de miseria, desigualdad, pobreza y violencia sea resuelta”. Y se continúa con la que parece ser la demanda central: la apertura de los medios de comunicación, sobre todo de la TV. Ambas reivindicaciones son complementarias, pero reducirse a la segunda no da para calar hondo en las aspiraciones e intereses de las mayorías. “Yo Soy 132’’, puede detenerse un breve tiempo exigiendo a los medios información veraz, imparcial y objetiva, pero so pena de disolverse sin pena ni gloria, ha de tomar el toro por los cuernos, aprovechar con inteligencia la coyuntura electoral, para generar un amplio movimiento de masas con un proyecto igualitario, democrático, libertario, exigente de un cambio en el modelo económico, de un freno a los halcones que están convirtiendo al mexicano en un estado policiaco, de un alto a la corrupción. Puesto un programa de este corte frente a los candidatos, con cientos de miles de estudiantes en pié, estarían obligados a endosarlo, modificando la agenda electoral drásticamente. Se conformaría al mismo tiempo un garante para extender este compromiso a la próxima administración federal, así como al congreso. De esta suerte, las tareas de este movimiento en gestación son enormes, si pensamos en el descrédito de partidos e instituciones, en contraposición con su fuerza moral y en la simpatía generalizada que concitan sus integrantes. El punto está en la definición de los propósitos. Las experiencias enseñan que luchas o protestas sin objetivos definidos, acaba por ser fuegos de artificio, llamaradas de petate. Las próximas semanas sabremos si los estudiantes poseen la entereza y el talento necesarios para recoger los anhelos de transformación a la que aspiramos millones de mexicanos e inscribirlos en sus banderas. |
Opinión
La trampa de “las rentas justas” en la CDMX. Por Caleb Ordóñez T.
En la Ciudad de México hay jóvenes que trabajan para pagar un departamento en el que apenas tienen tiempo de dormir. Familias que destinan buena parte de sus ingresos a cuatro paredes. Personas que viven a dos horas de su empleo porque acercarse al centro se convirtió en un lujo.
La vivienda es uno de los grandes fracasos de la política urbana capitalina.
Y ahora el gobierno pretende resolverlo con otra ley.
Clara Brugada presentó una iniciativa que promete rentas justas, contratos regulados y protección contra abusos. Una propuesta que, vista desde el discurso político, parece irreprochable. ¿Quién podría estar en contra de que las personas paguen menos por vivir dignamente?

Caleb Ordoñez T.
El problema es que las buenas intenciones no construyen departamentos.
Y los decretos tampoco.
Las buenas intenciones también tienen consecuencias
La iniciativa contempla limitar aumentos conforme a la inflación, registrar obligatoriamente los contratos y aplicar multas de hasta 46 mil 924 pesos. También propone asesoría gratuita y mecanismos contra desalojos violentos.
Hay medidas necesarias. Los abusos inmobiliarios existen. Los desalojos arbitrarios también. Ninguna persona debería perder su hogar mediante amenazas o intimidaciones.
Pero legislar para corregir una injusticia no debería producir otra.
Pensemos en una jubilada que dedicó treinta años a pagar un pequeño departamento. Hoy lo renta para complementar una pensión insuficiente. No pertenece a ningún cártel inmobiliario. No especula con edificios enteros. Simplemente administra el patrimonio que consiguió trabajando.
¿Qué sucederá si las nuevas obligaciones, restricciones y sanciones hacen que prefiera retirar su propiedad del mercado?
Habrá una vivienda menos.
Y si otros propietarios toman decisiones semejantes, quienes terminarán compitiendo por los departamentos disponibles serán precisamente aquellos que la ley pretende proteger.
No es una consecuencia demostrada ni inevitable. Es un riesgo que el Congreso tiene la obligación de evaluar.
Porque una cosa es regular los abusos y otra, muy distinta, pretender administrar la escasez.
El problema tiene dimensiones profundas. Según el INEGI, en 2024 el ingreso promedio de los hogares urbanos capitalinos rondaba los 37 mil pesos mensuales. Un promedio que, además, oculta enormes desigualdades.
¿Cuánto debe ganar una familia para vivir cerca de su trabajo? ¿Cuánto tiempo de su vida debe sacrificar transportándose? ¿En qué momento tener una habitación propia dejó de ser una aspiración razonable?
Esas preguntas no se resuelven únicamente vigilando contratos.
Se resuelven construyendo vivienda, mejorando el transporte, acercando servicios y generando condiciones para que la ciudad pueda alojar a quienes la mantienen funcionando.
Brugada también promete ampliar la vivienda asequible. Bien. Pero esa debería ser una prioridad medible, no una promesa subordinada al entusiasmo por imponer nuevas reglas.
El gobierno también debe rendir cuentas
Hay otra contradicción.
Desde 2024 existen disposiciones para limitar incrementos de renta y registrar contratos. Antes de anunciar nuevas sanciones, sería conveniente conocer los resultados de las anteriores.
¿Cuántas familias se beneficiaron? ¿Cuántos abusos fueron sancionados? ¿Qué funcionó y qué fracasó?
El gobierno exige transparencia a los particulares, pero todavía debe ofrecer respuestas convincentes sobre la eficacia de sus propias medidas.
Y mientras tanto, el verdadero debate corre el riesgo de perderse entre consignas: propietarios contra inquilinos, mercado contra Estado, ricos contra pobres.
Una discusión tan cómoda para los políticos como inútil para quienes necesitan vivienda.
La propiedad privada merece certeza jurídica. Los inquilinos merecen protección. Y ambos necesitan un gobierno capaz de entender que sus derechos no son necesariamente enemigos.
La iniciativa todavía puede corregirse. Sería deseable que el Congreso escuchara más evidencia y menos discursos.
Porque el desafío no consiste en decidir quién tiene la culpa de que vivir en la capital resulte tan caro.
Consiste en reconocer quién tiene la responsabilidad de hacerla habitable.
Una ciudad no se vuelve más justa cuando el gobierno decide cuánto debe costar vivir en ella, sino cuando consigue que vivir en ella deje de ser un privilegio.
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