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México

Emilio Lozoya también quiere beneficios para su familia

El acuerdo bajo el cual Emilio Lozoya Austin aceptó ser extraditado a México, no sólo lo beneficiaría sino que también podría ayudar a su familia, específicamente a su esposa, madre y hermana, a sortear las acusaciones que hay en su contra.

De acuerdo con Milenio, el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) tendría que alcanzar el criterio de oportunidad que dependerá de la valoración que haga la Fiscalía General de la República (FGR) sobre la información que proporcione.

El medio explica que en el caso del ex director de Pemex aplicaría la fracción V del artículo 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que señala: “Cuando el imputado aporte información esencial y eficaz para la persecución de un delito más grave del que se le imputa, y se comprometa a comparecer en juicio”.

También se aplicaría el artículo 257: “…se suspenderá el ejercicio de la acción penal, así como el plazo de la prescripción de la acción penal, hasta en tanto el imputado comparezca a rendir su testimonio en el procedimiento respecto del que aportó información”.

Entre las múltiples pruebas que Lozoya Austin asegura tener en sus manos, están 16 horas de video y grabaciones en donde políticos de la oposición recibirían millonarios sobornos a cambio de que se aprobara la Reforma Energética, la cual abrió el camino para la apertura del sector a la iniciativa privada.

Todo parece indicar que la figura jurídica bajo la cual Lozoya Austin participaría con las autoridades mexicanas es la de “testigo colaborador” la cual se establece en la Ley federal de protección para las personas que intervienen en el procedimiento penal, de la siguiente manera:

“Es la persona que accede voluntariamente a prestar ayuda eficaz a la autoridad investigadora, rindiendo al efecto su testimonio o aportando otros medios de prueba conducentes para investigar, procesar o sentenciar a otros sujetos.

“Podrá ser testigo colaborador, aquella persona que haya sido o sea integrante de la delincuencia organizada, de una asociación delictiva, o que pueda ser beneficiario de un criterio de oportunidad”.

El medio destaca que esto beneficiaría a su esposa, Marielle Helene Eckes, a su hermana, Gilda Susana y a su madre, Gilda Austin, quienes podrían acceder a convertirse en “personas protegidas” por este caso y en su momento podría ayudarles a acortar su proceso o reducir penas, con la finalidad de que tampoco lleguen a prisión.

Respecto a esta figura jurídica, la fracción X de Ley federal de protección para las personas que intervienen en el procedimiento penal, señala:

“Todo aquel individuo que pueda verse en situación de riesgo o peligro por su intervención en un procedimiento penal. Asimismo, dentro de dicho concepto se considerarán a las personas ligadas con vínculos de parentesco o afectivos con el testigo, víctima, ofendido o servidores públicos, que se vean en situación de riesgo o peligro por las actividades de aquellos en el proceso”.

Marielle Helene Eckes y Gilda Susana Lozoya Austin, cuentan con órdenes de aprehensión por el caso en contra del ex director de Pemex y actualmente están prófugas de la justicia.

De acuerdo con las autoridades, Marielle Helene Eckes se encuentra en Alemania, de donde es originaria.

En lo que respecta al caso de la madre de Emilio Lozoya, la señora Gilda Austin, es más sencillo, ya que aunque fue vinculada a proceso, por su edad (71 años), le fue impuesto arraigo domiciliario por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero.

Infobae

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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