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México

El Z-40: la historia de un delincuente en ascenso

Miguel Ángel Treviño, alías el «Z-40», ascendió a la cabeza del cártel de «Los Zetas», luego de que en octubre de 2012, Heriberto Lazcano Lazcano, alías “El Lazca”, fue presuntamente abatido por elementos militares en Coahuila.

Su fecha de nacimiento se ubica entre 1970 y 1980, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y formó parte de una familia extensa con 12 hermanos.

Habría comenzado su carrera criminal en Dallas, Texas, donde pertenecería a la pandilla de Los Tejas, dedicada al robo y narcomenudeo.

En 1999 ingresó a las filas del Cártel del Golfo, entonces liderado por Osiel Cárdenas Guillén, capo de quien se ganó su confianza al grado de convertirse en jefe de plaza en Tamaulipas, bastión de dicho grupo delictivo.

Ya con la creación de “Los Zetas”, brazo armado del CDG, el Z-40 fue asignado a dicho grupo y bajo las órdenes del ex militar Arturo Guzmán Decena “Z-1”, se encargaron de realizar el “trabajo sucio” del Cártel del Golfo.

Más tarde se relacionó con Heriberto Lazcano Lazcano, alías “El Lazca”, quien tras el abatimiento de Guzmán Decena, se convirtió en líder de “Los Zetas”.

La relación entre “El Lazca” y el “Z-40”, lo llevó a ser nombrado en 2005 como jefe de plaza del CGD en Tamaulipas, momento en que comenzó a orquestar una serie de ataques que se caracterizaron por un alto grado de violencia.

Para 2006 fue acusado por Estados Unidos, donde autoridades de ese país giraron una orden de aprehensión en su contra por los delitos de tráfico de drogas, así como por doble homicidio en Texas.

Tras la extradición de Osiel Cárdenas a Estados Unidos en 2007, el “Z-40” y “El Lazca” decidieron separarse del CDG y erigirse como el Cártel de Los Zetas.

A partir de ese año, “Los Zetas” y el Cártel de Sinaloa iniciaron una lucha por controlar diversos territorios para el trasiego de droga, principalmente en los estados del norte.

Como parte de este conflicto, en agosto de 2011, una célula presuntamente bajo las órdenes del “Z-40” ingresaron al centro de apuestas Casino Royale de Monterrey, donde asesinaron a 52 personas.

Asimismo, se le implica, como autor intelectual, en la masacre de 44 reos y la fuga de 37 prisioneros del Centro de Reinserción Social de Apodaca, en febrero de 2012.

También en 2012, pero en el mes de octubre, el “Z-40” habría ordenado el asesinato del hijo de Humberto Moreira, ex gobernador de Coahuila, supuestamente en venganza por el abatimiento de Alejandro Treviño Chávez, sobrino de Treviño Morales.

Fuente: La silla rota

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México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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